Marta Colomina / El Nacional

“Las protestas destaparon la cara dictatorial del gobierno”, abría página El Nacional el 1º de marzo de este año, a propósito de las 18 muertes, 1.044 detenciones y 888 medidas cautelares durante los 17 días con manifestaciones estudiantiles pacíficas en todo el país. En febrero, el mismo diario titulaba “Detención de López agrava imagen negativa del gobierno”, afirmación refrendada por la ola represiva sobre la que Provea diría que “Maduro ha reprimido 485% más que Chávez”, y reseñar la criminal alianza entre paramilitares (“colectivos”) y cuerpos de seguridad, durante las protestas estudiantiles. El Foro Penal daba fe de 18 casos de tortura: “Los bañaron con gasolina y les dijeron que iban a quemarlos” y de “acoso y abusos sexuales cometidos por militares y policías contra jóvenes detenidos”. Según el Observatorio de Conflictividad Social e IPYS, los “colectivos, que actúan con el aval del gobierno, la tolerancia de los poderes públicos y coordinados con la fuerza del Estado, atacaron 416 protestas (…) Sus paramilitares también golpean y despojan a los periodistas de cámaras y grabadoras”. Hasta agosto, 2.072 personas estaban bajo régimen de presentación y en octubre gremios y ONG presentaban 110 expedientes de torturas, tratos crueles y censura, ante la CIDH de la OEA. A fines de noviembre quedaban 78 presos por las protestas de febrero y no han procesado ni a uno solo de sus torturadores. Familiares de Raúl E. Baduel y Alexander Tirado, en la cárcel de Uribana, denunciaron que los jóvenes están siendo torturados y golpeados brutalmente.

La fiscal repite que “denuncias sobre alta impunidad buscan desestabilizar”, pero lo cierto es que la impunidad se convirtió en una política de Estado y que el TSJ, y sobre todo su Sala Constitucional, son el brazo ejecutor de las políticas oficiales y del terrorismo judicial contra la disidencia. “La justicia penal venezolana es vista como la peor del mundo”, según World Justice Proyect, que la ubica en el puesto 97 de 97 países estudiados. El caso de la jueza Afiuni, perseguida y violada en prisión, ha horrorizado a juristas y ONG mundiales. El régimen de Maduro reconoció frente al Comité contra la Tortura de la ONU que “96,9% de las violaciones de derechos humanos no fueron llevadas a juicio. Entre 2011 y 2014 la Fiscalía recibió 31.096 denuncias, pero solo 3,10% de ellas concluyó en acusaciones (EN 29-11-2014). En el impactante libro El TSJ al servicio de la revolución se analizan 45.474 fallos desde 2004 a 2013, y sus autores demuestran que en esos 9 años el TSJ no ha dictado ni una sola sentencia contra el gobierno (EN 01-12-2014), como hacían “los juristas del horror” descritos por Ingo Muller, documento estremecedor sobre el terrorismo judicial en la Alemania nazi. La jueza que lleva el caso contra Leopoldo López sigue el brutal estilo “judicial” descrito por Muller, al ordenar enjuiciarlo sin pruebas a su favor y poner a funcionarios adeptos al régimen a declarar contra López y ser acusado de delitos monstruosos nunca cometidos por él (terrorismo, lesiones graves, homicidio intencional calificado, incendio de edificio público, etc.). Por eso la ONU, la OEA, numerosos expresidentes y dirigentes políticos mundiales han solicitado reiteradamente su liberación, conscientes de su inocencia y de que el régimen persigue a los opositores con el abuso del poder legal que controla, como ha hecho con María Corina Machado (MCM), despojada de su curul de diputada y acosada constantemente, y con los alcaldes Scarano y Ceballos, destituidos, encarcelados, torturados y hasta impedidos de ver a sus familias. En junio MCM declaró en la Fiscalía 17 horas sobre el delirante plan “magnicida”. Boleta similar recibieron los disidentes H. Salas Romer, Diego Arria, Gustavo Tarre, Pedro Burelli y Robert Alonso, acusados de haber cruzado correos electrónicos sobre el “plan magnicida”. Google negó la autenticidad de tales correos y certificó que nunca habían sido transmitidos a través de su red. La historia vuelve a repetirse con MCM (a quien el régimen teme como un vampiro a un crucifijo): ahora ha sido imputada por “conspiración”. El rechazo no se hizo esperar: HRW considera que “el gobierno venezolano ya ha rebasado todos los límites en el caso de MCM”; Estados Unidos y el Parlamento canadiense rechazaron la intimidación y el uso del poder del gobierno de Maduro para castigar a opositores y la Unión de Partidos Latinoamericanos acusa que la imputación de MCM pretende encubrir la crisis y amedrentar a líderes de la oposición.

Dada la prisa que el gobierno se está dando en escoger (a dedo oficialista y fraudulento) los nuevos magistrados (TSJ), rectores (CNE), y que extraoficialmente circulan los nombres de Luisa Ortega (de nuevo como fiscal), Pedro Carreño (¡contralor!) y Tarek William Saab (defensor), y puesto que Maduro sigue “cuesta abajo en la rodada”, el régimen estaría planificando encarcelar a María Corina y liberar a Leopoldo, convencido de que la oposición iría dividida a las parlamentarias. Dividir para reinar, es orden que llega de Cuba. Maduro no va a conseguirlo. Esta historia continuará

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