Marianella Salazar / El Nacional
La situación puede desbordarse y sumirnos en una espiral de violencia que nadie quiere, el gobierno debería ser el primer interesado en evitarlo y cumplir con el mandato popular expresado el 6-D, que no es otra cosa que someterse a control legislativo como lo exige la Constitución y, en vez de generar confrontación y sabotear su función –como pasó con los ministros que no asistieron al Parlamento para explicar el mamotreto de decreto de emergencia económica–, le tira la pelota a la Asamblea para responsabilizarla de la debacle, cuando su responsabilidad constitucional es resolver los problemas sociales y económicos que durante este desgobierno de Nicolás Maduro se agravaron con más corrupción, mayor incompetencia y, sobre todo, por su falta de sensibilidad social.
Hoy, más que nunca, la gran cantidad de gente que madruga y hace colas durante 10 o 12 horas, en busca de alimentos de primera necesidad, se enardece cuando no logra adquirirlos por una u otra razón –porque se agotaron o los esconden para favorecer a bachaqueros, previa bajada de la mula–; la angustia de los padres de no llevar nada qué comer a sus hijos, ni conseguir medicinas para una urgencia es abono para el anunciado estallido social, que ha sido refrenado con el resultado de las elecciones pasadas.
Una vez que el soberano expresó su resolución de cambio, el gobierno no puede burlar ese mandato, pero es lo único que hace desde que se instaló la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero. Están jugando con fuego. Pretenden aumentar el precio de la gasolina, que se justificaría de existir pulcritud en el manejo de los dineros públicos, pero eso es como pedirle peras al olmo y “al horno”. El aumento de la gasolina debe estar condicionado a suprimir la golilla de los precios del petróleo y combustible a países miembros de Petrocaribe y eliminar, de una vez por todas y para siempre, las regalías petroleras a Cuba, que solo sirven para engrosar los negocios de los Castro a costa de la miseria y el sufrimiento del pueblo venezolano.
La crisis humanitaria se asoma en Venezuela; activistas por los derechos de pacientes con enfermedades graves están pidiendo ayuda internacional, a través de la Organización Mundial de la Salud, para que donen medicinas e insumos en el área de la salud. Es una vergüenza haber caído en una situación tan precaria y lastimosa como la de algunos países africanos, castigados por la hambruna y enfermedades que diezman su población, sin recursos para adquirir medicamentos, y todo por haber dilapidado descomunales ingresos petroleros y desmantelado el aparato productivo para castigar al sector privado, pero lo sufre toda la población.
La gente está desesperada porque el dinero no alcanza para cubrir sus necesidades; además del desabastecimiento, está el desempleo y la inseguridad; hay que impedir que la mayoría de un país exasperado tome las cosas en sus manos, así que no perdamos más el tiempo y busquemos una salida constitucional para sustituir a un gobierno que no rectifica, la más expedita es la renuncia del presidente. Ante la coyuntura actual es impensable que Nicolás Maduro termine su mandato.
Renuncia negociada. Maduro no renunciará voluntariamente, la salida tendrá que ser negociada por los factores de poder, como ha sucedido con la mayoría de las renuncias presidenciales, empezando por la de Chávez, el 11 de abril de 2012, cuando el general Lucas Rincón, en cadena nacional, aseguró que “se le pidió la renuncia al señor presidente, la cual aceptó”. Lo que pasó después fue una chapuzada. Ahora le corresponde a la Asamblea Nacional asumir lo que tiene que hacer y garantizar la gobernabilidad.
