Marta Colomina / El Nacional

“La revolución es pacífica pero armada” fue amenaza repetida hasta la saciedad por Chávez y llevada a la práctica con el otorgamiento de privilegios económicos y ascensos a los militares y la creación de grupos armados por el gobierno, hoy “colectivos”, a los que se une una milicia, también armada, cuyo objetivo es la defensa de la “revolución” que “llegó para quedarse”como también repetía Chávez y ahora Maduro. El Plan Bolívar 2000, que apenas daba una pinturita a escuelas derruidas y pasaba facturas como si las hubieran reconstruido, fue señuelo que conquistó el favor de muchos militares que no fueron investigados sobre el destino de los miles de millones “gastados” en obras nunca hechas o con escandalosos sobreprecios. Ese plan produjo adhesiones castrenses hasta su conversión en el partido armado del régimen. El financiamiento de su última elección, ya Chávez enfermo con cáncer terminal, exacerbó el abuso de recursos públicos y mañas electoreras y posteriormente enormes violaciones avaladas por un TSJ al servicio del régimen, que le permitieron a Maduro ser candidato presidencial y vicepresidente en ejercicio con acceso a todos los recursos del Estado, incluida la negativa del CNE de realizar una auditoria exhaustiva de los resultados electorales que dieron “ganador” a Maduro (las aberraciones siguen siendo tales que la ex ministra de propaganda del régimen está postulada para ser magistrado del TSJ).

Con la agudización de la crisis a pesar de los enormes recursos petroleros recibidos en estos 15 años (superiores a la sumatoria de los ingresos de todos los gobiernos democráticos juntos) y el rechazo popular cercano al 80%, Maduro privilegia abusivamente a militares y paramilitares armados, sobre cuya capacidad de fuego descansa hoy su permanencia en el poder, mientras el resto del país sufre enormes penurias por la escasez de alimentos y medicinas e inflación de las más altas del mundo. No es solo el aumento salarial de 45% que casi triplica al del salario mínimo, sino que Maduro crea un generalato masivo (en la GNB hay cerca de 200 generales cuando tradicionalmente eran 8), a quienes da cargos que no están en la nomenclatura militar ni civil, esta última inundada también por militares. A pesar de la sequía de divisas y un presupuesto muy superior a los ingresos (con petróleo este viernes a 70 dólares y dólar negro a 119 bolívares), Maduro crea numerosas “empresas militares” con créditos adicionales (es decir, con más deuda), como AgroFanb, BanFanb, EmcoFanb, TVFanb y Tiuna FM, de transporte Emiltra y ConstruFanb, que constituyen la “Zona Económica Militar Socialista”. Los créditos para estos mirlos verdes suma miles de millones y “no rinden cuentas de su gestión” (El Nacional 12-11-14). Maduro no investiga sobre cosas tan graves como la reciente denuncia del general de la Aviación, Manuel Andara, quien señala que “militares activos queman evidencias penales de vuelos de la droga”, lo que hace que tal impunidad facilite que Venezuela se consolide como trampolín de la droga” (…) Generalmente —añade Andara— los aviones son destruidos antes de que los investigadores del Cicpc intervengan”. (El Nacional 03-11-14). Tampoco se sabe a qué manos pasan las armas robadas en cuarteles militares y policiales, ni se explica por qué el asesinado diputado Serra tenía en su poder dos fusiles de guerra, o por qué la niñera de Jaua llevaba en su maleta a Brasil una pistola, ni las razones de la abrupta salida del general Rodríguez Torres del Ministerio del Interior, después que ordenase el desarme de los “colectivos” y el asalto al grupo 5 de Marzo, en el que murieron 5 de sus miembros. Se cree que Maduro está presionado por los “colectivos” que se niegan a ser desarmados y por los militares que ven su poder amenazado por la protección que el gobierno da a estos grupos.

Todos recordamos las imágenes de los grupos del 23 de Enero con armas de guerra y la cacería que emprenden los motorizados armados hasta los dientes y pagados por organismos oficiales, contra estudiantes y testigos de mesas electorales. Estos días los “colectivos” armados y cuadros del PSUV reciben su “Dakacito” navideño, como editorializase magistralmente El Nacional (12-11-14). Por la noche comienzan a vibrar sus celulares (smartphones de alta gama) indicando los comercios que van a ser fiscalizados (léase arruinados) para que comiencen los rojitos a copar las colas de las “rebajas” que luego serán sobrevendidas 5 veces más caras..

Si observamos con horror las 11 muertes del Guárico a manos de la banda el Picure enfrentada a la banda de Juvenal, o los 8 asesinatos en la masacre del Catatumbo, en el Zulia, entre los narcos Rastrojos y los Urabeños, o las muertes de funcionarios para robarles su arma y los más de 25.000 homicidios al finalizar este año, llegamos a la conclusión de que muchas de las armas oficiales en Venezuela y la mal llamada justicia están para perseguir a la disidencia, cometer delitos y sostener en el poder a quien el pueblo rechaza masivamente.

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