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domingo, 22 de abril de 2018

¿Qué dicen las encuestas sobre la situación política en Venezuela?. Por Eugenio Martínez


Por Eugenio G. Martínez | Prodavinci

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, Saúl Cabrera, socio-director de Consultores 21, y Félix Seijas, director de Delphos, presentaron los resultados de sus encuestas en el foro organizado por Ecoanalítica el 12 de abril de 2019.

Desesperanza por el futuro, dudas sobre participar el 20 de mayo aumentando la probabilidad de triunfo de Nicolás Maduro, pérdida de la credibilidad en los liderazgos políticos y ausencia de explicaciones claras sobre la estrategia que debe asumirse después de las elecciones presidenciales fueron algunos de los temas que discutieron los encuestadores.

¿Existen venezolanos optimistas sobre el futuro?

Según Cabrera, en la medición que la empresa realiza sobre el estado de ánimo de los ciudadanos, se evidencia que desde la toma de posesión de Maduro (abril de 2013) la percepción del clima de la nación ha caído hasta su mínimo histórico. De acuerdo a este estudio, ocho de cada diez personas creen que el país va mal y que este año es peor que el anterior. Éste es el indicador más bajo que ha registrado la firma en 20 años. Sólo durante los años 2002-2003 se experimentó una percepción similar, aunque tal percepción mejoró sostenidamente desde el referendo revocatorio presidencial del año 2004 y se mantuvo estable (en valores positivos) hasta la muerte del presidente Chávez.

En este momento, la desesperanza es el común denominador del venezolano: el 69% de los ciudadanos dicen estar enojados, desilusionados, angustiados, desesperados o asustados, mientras que apenas el 29% describe su estado de ánimo positivamente diciendo que son optimistas o que están agradecidos, tranquilos, entusiasmados o satisfechos.

En su exposición, Cabrera explicó que ocho de cada diez venezolanos piensan que su situación económica y la de su familia, así como la del país, es mala, y que ha empeorado en comparación al año anterior.

Incluso, las perspectivas a futuro no son alentadoras. Más de la mitad de los ciudadanos cree que la situación empeorará en los próximos seis meses. En este sentido, Cabrera destacó que el 71% de los ciudadanos descarta que la crisis económica (el principal problema personal y del país) pueda resolverse.

Los datos del director de Delphos no difieren de los presentados por Cabrera. Según Félix Seijas, el 85% de los venezolanos considera que la situación es negativa, mientras que en el grupo que la describe positivamente, el 12% dice que la situación es sólo “regular hacia buena” (el grupo que describe la situación del país positivamente está constituido en su mayoría por quienes se dicen chavistas).

¿Cómo se pueden resolver los problemas del país?

De acuerdo con Consultores 21, ocho de cada diez venezolanos piensan que la situación es lo suficientemente grave como para que el gobierno acepte la ayuda humanitaria que han ofrecido otros países. Los datos de Cabrera reafirman que los ciudadanos están convencidos de que en el país existe una emergencia humanitaria: la mitad de los venezolanos declara que no pueden pagar los alimentos, aún cuando los consigan.

Además, cuatro de cada diez ciudadanos sostienen que comen menos de tres veces al día, mientras que nueve de cada diez aseguran que no logran conseguir los medicamentos o insumos que necesitan. Por otra parte, en los datos de Delphos se concluye que el 45% de los venezolanos comen sólo dos veces al día, mientras que el 10% reconoce que lo hace sólo una vez por día.

¿Quién es el responsable de los problemas?

Según los datos de Consultores 21, dos tercios de la población piensa que la causa de la crisis económica es la mala gestión del Gobierno. En su exposición, Cabrera aseguró que siete de cada diez venezolanos evalúa negativamente la gestión del presidente Maduro. La región que peor describe la gestión del jefe de Estado es la central, donde ocho de cada diez personas la evalúan como mala, mientras que la región capital es donde Maduro sale mejor posicionado, al ser su gestión valorada positivamente por cuatro de cada diez personas. La mala gestión de Maduro alienta a que el 73% de los venezolanos piense que se necesitan nuevos liderazgos en el país.

Según los datos presentados por el director de Deplhos, entre el presidente Maduro y el sistema de gobierno suman el 65% de los señalamientos como causantes del colapso del país. En este grupo se encuentra un 90% de opositores y un 70% de independientes.

¿Chávez versus Maduro?

En su intervención, Luis Vicente León explicó que este año ha comenzado la “madurización” de la Revolución, en un intento del presidente por alejarse del peso del recuerdo de Chávez. León aseguró que la pérdida de popularidad de Maduro (desde 2013) es mucho mayor a la pérdida de popularidad de Chávez.

Aún hoy, casi la mitad del país valora positivamente la gestión que tuvo Chávez, mientras que sólo el 25% respalda la gestión de Maduro. La “madurización” implicaría más radicalización política, aumento de la represión y reducción de las pocas garantías democráticas que se mantienen en el país, según León.

Los números de Seijas agregan argumentos a la necesidad de Maduro de marcar distancia del recuerdo de Chávez. El 42% de los venezolanos dice que con Chávez se vivía mejor y sus períodos de gobierno representan los referentes de “normalidad” para un sector relevante de la población, mientras que un 43% asegura que la calidad de vida era superior antes de la llegada de Chávez al poder. Apenas un 5% sostiene que con Maduro se vive mejor.

¿Avanza el control social a través del Carnet de la Patria?

Siete de cada diez venezolanos dicen tener el Carnet de la Patria según los estudios de Consultores 21. A través de este mecanismo, cuatro de cada diez dicen recibir ayudas económicas (a través de los distintos bonos que otorga Maduro) y tres de cada diez sostienen que reciben regularmente las cajas CLAP.

¿Se quiere ir el venezolano?

Este punto fue abordado ampliamente en la exposición del director de Datanálisis, Luis Vicente León. El 34,7% de los ciudadanos sostiene que ha considerado marcharse de Venezuela. En este grupo se incluye un 10% que se dice chavista, un 34% que se califica como independiente y un 53% opositor.

Aunque manifestar el deseo de marcharse no implique concretar el trámite, León recuerda que después del 20 de mayo puede observarse la tercera ola migratoria de los últimos 20 años. La primera ocurrió al inicio del gobierno de Chávez y consistió en su mayoría en inversionistas y tenedores de capital. La segunda ola migratoria se presentó después del referendo revocatorio del año 2004, constituida en su mayoría por profesionales y ciudadanos que aportan al PIB, mientras que este año se producirá la salida de quienes integran la base de la pirámide social del país y están dispuestos a salir “por donde sea y como sea”.

Según León, el 7% de la población emigró en los últimos 20 años, mientras que se estima que en los próximos tres años intentará abandonar el país entre el 15% y el 20% de la población, lo que pudiese generar un impacto entre el 3% y 5% del PIB.

¿La gente quiere votar?

Según Saúl Cabrera (Consultores 21), la necesidad de un cambio de gobierno la comparte la mayoría de la población en una relación 2 a 1 porque entiende que es un requisito indispensable para cambiar su situación económica.

Además, los ciudadanos aspiran a que este cambio ocurra rápidamente, aunque no tienen claridad acerca de la vía para lograrlo. Según los datos de Consultores 21, para la mayor parte de los ciudadanos lo menos traumático sería que Maduro renunciara (el 70% lo avala), pero ante la dificultad de esta opción la gente pide que las diferencias se diriman democráticamente.

“En democracia, esa mayoría generaría un cambio en cualquier país del mundo”, sostiene Cabrera. No obstante, “el caso venezolanos es distinto”.

Para desarrollar su argumento, Cabrera explica que siete de cada diez venezolanos piensan que es mejor votar que abstenerse y no están de acuerdo con que se llame a la abstención en las elecciones. Sin embargo, cuatro de cada diez electores sostienen que el fracaso en las elecciones regionales se debió a un fraude del CNE.

Si sólo se analiza la opinión de quienes se dicen opositores (los que menos están dispuestos a participar) destacan los siguientes números:

  • Nueve de cada diez opositores no confían en que el actual CNE garantice elecciones libres.
  • Ocho de cada diez opositores creen que “dictadura no sale con votos”.
  • Tres cuartas partes creen que el voto sólo funcionará si se acompaña con protestas de calle.
  • Dos tercios de los opositores aseguran que seguirán votando aunque les hagan trampa.

¿Falcón está ganando en las encuestas?

La conclusión básica de Cabrera, Seijas y León es que en una elección sin barreras, con el actual entorno de opinión pública, un aspirante opositor de unidad debería obtener la mayoría de los votos. Aunque admiten que después comenzaría el debate sobre si es suficiente o no obtener la mayoría de los votos para que se reconozca el triunfo.

No obstante, para un sector muy importante de los ciudadanos, no existen las condiciones mínimas para que la elección sea percibida como justa y condicionan el análisis sobre la disposición a votar y las probabilidades de triunfo de quienes adversan al jefe de Estado.

Según los datos de Consultores 21, si se considera la opinión de todos los electores potenciales (sin discriminar por su intención a participar), un candidato de unidad opositor (Cabrera no presentó datos donde se mencionara específicamente a Falcón) obtendría un 55% de los votos, mientras que Maduro obtendría el 30%. Una diferencia de 25 puntos porcentuales. No obstante, ése no es el escenario más probable en este momento, marcado por la percepción o dudas que genera el sistema electoral.

En unas elecciones donde la mayoría de los electores se consideren confiables, la participación pudiese ser superior al 63% de los electores inscritos. En este escenario, un candidato opositor obtendría el 50% de los votos y el aspirante oficialista capitalizaría el 35%. Una diferencia de 15 puntos porcentuales.

Sin embargo, el proceso del 20 de mayo no es percibido como confiable por buena parte de los opositores e independientes. En este sentido, si sólo se considera la opinión del 36% que dice estar en este momento muy dispuesto a votar (mayoritariamente quienes se dicen chavistas), el candidato oficialista tendría el 56% de los votos y el aspirante de oposición capitalizaría el 41%.

Esta ventaja pudiese ser superable si la mayoría de quienes dudan en participar cambian su percepción. En este sentido, Cabrera sostiene que el 72% del segmento que no quiere votar, si decidiese participar, pudiese apoyar a un candidato opositor.

Al igual que Cabrera, el director de Delphos afirma que en una elección sin barreras competitivas, en un escenario polarizado, con sólo el 20% de abstención y considerando la opinión de todos los votantes potenciales, un candidato de unidad de la oposición (no mencionó directamente a Henri Falcón) capitalizaría el 66% de los votos, mientras que un aspirante oficialista sólo lograría el respaldo de un 33% de los electores.

Sin embargo, Seijas recalca que para que este escenario exista, deben vencerse dos barreras fundamentales entre los votantes opositores e independientes: 1) la desconfianza en el poder del voto y las condiciones electorales y 2) la desconfianza en el liderazgo opositor.

Si se pregunta a los ciudadanos si vale la pena votar con el actual CNE (sin cambios en las condiciones), sólo el 45% responde afirmativamente.

Por otra parte, Seijas explica que es necesario vencer las dos estrategias básicas del Gobierno para ganar: presión a los dependientes de las ayudas sociales, especialmente las bolsas CLAP, promoción de la abstención opositora generando frustración en los votantes, percepción de que el voto no tiene valor, imagen del liderazgo opositor y abstención mecánica (cierre de centros, fallas de máquinas, etc.).

Según Seijas, en este momento las barreras que rodean a la elección provocan que sólo esté muy seguro de votar el 51,4% de los electores. Entre este grupo, Falcón pudiese obtener el 30% de los votos, mientras que Maduro alcanzaría el 42%. En tal escenario, el pastor Javier Bertucci capitalizaría el 12% de los sufragios.

Según el director de Delphos, si Falcón logra generar una percepción real de triunfo, la mayoría de los votos de Bertucci pudiesen migrar a él colocando la proyección (de un evento sin condiciones) en empate técnico. La duda en este escenario es la capacidad de Falcón y su comando para reclamar el triunfo.

Para Seijas la verdadera batalla sobre el 20 de mayo gira en torno a la “legitimación o deslegitimación del bloque de poder”. Y esta batalla pasa por los resultados de participación que anuncie el CNE.

Para Luis Vicente Léon, la disyuntiva entre votar o no constituye “un falso dilema”, porque lo relevante es la unidad y la estrategia en torno a la decisión de participar o no. En su exposición, sostuvo que ninguno de los dos grupos en que se divide la oposición ha sabido explicar cuál es su hoja de ruta después de los comicios del 20 de mayo.

Aunque León reconoce que la acción internacional es la única amenaza que tiene la oposición frente al Gobierno venezolano, lamentó que “sólo se juega a esto” y descartó que Maduro sea legitimado como mandatario por la participación de la oposición. Así mismo, recordó que independientemente de lo que ocurra en la elección, el riesgo de implosión en el oficialismo es inminente.

Para el director de Datanálisis, “el 75 % de la oposición quiere cambio de presidente, pero una buena parte de ese grupo no quiere votar y eso afecta a la opción Falcón. Si la gente vota en estas elecciones, el candidato de oposición podría ganar”.

En su exposición recordó que la popularidad de Maduro sigue oscilando entre un 20% y un 25% (la mitad que tenía en 2013), y aunque exhibe mejores números que Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia) o Enrique Peña Nieto (México), en este escenario es impensable que gane una elección normal, “salvo que la oposición no vote, o que la elección no sea competitiva”: dos variables que en este momento están coincidiendo y provocan que entre los electores muy dispuestos a votar no existan diferencias significativas entre la intención de votar por Falcón o por Maduro.

A pesar de la percepción mayoritaria de falta de condiciones, León descarta que Falcón retire su candidatura (como prometió al momento de inscribirse) “porque él ganará, incluso perdiendo la elección”.


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miércoles, 2 de agosto de 2017

Un análisis de la declaración de Smartmatic sobre los resultados de la Constituyente. Por Eugenio Martínez


Por Eugenio G. Martínez | Prodavinci

El comunicado de Smartmatic sobre los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la votación de la Asamblea Nacional Constituyente revela que existen dos niveles de manipulación de los resultados:

1. Al momento de leer el boletín, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, agregó al menos un millón de votos al total de participación registrado por el sistema la noche del domingo 30 de julio. Lucena dijo que sufragaron 8.089.320 de venezolanos. El anuncio fue avalado por las rectoras Sandra Oblitas, Tania D’Amelio y Socorro Hernández. El rector Luis Emilio Rondón indicó por Twitter que no acudió a la divulgación de resultados por la “inconstitucionalidad del proceso”. Según datos preliminares manejados por técnicos de la Junta Nacional Electoral, el primer boletín oscilaba entre 6.750.000 electores y 6.900.000.

2. Tradicionalmente se habilitaban 42 mil mesas de votación. Al concentrar a los electores en 24 mil mesas en esta elección, el Sistema de Autenticación Integral facilitó la posibilidad de voto doble o de usurpación de identidad. En este momento es imposible cuantificar la magnitud de estas irregularidades, pero esos votos están en el boletín de totalización. La decisión de disminuir la cantidad de mesas de votación se tomó antes de las denuncias de violencia en algunos centros electorales. Al momento de publicarse este texto, el CNE no había divulgado los resultados por centro electoral, ni por mesa de votación.

Otro tema pendiente se refiere al voto nulo. Es muy complicado determinar la cantidad de personas que votaron obligadas o con presiones para no perder el empleo o algún beneficio social. No obstante, aunque el total de votos en blanco (nulos) puede servir para estimar la magnitud del efecto de la coerción sobre beneficiarios del carnet de la patria y empleados públicos, hasta la fecha de divulgación de este análisis el CNE no había divulgado los detalles del voto en blanco.

A partir del comunicado de Smartmatic surgen preguntas clave sobre la elección de los miembros a la Asamblea Constituyente:

¿Se puede determinar la magnitud del voto doble y de la usurpación de identidad?

Para precisar el número de personas que participaron en la consulta del 30 de julio que realizarse, al menos, dos auditorías al sistema: primero, una auditoría al boletín de totalización comparándolo con las actas de escrutinio de las 24 mil mesas de votación. En segundo lugar, una auditoría de no duplicidad de huellas. Pero los precedentes de este tipo de auditorías son poco satisfactorios. En 2013, el CNE tardó más de seis meses en auditar las huellas de los votantes que participaron en la elección presidencial. El resultado de esta auditoría nunca se divulgó. En abril de 2014 se conocieron los preliminares de esta revisión por una filtración que hizo la Unasur que fue reseñada por el Centro Carter.

Si la oposición hubiese participado, ¿se evitaba la manipulación?

La participación de la oposición hubiese garantizado que se realizaran las 14 auditorías al sistema que el CNE no aplicó esta vez, así como la presencia de testigos en la mayoría de las mesas. En este momento no hay información disponible al respecto. Si Lucena hubiese anunciado datos distintos a los que contenía el primer boletín, la oposición lo hubiera detectado de inmediato y no habrían transcurrido 48 horas para tener evidencia de la manipulación.

Simpatizantes del gobierno alegan que Smartmatic no tiene acceso al boletín de resultados.
¿Cómo pueden saber que el CNE aumentó los datos de participación?

En condiciones normales, Smartmatic tiene acceso a la información que transmiten las máquinas de votación al centro nacional de totalización. Luego se verifica que las actas de cada mesa sean legítimas y se genera una base de datos de “actas verificadas” que pasa a totalización. Smartmatic no tiene acceso a este paso, que depende de los técnicos del CNE y el rector Carlos Quintero.

Sin embargo, el acceso que tiene Smartmatic le permite cotejar la información suministrada por Lucena. La empresa solicitó realizar varias auditorías sobre los resultados anunciados pero la petición no fue aceptada. Técnicos de la Junta Nacional Electoral sostienen que el lunes en la mañana se restringió el acceso de Smartmatic a la información de la elección.

Smartmatic trabaja en Venezuela desde 2003, cuando ganó la licitación para automatizar la votación del referendo revocatorio contra Hugo Chávez. En ese momento compitió contra las empresas Cantv, Bizta, Indra, Diebold y Tecosa.

A partir de 2004 se ha utilizado la plataforma de Smartmatic en todos los procesos electorales. Entre 2006 y 2015 la oposición venezolana avaló y certificó todos los resultados que se generaron a través de esta plataforma.

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martes, 25 de julio de 2017

Las dos formas de votar en blanco “nulo” en la Constituyente. Por Eugenio Martínez


Por Eugenio G. Martínez | Prodavinci

Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) dificultó la posibilidad de votar en blanco o “nulo” para la elección de los delegados a la Asamblea Nacional Constituyente, los ciudadanos que se vean obligados a acudir a este proceso aún tienen 2 procedimientos para no dar su voto a alguno de los candidatos o listas de aspirantes.

 

Opción 1

Esta opción es la más sencilla, pero a la vez es muy evidente. En un proceso en que la mayoría de los miembros de mesa pudiesen ser activistas del Psuv esta seguramente no será el procedimiento más indicado para burlar la presión por votar.
No obstante, el procedimiento es el siguiente: Cuando se le notifique al elector que puede votar, se deben esperar tres (3) minutos sin seleccionar alguna opción en la pantalla de la máquina. Transcurrido este tiempo (3 minutos) la máquina emitirá un recibo que reflejará la palabra “Nulo”.
Este procedimiento permite que todos los votos que deba emitir el ciudadano (territorial y sectorial) se registren como “Nulo”. Es importante tener en cuenta que a la mitad del tiempo (1 min 30 seg.) la máquina emitirá un sonido para indicarle al elector que no ha ejecutado ninguna acción en la máquina. Este sonido no debe interpretarse como la emisión del voto nulo.

Opción 2:

Este preceso es menos evidente para los miembros de mesa y testigos del Psuv, pero su ejecución es mucho más compleja. Cuando se le notifique al elector que puede votar, el ciudadano debe presionar en la pantalla de la máquina cualquier opción de votación (en esta elección se votará en la mayoría de los casos por un número y no por un nombre y apellido). Al seleccionar una opción aparecerá en la parte inferior el botón “votar” (no se observará mientras no se realice alguna selección).
Acto seguido el elector debe volver a presionar sobre el candidato (número) que seleccionó previamente, para deseleccionar esta opción. Al dejar la pantalla sin selección presionará el botón “votar” y automáticamente aparecerá el siguiente mensaje: “Usted no ha seleccionado ninguna opción”, y al lado el botón “Regresar”.
En este caso se debe seleccione el botón regresar y el proceso de seleccionar/deselecionar y presionar votar debe repetirse dos veces más. La tercera vez que usted presione el botón “votar” sin seleccionar algún candidato, la máquina imprimirá un comprobante que indicará voto “Nulo”. Al realizar estos tres intentos con la elección territorial, la segunda elección (la sectorial) también se registrará con voto “Nulo” – Así su comprobante será: Nulo (elección territorial) , “Nulo” (elección sectorial)


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lunes, 17 de julio de 2017

Sobre los votos en la consulta popular. Por Eugenio Martínez


Por Eugenio G. Martínez | Prodavinci

La consulta popular celebrada el 16 de julio fue un evento histórico: no solo por su forma de organización, sino por la simbología política que tendrá en el corto y mediano plazo. Al tratarse de un evento inédito en el país, no existen parámetros de comparación específicos, aunque sí se pueden utilizar algunos hitos de participación y votación pasados para tratar de explicar la abrumadora presencia de venezolanos que acudieron a expresar su opinión.

Sin embargo, el evento de ayer debe verse desde una perspectiva política más amplia que solamente la frialdad de los números. El domingo 16 de julio no se celebró una elección, sino que ocurrió una gigantesca protesta ciudadana dentro y fuera del país.

Como ha ocurrido en otros eventos, la opinión pública puso en las cifras de participación unas expectativas imposibles de cumplir y eso probablemente explique que algunos ciudadanos piensen que la cifra de 7. 186.170 votos con 95% de las actas escrutadas es baja.

En poco más de 15 días se lograron desplegar y habilitar en el país 2.029 puntos soberanos, que albergaban 14.303 mesas de votación. En cada mesa de votación se calculó una votación promedio de 640 personas. Esto significa que dentro de Venezuela la participación máxima que esperaban los organizadores era de 9.153.920 ciudadanos. A pesar de las restricciones que impuso la capacidad instalada, no pocos políticos de oposición afirmaron que se lograría la cifra de 14 millones y, algunos, más conservadores dijeron que acudirían entre 10 y 11 millones.

El segundo dato a tomar en cuenta para la valoración debe ser el aval que los ciudadanos le otorgaban a la consulta. Según un estudio difundido por la firma Datincorp el viernes 14 de julio, 55% de los venezolanos en edad de votar (aproximadamente 11 millones de ciudadanos) avalaban la iniciativa convocada por la Asamblea Nacional: 84% de los opositores estaban de acuerdo con la consulta. La cifra disminuye a 47% cuando se trata de los independientes, mientras que sólo el 10% de los chavistas avalaba la consulta.

Resulta evidente que el aval no implica disposición a votar. Según Datincorp, 44% de los venezolanos (8 millones de personas), estaban dispuestos a participar mientras que Datanálisis aseguraba que podían acudir máximo 7.5 millones de venezolanos. Con este panorama, un proceso inédito con escasa infraestructura, se generó la protesta del 16 de julio.

¿Se podrá comparar la consulta del 16 de julio con la elección de la Constituyente?

Al día de hoy es casi seguro que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ofrecerá datos de participación y abstención en la elección de la Constituyente. Al no participar la oposición en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la posibilidad de acceder a la información y a la cantidad de electores que acudan a sufragar en el ámbito territorial es reducida. No obstante, lo relevante de la consulta popular no será el número definitivo de quienes participaron sino la conducción política que la oposición le otorgue a la protesta en las próximas dos semanas.

¿Más votos que Maduro?

La consulta popular fue un evento inédito: no existen precedentes para compararlo. Sin embargo existen hitos de participación que se han usado para tratar de colocar en contexto la cifra anunciada en la madrugada del lunes 17 de julio. Nicolás Maduro fue electo presidente en 2013 con el voto de 7.587.780 venezolanos (50,61% de los votos validos), mientras en 2015 la oposición aglutinó el respaldo de 7.707.442 de electores en las elecciones parlamentarias (56% de los votos válidos).

En las redes sociales ya se ha explicado abiertamente la diferencia organizativa entre esos eventos y la consulta popular. Por ejemplo, en las elecciones parlamentarias se habilitaron 14.515 centros de votación y 40.601 mesas, siete veces más infraestructura que la empleada para la consulta popular.

No obstante, la principal diferencia entre los procesos no radica en la infraestructura electoral, sino en el secreto del voto. El triunfo de la oposición en el año 2015 contó con el voto de electores quienes, amparados por el secreto del acto electoral, decidieron sufragar nulo o votar en contra del chavismo: 98% de quienes sufragaron lo hicieron en contra de Maduro. El riesgo de ser identificado probablemente desanimó a muchos electores a participar en la consulta.

El referendo de 1999, llevado a cabo con el fin de aprobar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es el evento más parecido (en infraestructura) a la consulta popular celebrada, especialmente porque en ese momento se disponía de 8.403 centros de votación y 20.281 mesas de votación.

En ese referendo 3.516.558 personas votaron avalando la convocatoria de la ANC (92,37% de los votos válidos), y 290.534 (7,63%) votaron en contra, 191.520 votaron nulo y 7.023.429 se abstuvieron. En esa oportunidad el padrón de votantes era de 11.022.031 personas. En otras palabras se puede decir que solo 31% de los venezolanos avalaron la ANC de Chávez.

En este momento el último corte del Registro Electoral (auditado) indica que existen 19.180.465 electores habilitados para sufragar, si se parte de la premisa de que todos los que participaron en la consulta popular están inscritos (lo que es incierto, especialmente por el voto en el exterior). En consecuencia, 37,4% de los venezolanos están en contra de la consulta popular. A partir de este punto se puede hacer interminables cálculos para demostrar que la participación fue mayor o menor que la registrada en anteriores elecciones. No obstante, esta comparación puede ser inadecuada porque el evento del domingo, como se ha indicado anteriormente, no era una elección o un referendo. Fue un evento político de otra naturaleza, que dibuja la hoja de ruta de la oposición en el mediano plazo. La clave no será el número total de participantes (con el 5% que falta por contarse se puede llegar a 7.5 millones de participantes) sino la conducción política que reciba ese grupo de ciudadanos, y quienes no participaron pero rechazan la ANC de Maduro.

El decisivo voto en el exterior

Formalmente el CNE solo reconoce en el exterior a 110 mil electores inscritos. La participación de ayer (693.789 venezolanos) refleja perfectamente la magnitud de la emigración y el impacto que podrían tener esos votos en una próxima elección en Venezuela y, además, demuestra lo estratégica que es la Ley Electoral aprobada en el año 2009, que niega o limita el derecho de estos ciudadanos a participar en las elecciones.

En la elección presidencial del año 2013 la diferencia oficial entre Maduro y Henrique Capriles Radonski fue de 223.599 votos. En ese proceso estaban habilitados para sufragar en el exterior apenas 100.495 venezolanos. 60.832 de estos logró votar, de los cuales sólo el 7% (4.509) lo hizo a favor de Maduro.

Al analizar la participación en el exterior, no se debe olvidar que solo en el sur de La Florida, de Estado Unidos, acudieron a votar 115.519 venezolanos. En 2013 en esta jurisdicción nadie puede ejercer el derecho al voto por la orden del Ejecutivo Nacional de cerrar el consulado ubicado en la ciudad de Miami; tampoco se puede desestimar en España que el CNE solo reconoce a 23 mil electores (cuando ayer participaron 91.985 ciudadanos) o que se acabaron las boletas de participación en Argentina y Chile.

Si todos los venezolanos que se encuentran en el exterior hubiesen podido votar, en la presidencial de 2013 la diferencia y el resultado experimentaría una variación significativa. No obstante, mientras prevalezca la Ley Electoral del PSUV, en su mayoría estos ciudadanos solo podrán participar en algún evento electoral organizado por el CNE si ejercen su derecho al voto en Venezuela.

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martes, 23 de mayo de 2017

5 preguntas y respuestas claves sobre las bases comiciales de la constituyente. Por Eugenio Martínez


Por Eugenio G. Martínez | Prodavinci

Obviando el debate constitucional sobre el irrespeto al artículo 347, 348 y 349 de la Constitución al confundirse “iniciativa” con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente o al imponerle la “agenda” a esta instancia, en las bases comiciales entregadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) el chavismo plantea un competitividad ficticia, aspirando a que la oposición se divida al debatir si participa o no en esta elección.

Inicialmente solo se puede analizar lo que será la elección de los 364 constituyentes regionales, porque la elección de ocho constituyentes indígenas y 168 constituyentes por sectores es imposible de evaluar porque será el Ejecutivo Nacional el que se encargue de construir el padrón de votación.

¿La oposición no puede arrasar en la elección municipal de los Constituyentes?

El diseño de las bases comiciales intenta sobrerrepresentar al chavismo, dándole más valor a sus votantes y quitándole opciones a la oposición en las zonas en donde podría obtener la mayoría de los votos.

De entrada, Maduro propone elegir un (1) constituyente por cada municipio del país (salvo en los municipios capitales de estado en donde se escogerán dos constituyentes por lista y por distribución proporcional). Eso significa elegir 312 constituyentes por nombre y apellido.

El siguiente ejemplo puede ilustrar lo que persigue el chavismo al sobrerrepresentar a las zonas rurales: los 253.004 electores inscritos en el municipio Baruta del estado Miranda elegirán a un constituyente, al igual que los 8.755 electores inscritos en el municipio Pedernales del estado Delta Amacuro.

Por otra parte, Maduro propone dos constituyentes para los municipios que son capitales de estado. Sin embargo, en este caso no plantea una elección uninominal (por nombre y apellido), sino una elección por lista, por representación proporcional. Esto significa, por citar un ejemplo, que los 945.153 electores inscritos en el municipio Maracaibo del estado Zulia escogerán a dos constituyentes, al igual que los 113.915 electores de San Fernando de Apure, en el estado Apure. Sin embargo, como la oposición es amplia mayoría en las zonas urbanas, en este caso Maduro exige aplicar distribución proporcional de los cargos, asegurándose en la mayoría de los casos uno (1) de los 2 constituyentes de cada capital, salvo en los casos en que la oposición duplique en votos a la lista chavista.

En concreto, la municipalización de esta parte de la elección genera una falsa creencia de competitividad. Si se utilizan como referencia los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 la oposición debería ganar en 166 municipios (incluyendo las capitales de estados) mientras el chavismo podría obtener el triunfo en 194 jurisdicciones. En otras palabras, la oposición se quedaría con el 45% de los constituyentes territoriales y el chavismo con 54%., aunque la cantidad de votos de la oposición sea muy superior al número de sufragios que obtengan los aspirantes del chavismo.

Aunque el deterioro de la situación política hace suponer que al chavismo le costará mantener el control electoral de los 194 municipios en los que ganó en 2015, por mucho que mejore la oposición, la clave del control de la Asamblea Nacional Constituyente no se encontrará en este ámbito sino en la elección que aún no se puede analizar: el ámbito sectorial. Elección en donde (hasta que el CNE publique las bases comiciales definitivas) debe suponerse que el chavismo parte con una ventaja de 168 a 0.

¿Si la oposición es mayoría, por qué no puede ganar la elección
de los constituyentes indígenas y de los constituyentes por sectores?

De los sectores es poco lo que se sabe, salvo la exigencia de Maduro al CNE: 1 Constituyente por cada 83 mil electores. El problema es que a la fecha se desconoce quiénes serán los electores de los sectores y como serán agrupados.

No obstante, resulta obvio que el diseño sesgado de las bases comiciales del chavismo le podría garantizar el control de la mayoría de los 168 constituyentes sectoriales. Por ejemplo: la oposición es amplia mayoría en las universidades nacionales, tal y como demuestran los resultados de los comicios de autoridades y dirigentes universitarios. Para este sector Maduro ordena al CNE que elabore un padrón de votación en donde deben estar universidades nacionales, universidades privadas y misiones educativas. Este padrón de votación será inauditable.

En las bases comiciales Maduro proponer distribuir a los 168 constituyentes sectoriales entre ocho sectores:

1. los campesinos y pescadores

2. las personas con alguna discapacidad,

3. los empresarios

4. los pensionados

5. los estudiantes

6. los trabajadoras

7. Comunas

8. Consejos comunales

Estos 168 constituyentes serán electos en listas nacionales, de acuerdo al principio de representación mayoritaria: quien más votos saque, va a ser electo en listas nacionales. No obstante, el problema es quiénes son los que integrarán los listados de votación de estos sectores.

Para diseñar esta elección Maduro ordenó al CNE que solicite “los registros de los sectores a las instituciones oficiales, gremios y asociaciones debidamente establecidos. La información correspondiente al sector de los trabajadores y trabajadoras deberá solicitarla de acuerdo al tipo de actividad laboral, clasificado de la siguiente manera:

1. Petróleo

2. Minería

3. Industrias básicas

4. Comercio

5. Educación

6. Salud

7. Deporte

8. Transporte

9. Construcción

10. Cultores

11. Intelectuales

12. Prensa

13. Ciencia y Tecnología

14. Administración Pública

Al día de hoy la información pública auditable de estos sectores es inexistente o escasa. Solo se sabe, por ejemplo, que en Venezuela existen 45.388 consejos comunales y 1.418 comunas. No obstante, también se conoce que el ministerio de Comunas suele negar o dificultar el reconocimiento a las estructuras sociales que no son afines a la revolución bolivariana.

Una aproximación realizada por la firma Torino Capital antes de la presentación de las bases comiciales (en un escenario de sobre representación municipal) sugería que el chavismo podría ganar 90% de los constituyentes electos en estructuras de base como las misiones sociales, 76% de los constituyentes electos a través de consejos comunales y comunas o 42% de los constituyentes del sistema educativo (sin incluir en este cálculo a las misiones educativas).

Adicionalmente Maduro prohíbe que un elector esté en más de un sector, y le exige al CNE que elabore los padrones de votación sectorizados con el siguiente orden de prelación:

1. Empresarios

2. Campesinos y pescadores

3. Personas con alguna discapacidad

4. Estudiantes

5. Trabajadores

6. Comunas y consejos comunales

7. Pensionados

En este sentido resulta muy complejo en este momento poder inferir el sector en el que un ciudadano podrá participar como candidato o elector, o la forma en que serán agrupados por el CNE

Las encuestas hablan de un rechazo de 80% a Maduro.
¿Los electores van a votar por sus candidatos?

La postulación de los candidatos es otro de los retos a superar. Al negarse la participación de los partidos políticos, Maduro exige al CNE que existan solo tres vías de postulación

1. Por iniciativa propia

2. Por iniciativa de grupos de electoras y electoras

3. Por iniciativa de los sectores antes mencionados

En todos los casos se necesita el respaldo de 3% de los electores inscritos en cada municipio (para la elección territorial) o de 3% de los integrantes del sector social al que se pretende representar. Para este proceso es necesario recoger firmas. El CNE aún no ha explicado cómo se realizará este proceso de recolección y la forma en que serán verificadas las firmas, pudiendo optarse por una revisión muy sencilla (comparar contra el RE) como la que se usó para certificar los 10 millones de firmas en contra de la Orden Ejecutiva de Barak Obama o utilizar criterios mas restrictivos, similares a los empleados para la recolección de manifestaciones de voluntad para respaldar que la oposición solicitara un referendo revocatorio en contra de Maduro.

Para este proceso es necesario aún esperar que el CNE redacte una normativa específica.

¿Es similar a la constituyente de 1999?

No. En primera instancia no se celebrará un referendo consultivo para que los ciudadanos digan si avalan o no la ANC y sus bases comiciales. Por otra parte, en 1999 Hugo Chávez propuso una asamblea compuesta por 103 miembros principales (sin suplentes), con elección directa por nombre y apellido. En este caso 76 constituyentes estaban distribuidos entre los 24 estados, otros 24 debían ser electos en circunscripción nacional, además de tres representantes indígenas, provocando que existiera un máximo de 10 votos por elector.

En la propuesta de Chávez la postulación era a)Por iniciativa propia b) Por iniciativa de los partidos c) Por iniciativa de sectores de la sociedad civil.

Para ser postulado candidato en la circunscripción nacional se requerirían como mínimo 20 mil firmas de electores; para ser postulado candidato en una circunscripción regional, la cantidad de firmas era variable, dependiendo de la población del estado: Máximo 10 mil y mínimo mil firmas.

Sin embargo, el entonces Consejo Supremo Electoral reformó esta propuesta dejando las siguientes bases comiciales:

ANC integrada por 131 miembros principales (sin suplentes).

Elección por nombre y apellido. 104 constituyentes distribuidos entre los 24 estados (1 constituyente por cada 234.102 habitantes) 24 electos en circunscripción nacional y tres representantes indígenas para un máximo 10 votos por elector.

Este sistema estuvo lejos de ser perfecto. La escasa revisión de los requisitos de postulación provocó que se presentarán más de mil candidatos. Sin embargo, la técnica electoral conocida como el Kino Chávez sobrerrepresentó a los candidatos oficialistas, al extremo que los aspirantes del Gran Polo Patriótico aglutinando 65% de los votos, lograron ganar 95% de las curules de la Constituyente.


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viernes, 27 de enero de 2017

¿Pueden convocar elecciones sin la oposición en Venezuela como en Nicaragua?. Por Eugenio Martínez


Por Eugenio G. Martínez | Prodavinci

El 7 de noviembre de 2016 se realizaron votaciones en Nicaragua para elegir presidente y a los integrantes de la Asamblea Nacional, no obstante el proceso difícilmente puede calificarse como una elección. El resultado de la votación representó la tercera reelección consecutiva de Daniel Ortega como Presidente y significó además que el partido sandinista obtuviera el control absoluto del Parlamento.

En estos resultados tuvo una alta incidencia el control de Ortega sobre la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral. Utilizando mecanismo legales meses antes de la elección, Ortega logró desmantelar al sistema de partidos nicaragüense garantizando una votación sin contrincantes, y sentando las bases para un sistema de partido único, con una clara tendencia a la sucesión familiar.

El desmantelamiento del sistema de partidos nicaragüense para garantizar votaciones sin oposición real puede resumirse en seis grandes acciones:

1. En el mes de junio de 2016 la Corte Suprema de Justicia, controlada por el oficialismo, decidió que la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI), la principal fuerza opositora en el país, debía pasar de Eduardo Montealegre a manos de Pedro Reyes. Mientras Montealegre fue candidato opositor a Ortega en el 2006 Reyes es considerado un aliado político de Ortega. Aglutinando 31% de los votos en la última elección el PLI era el principal partido de la Coalición Nacional por la Democracia, agrupación de partidos y organizaciones sociales que adversan a Ortega. Aunque la Coalición Nacional por la Democracia estaba integrada por ocho partidos y un amplio número de organizaciones civiles, solo dos fuerzas políticas tenían reconocimiento legal pleno: el PLI y el partido de Acción Ciudadana.

2. Antes de la decisión de la Corte que modifica a la directiva del PLI, esta fuerza política y los demás integrantes de la Coalición Nacional por la Democracia habían elegido al diputado Luis Callejas como su abanderado presidencial para enfrentar a Ortega. No obstante al modificarse la dirección del PLI se anuló esta decisión de los partidos y Callejas perdió la posibilidad de inscribirse. Ante las críticas de manipulación electoral, la Corte Suprema de Justicia alegó que la decisión no impedía la candidatura de Callejas que podía ser postulado por otro partido con reconocimiento legal.

3. El 6 de junio de 2016 al momento de formalizar su candidatura a la reelección, Ortega exclamó: “Observadores sinvergüenzas. Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países”. Aunque la Ley Electoral de Nicaragua avala la observación nacional e internacional, su participación fue prohibida por Ortega con el aval de la autoridad. En su lugar estuvieron como “acompañantes internacionales” de la votación los ex presidentes Manuel Zelaya, de Honduras; Fernando Lugo, de Paraguay; Álvaro Colom, de Guatemala y Mauricio Funes, de El Salvador.

4. A finales del mes de julio el Consejo Supremo Electoral (CSE) ordenó la destitución de 28 diputados opositores a Ortega (16 principales y 12 suplentes) argumentando que se encontraban en desacato por desconocer la sentencia de la Corte sobre la representación legal del PLI. Con esta decisión Ortega obtuvo el control absoluto de la Asamblea Nacional.

5. Con el cambio de dirección del PLI la única posibilidad de la oposición de presentar candidatos en los comicios de noviembre se limitaba a hacerlo a través del partido Acción Ciudadana. Sin embargo, este partido no tenia casilla electoral (posición en la boleta) y su directiva debía solicitarla a la autoridad electoral. No obstante, esta solicitud no se pudo presentar porque a finales del mes de junio de 2016 la Corte Suprema también cambió a la directiva de Acción Ciudadana, pasando el partido a manos de teóricos aliados políticos de Ortega y dejando a la oposición sin posibilidad de presentar candidatos en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Ante la ausencia de representación política reconocida, la Coalición Nacional por la Democracia anunció (cuatro meses antes de las elecciones) que se retiraba de las elecciones por el fraude continuado y la manipulación del proceso.

6. A la votación presidencial y legislativas de noviembre acudieron en total 16 partidos, ocho de estos en alianza con el FSLN (partido de Ortega). Los otros siete partidos que el oficialismo cataloga de opositores nunca han obtenido más de 10% de los votos en los procesos en los que han participado y no tienen relación directa con la Coalición Nacional por la Democracia.

¿El Ortegazo puede ocurrir en Venezuela?

Casos como los del PLI o Acción Ciudadana ya han ocurrido en el país cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha ordenado modificar la directiva de organizaciones políticas como Copei o Bandera Roja provocando serias dificultades en la alianza de partidos de oposición para determinar el compromiso democrático de las nuevas directivas y de los candidatos que postulan.

Por otra parte debe recordarse que de las 62 organizaciones nacionales que existen en Venezuela, solo el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) están exentos de renovar su nómina de inscritos para mantener la legalidad. Adicionalmente solo el Psuv y la MUD están al día con el organismo comicial y en pleno ejercicio de sus facultades políticas. Adicionalmente existen dos partidos minoritarios (uno coordinado por el ex diputado opositor Hiram Gaviria) que tampoco deben legitimarse.

Como se ha indicado en otros textos el proceso de renovación de la nómina de inscritos y la duda sobre la legalidad de los partidos políticos en Venezuela es consecuencia de la sentencia Nº1 de la Sala Constitucional del TSJ del pasado 5 de enero de 2016, en la cual se ordenó al CNE que regulara la verificación de la nómina de inscritos de las organizaciones con fines políticos, “implementando mecanismo de seguridad electrónica e informática sobre la verificación de manifestaciones de voluntad” de los inscritos en los partidos políticos.

Según esta sentencia el CNE debe acatar el contenido del artículo 67 de la Constitución Nacional, y de los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones lo que implica que todas las organizaciones políticas que dejaron de participar con sus logos y colores en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015 (como Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, La Causa R, etc.) o que habiendo participado no obtuvieron, al menos, el uno por ciento (1%) de los votos lista válidos emitidos en 12 estados deberán reinscribirse ante el organismo comicial.

Según la interpretación de los magistrados solo existe renovación automática de la inscripción de un partido político si la organización logró obtener el 1% de los votos válidos emitidos el 6 de diciembre en por los menos 12 de los estados.

Los únicos partidos políticos nacionales que cumplieron con este supuesto fueron la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Para cumplir con la exigencia de relegitimación de los partidos políticos los magistrados de la Sala Electoral del TSJ otorgaron a los rectores del CNE un plazo de 60 días para que regular la verificación de la nómina de inscritos de cada organización. No obstante, este proceso se paralizó en 2016 por la solicitud de información presentada por el CNE.

A la fecha (previa sentencia del mes de octubre de 2016 del TSJ reiterando la exigencia de la renovación de las nóminas de inscritos) los partidos políticos solo esperan que los rectores le pongan fecha al proceso de renovación de su nómina de inscritos para mantener la legalidad.

¿Mientras no renueven sus nóminas los partidos están impedidos de participar en procesos electorales?

Según la sentencia del TSJ los partidos políticos objetos de la renovación están pre-anulados e imposibilitados de postular candidatos, entre otras acciones. Este concepto de pre-anulados es contrario a las disposiciones de la Ley de Partidos Políticos que el TSJ dice hacer cumplir.

Una vez iniciado formalmente el proceso de relegitimación las organizaciones que no cumplan con los requisitos exigido quedarán ilegalizadas. Según el diputado Diosdado Cabello ninguno de los partidos de oposición está legalizado para participar en elecciones.

El 25 de enero Cabello explicó: “La presidenta del CNE anunció elecciones a mitad de año, pero ojo escuálidos, ustedes no tienen partido. Podemos ir a elecciones mañana mismo, pero igual ustedes no pueden ir porque ni siquiera tienen un partido. La MUD, a pesar de estar registrada, le hizo un fraude al país y eso los deja automáticamente afuera”.

¿Cuáles son los partidos que deben renovar su nómina de inscritos?

Deben renovar su nómina de inscritos, so pena de perder su inscripción y reconocimiento legal como partido políticos todas las organizaciones integrantes de la MUD:

Acción Democrática, Alianza Bravo Pueblo, Avanzada Progresista, Convergencia, Cuentas Claras, Fuerza Liberal, Gente Emergente, La Causa R, Movimiento Progresista de Venezuela, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular entre otros.

También corren el riesgo de ser ilegalizados todos los partidos que integran al Gran Polo Patriótico: Independientes por la Comunidad Nacional, Alianza para el Cambio, Corrientes Revolucionarios, Movimiento Electoral del Pueblo, Tupamaros, Nuevo Camino Revolucionario, Partido Comunista de Venezuela, Partido Revolucionario del Trabajo, Partido Socialista Organizado de Venezuela, Podemos, Redes, Unidad Popular Venezolana y Vanguardia Bicentenario Republicana entre otros.

La medida del TSJ también afecta a partidos disidente de la oposición y del chavismo como Bandera Roja, Copei, Min-unidad, Fuerza Laboral, entre otros.

¿Es muy complicado renovar la nómina de inscritos?

Como se ha indicado en otros post para que partido político que no participó en las elecciones parlamentarias de 2015 o dejó de obtener el 1% de los votos pueda relegitimarse ante el CNE es necesario que entregue, entre otros recaudos, la nómina de los integrantes del partido en número no inferior al 0,5% de la población inscrita en el Registro Electoral en por lo menos 12 estados y la manifestación de voluntad de los integrantes del partido de pertenecer a él.

La cantidad de militantes que los partidos políticos deben demostrar que poseen al CNE es la siguiente:

Una vez que los partidos entreguen el listado de sus militantes al CNE comenzará el proceso de autenticación y validación de estos listados.

Según el artículo 7 de las “Normas para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos” el CNE, a través de avisos de prensa, llamará a las personas que se encuentran en los listados entregados previamente por los partidos para que acudan personalmente a las oficinas regionales del organismo comicial para identificarse biométricamente

Por otra parte el artículo 10 de las normas indica que “a los fines de procurar el desarrollo de la participación política en el marco del respeto a las reglas que pautan su ejercicio en democracia, los ciudadanos inscritos en las nóminas a los efectos de la renovación no podrán pertenecer a dos o más organizaciones políticas”.

En los casos de “múltiple militancia” de un elector los rectores del CNE dispusieron que será considerada como válida “la última manifestación de voluntad expresada ante una organización con fines políticos”.

Además en el artículo 11 se especifica que “el aviso oficial de la solicitud de renovación expresará el derecho de cualquier ciudadano a revisar la nómina de inscritos de las organizaciones con fines políticos, a través del módulo que disponga el CNE, de manera temporal, en su portal oficial www.cne.gob.ve a objeto de garantizar a los interesados el ejercicio de los recursos previstos en la ley por el uso indebido de su identidad.

Incluso el artículo 13 de la normativa establece que los ciudadanos podrán impugnar “la nómina de manifestación de voluntad” en los lapsos establecidos en un cronograma especial para este proceso.

Si las organizaciones que no alcanzaron a obtener el 1% de los votos válidos el pasado 6 de diciembre o que no presentaron candidaturas no pueden cumplir con estos requisitos, el CNE cancelará definitivamente su inscripción como partido políticos, perdiendo el uso de sus siglas y símbolos distintivos.

¿Y si una organización logra verificar el número mínimo de militantes en solo 11 estados?

Quedará ilegalizado, perdiendo el control sobre sus siglas y colores característicos.

¿Y la oposición no puede recurrir a la MUD para postular candidatos en una elección?

Aunque la MUD esta exenta del proceso de renovación de su nómina de inscritos (por ser el partido más votado en la ultima elección parlamentaria) sobre esta organización recaen otras amenazas. El Tribunal Supremo de Justicia aún no resuelve la demanda presentada en contra de esta organización por el alcalde del municipio Libertador y ex presidente del CNE Jorge Rodríguez. Adicionalmente se unen las solicitudes públicas de Diosdado Cabello, Francisco Ameliach y Tareck El Aissami para que el TSJ y el CNE anulen e inhabiliten como partido político a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Según la interpretación del chavismo el CNE debe anular la inscripción como partido político de la MUD de acuerdo al artículo 32, apartado d, de la Ley de Partidos Políticos (ley que data de 1964) que establece la cancelación del registro y disolución de partidos cuando “se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la Ley, o ha dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su actuación no estuviere ajustada a las normas legales”.

El chavismo insiste en que la MUD orquestó un fraude electoral durante la recolección de firmas para solicitar la convocatoria de un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Este argumento fue el utilizado para que cinco jueces de corte penal suspendieran el proceso de revocatorio. Decisión que fue inmediatamente acatada por el CNE.

¿Sin partidos no se pueden presentar candidatos por iniciativa propia?

Al día de hoy la posibilidad de presentar candidaturas por iniciativa propia en este escenario no luce viable por las trabas burocráticas (recolección de firmas y verificación posterior) que impone el CNE para este tipo de postulación. Además provocaría que la oposición no puede competir por los cargos tipo lista que deben elegirse en las asambleas legislativas de los estados.

Según las informaciones suministradas por los partidos del Polo Patriótico la tesis del rector suplente pero incorporado a la Junta Nacional Electoral Carlos Quintero es que la revisión de firmas de los partidos políticos al igual que la revisión de firmas avalando candidaturas por iniciativa propia se realice con los mismos criterios empleados para la autenticación de las rúbricas avalando el referendo revocatorio contra Maduro.

¿La renovación afecta la convocatoria de elecciones regionales?

Según los representantes técnicos de la oposición ante el CNE en este momento dar inicio al proceso de renovación de los partidos políticos podría significar un retraso importante en la convocatoria de las elecciones regionales.

Si el CNE convoca el proceso de renovación de los partidos (que puede durar más de seis meses según la normativa del CNE) durante el primer trimestre del año 2017 la celebración de las elecciones regionales podría posponerse en el mejor de los casos hasta el último trimestre de este año.

Por otra parte, si se convoca el proceso de renovación y en paralelo se convocan las elecciones regionales para el año 2017 los principales partidos nacionales de oposición, así como los minoritarios del chavismo no podrían participar inscribiendo candidatos, ni presentando alianzas. Tampoco podrían participar legítimamente en la campaña electoral de un eventual evento electoral de corte regional o local. (salvo sentencia del TSJ que paralice los efectos de la regularización de las nóminas de inscritos).

Según Vicente Bello, representante técnico del CNE las dudas sobre las elecciones regionales y la renovación de los partidos depende del proceso de diálogo que en este momento está paralizado: “Hasta que no se defina qué pasará con el diálogo, el CNE no tomará ninguna decisión (…) El CNE está esperando que eso se aclare y reciba instrucciones de cómo proceder”.


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sábado, 5 de noviembre de 2016

¿Qué se sabe sobre los avances del proceso de diálogo? Por Eugenio Martínez


Por Eugenio G. Martínez | Prodavinci

El problema básico ante la opinión pública no es que la oposición y el gobierno se reunieran el pasado 30 de octubre. Ni siquiera que, por sugerencia de El Vaticano, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pospusiera el juicio de responsabilidad política contra Nicolás Maduro o la marcha convocada para llegar al Palacio de Miraflores. El problema central (al menos para la oposición) es el momento en que se produce la primera reunión y la forma en que el chavismo la aprovechó, dejando mal parada a la MUD que todavía no logra exhibir un mínimo de coordinación discursiva y comunicacional. Mucho menos acciones concretas que se puedan asociar aquella reunión con la decisión de suspender las acciones que su electorado, agobiado por la crisis, reclama.

En este momento, el principal desafío para la oposición es poder reconfigurar el proceso de diálogo y presentar algún logro concreto lo antes posible. Y es en la búsqueda de ese logro concreto donde invierten en este momento los esfuerzos.

¿La oposición se olvidó del Referendo Revocatorio?

El Referendo Revocatorio no está anulado, sino suspendido. No obstante, la consulta popular sobre la continuidad de Nicolás Maduro en la presidencia pasó a un segundo plano entre las prioridades de la oposición y el Revocatorio fue desplazado por la solicitud de una compleja ruta electoral que debe comenzar este mes para concretarse finalmente en 2017.

Parte de esta ruta electoral ya fue anunciada hace tres semanas por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, cuando explicó que las elecciones de gobernadores serán pospuestas para el final del primer semestre del próximo año, mientras que las elecciones municipales podrían celebrarse a finales del segundo semestre.

Todo esto implica que, antes del inicio del diálogo, el CNE se preparaba para organizar comicios para escoger 23 gobernaciones y 237 legisladores regionales,a demás de 335 alcaldes, 2.435 concejales, 69 representantes indígenas municipales, 2 alcaldes metropolitanos y 20 concejales a cabildos distritales.

Sin embargo, la propuesta principal de la oposición en este momento se orienta a solicitar que se adelante la elección presidencial que debe realizarse en diciembre de 2018. No obstante, para que esto sea posible (bien sea por renuncia de Nicolás Maduro o porque él decida adelantar el proceso eleccionario) se necesita una reforma constitucional del Artículo 233 de la Constitución.

En este punto, comienza a complicarse la evolución de las propuestas de la oposición.

¿Qué es lo que está exigiendo la oposición?

Son cinco los temas básicos que la oposición exige en este proceso de diálogo. O al menos son los que se han colado a la opinión pública:

  1. Elecciones generales en 2017 para relegitimar todos los cargos.
  2. Liberación de los presos políticos (se calcula que existen 113 presos políticos en este momento).
  3. Resolución del conflicto asociado a los diputados de Amazonas. Se especula que con una nueva elección a principios de 2017 para la circunscripción indígena Apure-Amazonas y el estado Amazonas.
  4. Renovación del CNE.
  5. Restitución de los facultades de control político de la Asamblea Nacional.

Según los negociadores de la oposición, existe un pre-acuerdo que permitiría lograr todo esto. No obstante, para que el acuerdo pudiera avanzar era necesario desistir del juicio de responsabilidad política contra Maduro y de la marcha a Miraflores, además de oficializar la desincorporación a la Asamblea Nacional de los tres diputados del estado Amazonas. Y, según fuentes vinculadas con los negociadores, la desincorporación de los tres diputados provocaría que la Sala Constitucional acelere el juicio sobre esta materia, que está pendiente de asignación de fecha.

Después de la desincorporación, el Tribunal Supremo de Justicia le ordenaría al CNE (presumiblemente en diciembre de 2016) repetir los comicios en el estado Amazonas y en el circuito indígena integrado por los estados Amazonas y Apure. Esta elección podría realizarse en el primer trimestre de 2017 y, si la oposición mantiene tres de los cuatro diputados en disputa, entonces tendría suficientes votos (112) para designar, al menos, a quienes deben sustituir a Socorro Hernández y Tania D Amelio. Quedaría aún definir qué sucederá con la designación temporal (que realizó el TSJ en diciembre del año 2014) de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón.

¿Qué fue lo que aceptó el gobierno?

Según fuentes del G4 (el grupo de coordinación de la MUD que está integrado por los secretarios generales de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular), el Gobierno aceptó discutir estos cinco puntos siempre y cuando la oposición desestimara la posibilidad de un juicio de responsabilidad política contra Nicolás Maduro y desconvocara la marcha a Miraflores prevista para el 3 de noviembre.

No obstante, fuentes cercanas al grupo de negociadores aseguran que es falso que los puntos propuestos por la oposición se hubiese acordado para ser discutidos o que fueran parte de la agenda.

Desde la perspectiva del Gobierno, según explican fuentes cercanas a sus negociadores, lo más importante en este proceso es lograr la “reinstitucionalización y la siembra de confianza”. Estos dos elementos pasan porque el Poder Legislativo respete a los otros poderes públicos, corrija el desacato (la incorporación de los tres diputados de Amazonas, entre otras acciones) y, en consecuencia, que los otros poderes públicos puedan respetar al Legislativo.

¿Todo el chavismo está dispuesto a sentarse a dialogar?

Las diferencias con respecto al proceso de diálogo y cómo encararlo no son exclusivas de la oposición. En el chavismo existen grupos contrarios a la posibilidad de un entendimiento con la oposición y actúan en consecuencia. Y fuentes del grupo de intermediación internacional sostienen que en este caso (especialmente después del ataque de Nicolás Maduro contra el partido Voluntad Popular) es que el Vaticano tiene que hacer valer su papel de mediador.

botonvoluntadpopular

¿Se está discutiendo la liberación de Leopoldo López?

Ninguno de los negociadores admite que se esté discutiendo una Ley de Amnistía que permita la salida de Leopoldo López de la cárcel e incluya a figuras prominentes del chavismo.

¿En qué está trabajando El Vaticano?

Se ha difundido una tesis que afirma que El Vaticano está trabajando para lograr estabilidad política hasta el 10 de enero de 2017 y, a partir de entonces, lograr un gobierno de coalición entre el chavismo y la oposición que comprometa a ambos sectores a garantizar la gobernabilidad del país hasta la elección presidencial de 2018. Es una tesis que fue esgrimida en 2013 por el ex-presidente de Brasil Luis Ignacio “Lula” Da Silva. No obstante, ninguna de las partes admite que esta posibilidad se esté considerando ni que pueda formar parte de la negociación en el futuro.

En este momento, la probabilidad de congeniar en un solo gobiernos dos modelos de país tan distintos no luce posible.

¿El chavismo que intenta negociar ha recibido (o pedido)
algún incentivo que disminuya el costo de abandonar el poder?

No existen señales que indiquen que se le haya ofrecido al chavismo garantías personales, familiares ni de capital que disminuyan el costo de abandonar el poder y permitan una salida concertada a la crisis. Tampoco existe evidencia de que el chavismo lo solicitara.

No obstante, asesores de la alternativa democrática sostienen que en privado estos temas si han sido discutidos.

¿Hasta cuándo esperará la oposición señales de buena voluntad del chavismo?

Aunque la mayoría de los elementos exigidos por la oposición no pueden definirse en dos semanas, los integrantes de la MUD necesitan ofrecer resultados tangibles ante la opinión pública.

A pesar de las diferencias de criterio entre Voluntad Popular y el resto de los integrantes del G4, cada grupo por separado siguiendo la recomendación de El Vaticano de posponer el juicio político y la marcha a Miraflores, dio plazo hasta el 11 de noviembre (fecha de la próxima reunión de la mesa de negociación) para que el Gobierno realice acciones concretas en función de las exigencias realizadas.

¿Existe ningún punto de acuerdo entre chavismo y oposición?

Sí: el respeto de los demás poderes al Poder Legislativo y del Poder Legislativo a los demás poderes. No obstante, aún no existe una vía clara para lograrlo, aunque todo pasa por resolver la incorporación de los tres diputados de Amazonas al Parlamento Nacional.

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