MIGUEL BAHACHILLE M. | EL UNIVERSAL
Los progresistas privilegian el número y calidad de sus viviendas para determinar los índices de bienestar y desarrollo de sus respectivos países. No es un factor asumido caprichosamente. La tesis se sustenta en el principio que el arraigo del hombre al hábitat garantiza el progreso pues desde "la casa propia" se fomentan los valores éticos y afectivos propios; de la familia y su grupo. El régimen "revolucionario" que tanto vocifera de humanismo igualitario ha sido visiblemente ineficaz para fomentar la construcción de viviendas "en propiedad" para sectores medios y más desposeídos.
Los gobiernos de Medina Angarita (1941-1945) y Pérez Jiménez (1952-1958), conscientes de esa inaplazable necesidad, priorizaron proyectos habitacionales masivos para todos los estratos. Entonces el Estado, como es ahora, propietario de casi todas las tierras, las puso a disposición de empresas privadas y en conjunción se materializaron extraordinarios desarrollos. Las entidades estatales como El MOP, Inavi, Mindur, entre otras, indiscutibles escuelas de ingeniería y arquitectura, jugaron papel relevante para impulsar planes urbanos a gran escala.
Esa dinámica continuó con rigor a partir de 1958 cuando se crea la banca hipotecaria. Créditos a largo plazo incitaron la adquisición masiva de viviendas originando el más extraordinario ascenso social de Venezuela en más de un siglo. Por ejemplo, en el último año de la segunda administración de Rafael Caldera, por cierto sucedida por Chávez, con el precio del barril de petróleo a 7 dólares, se construyeron más de 100.000 unidades.
¿Qué ocurre hoy? Se confiscan suelos urbanos para que empresas extranjeras (como bielorrusas o chinas) levanten edificios bajo la fórmula Fast track sin respetar variables urbanas en lo que respecta a porcentajes de construcción y ubicación, densidad poblacional, servicios para dotación de agua, electricidad, estacionamientos, etc. Basta observar "el nuevo patrón arquitectónico" de la avenida Libertador, repetido en Caraballeda, Catia y en todo el país, para corroborar cómo la falta de planes orgánicos llevan irreductiblemente al caos urbano.
Más grave aún es que el ocupante precario de esas viviendas bajo "formato revolucionario", al estilo soviético por cierto ya abolido, jamás será propietario. No es posible otorgar legitimidad registral del inmueble si el vecino, en ocasiones ni el Estado, es propietario del suelo donde se levantan las torres. Sin la posesión legítima de la parcela es imposible elaborar el Documento de Condominio para determinar la propiedad individual y su alícuota, áreas comunes, fondos de mantenimiento y operatividad, etcétera.
Mientras el Parlamento se distrae con leyes como la de "Tierras Urbanas" para arremeter contra la industria privada mediante decretos y resoluciones, el hacinamiento se agudiza en los refugios, barrios y hasta en urbanizaciones. Es "normal" observar en las invasiones conjuradas hasta 3 grupos familiares cohabitando en 100 m2. Además de pervertirse la paz necesaria por carencia de servicios, esos centros se trasfiguran en incontrolados guetos de perturbación.
Elevados costos del suelo, carestía de materiales, corrupción, más el acoso contra el particular, han tendido un manto de sombra sobre la industria de la construcción. A las parejas jóvenes, y no tanto, les es imposible adquirir una vivienda. La dicotomía salario-inflación ha creado el más craso proceso de degradación social que confronta nuestra generación y, por lo que se ve, también generaciones sucesivas. La inflación no es un simple indicador económico; es un factor de perturbación que atenta contra la estabilidad familiar y el sosiego colectivo.
Barrio Tricolor, Misión Vivienda, Casas Dignas y tantas otras, son figuraciones que ya no seducen. Más de 300 planes de mejoramiento de barrios a lo largo de 15 años enseñan que no es asunto de nombres pomposos sino de atender con seriedad un drama real que inquieta a la mayoría. Ya basta de artificios semánticos. Hasta al prestidigitador más ecuménico se le acaban los trucos.
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@MiguelBM29
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