MIGUEL BAHACHILLE M. | EL UNIVERSAL
La posesión de bienes privados y los sistemas de producción, así como la distensión del principio de heredad respecto de otras expresiones humanas como la libertad, ha sido factor invariable de la cultura del venezolano. Por tanto, la difusión gubernativa que persiste en culpar a "patrones sablistas" por el fracaso del socialismo del siglo XXI, carece de penetración social. Luego de 17 años de controles sobre todo tipo de bienes, las felpas de Maduro contra la empresa privada, más que inútiles, son discordantes. El dueño de una vivienda, vehículo, conuco, rancho, bodega, fábrica de papelón o casabe, se siente "dueño" no sólo de los pocos o muchos bienes a su disposición sino del libre poder de decisión sobre su futuro y de su familia.
La negativa del régimen para otorgar títulos de propiedad a los asistidos por la Misión Vivienda, se inscribe en un rancio dogma colonial sustentado por arrestos coercitivos. El aparatoso evento montado por el régimen frente a la Asamblea Nacional, aupando a un pequeño grupo de humildes venezolanos para que denigren del derecho de propiedad sobre la vivienda que precariamente ocupan, fue triste y vergonzoso. "No quiero ser propietario de la vivienda que habito", esgrimido por el grupo sumiso, es un manifiesto tan burdo como negador de la esencia humana. El mismísimo hombre de las cavernas defendía, de hecho, hasta con su vida (porque no existían Registros Públicos) el derecho de propiedad sobre la caverna que ocupaba.
El vecino no resiste más el papel de simple conformista, postergado y manipulado en una rutina dizque socialista que los humilla, por ejemplo, en una cola. El vetusto colectivismo, loado por algunas mentes turbulentas que todavía llevan bajo el brazo los textos del Manifiesto Comunista (Marx y Engels), ni siquiera ha podido conferir a sus seguidores algo de autonomía para adquirir parte de sus alimentos básicos como harina de maíz. Mucho menos podrá recompensarlo para el disfrute de algunos símbolos convencionales del estatus social.
En este país, más que cualquier otro, no obstante su inmensa riqueza material y favorables condiciones geográficas sobradamente referidas por los analistas como privilegiadas para generar estabilidad social, sólo un pequeño sector (los bendecidos por Chávez) se salva de la subyugación. Ahora hasta fungen como potenciales actores de un proceso histórico "liberador del pueblo", que entre otras "bondades", lo redime de ser propietario.
No avistan que el juego político en épocas de crisis prolongadas, como la actual, restricciones de este talante no sólo son inservibles sino ofensivas. El ocupante volátil de una vivienda no invertirá un solo centavo para mejorar las precarias condiciones en que la recibe si está impedido de planificar su progreso. Simular reciprocidad con "el pueblo" imposibilitado de adquirir medicamentos y alimentos esenciales, inseguro de circular por las calles y ahora impedido de ser propietario por disposición gubernativa, más que burla, es un ultraje contra su dignidad.
Así, pues, ya no valen técnicas de manipuleo ni la profusa propaganda oficial para convencer al pobre de las bondades de la imposición forzosa de la "vivienda prestada". Ya soporta bastante con la carencia de insumos y equipos básicos para los acongojados por cáncer, diabetes, Zika, Chicungunya o similar.
Viene al caso recordar cómo el Banco Obrero e Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), forjadores de estupendos planes habitacionales a cargo de competentes sociólogos, ingenieros, arquitectos y técnicos, en los vilipendiados 40 años de democracia, instituyeron verdaderas escuelas de urbanismo con todo lo que ello conlleva. Derecho de propiedad, posesión del suelo, protección ambiental, documentos de condominio, alícuota de cada propietario, etc. ¡Sí, propietario! La propiedad sólo podía transferirse a terceros sólo cuando el dueño, -sí, el dueño-, hubiese cancelado toda la deuda. Ciertamente, el Inavi se reservaba el derecho preferente de readquirirla o no, en plazo determinado, para evitar "la temida comercialización" esgrimida por el actual régimen que niega el derecho de propiedad a los ocupantes.
La caprichosa demarcación social defendida con pasión por Maduro para delimitar quién puede ser propietario o no, se corresponde con una concepción marxista que se esmera por separar al privilegiado "de los demás". ¿Cuál socialismo?
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