ELIDES J. ROJAS L. | EL UNIVERSAL
Este gobierno viene apelando al recurso pretendidamente jurídico de la inhabilitación política cuando de manera frontal quieren barrer con una figura que despunta en términos de popularidad, credibilidad y cuya carrera apunta arriba, a cargos de elección popular. Es decir, la inhabilitación es la fórmula perfecta, en un sistema que quiere parecer democrático, para destruir rivales. Y lo vienen haciendo desde hace años.
Lo hicieron con Leopoldo López hace tiempo cuando en las encuestas apareció por encima del fallecido Hugo Chávez. Lo hicieron, de otra manera, con Henrique Capriles, cuando lo metieron preso. Y así van. Posible ganador de Alcaldía, inhabilitado. Posible ganador de Gobernación, inhabilitado. Inclusive han bajado de la silla a varios funcionarios ya instalados en sus cargos. Han tumbado alcaldes y parlamentarios sin que les tiemble el pulso constitucional.
La inhabilitación puede ser decidida por un Juez, independientemente de que el proceso sea justo; pero la mayoría de las veces se dejan de tonterías y las lanzan directamente por decisión del Contralor. Eso lo hizo un montón de veces el también fallecido contralor Russian. No importa. No hay manera que un sentenciado a muerte política se pueda quitar de encima ese San Benito por mucho que el procedimiento sea ilegal o sin pruebas. La inhabilitación de Pablo Pérez, exgobernador del Zulia, es por diez años. Mejor se dedica a otra cosa, a vender patacones por ejemplo, pues en la política y con estos gobernantes y estos poderes ya está firmada su expulsión del juego. No hay nada qué hacer. ¿A quién se le ocurre pensar que apelando una inhabilitación de estas últimas puede ganar una anulación en otra instancia? Pues, está muy equivocado. Equivocado de país, de sistema y de régimen. Esa jugada no existe.
Es muy parecido al régimen cubano, pero, claro está, con las diferencias obligadas por el tiempo y por la necesidad de aparentar a como dé lugar que todo está apegado a las leyes y a la Constitución. Como en Cuba, a cuenta de revolución armada y nada pacífica, en aquellos tiempos de arrancada del desmadre y todavía en estos días, la autoridad militar; es decir, los hermanos Castro, sencillamente condenaban a la disidencia por cuatro vías conocidas: el fusilamiento, que implicaba dejar la isla y este mundo el mismo día. Otra opción, la desaparición, muy parecida al fusilamiento. Otra posibilidad, los juicios interminables: juicios por cualquier cosa, procesos que no terminaban nunca y condenas milenarias. Una forma de inhabilitar tan válida como la administrativa o judicial. Y, finalmente, la preferida por muchos: la balsa, el escape, la deserción de algún evento cultural o deportivo. Rumbo a Miami. Esa inhabilitación no era tan mala, pero igual significaba otra vida.
Pero, si se trata de inhabilitaciones, en Venezuela hay que abrir el abanico. No solo están fuera de juego algunos molestos políticos. Hay muchas cosas inhabilitadas. El bolívar fuerte, por ejemplo, está inhabilitado hasta moralmente. Hay más inhabilitaciones: los hospitales públicos, el sistema eléctrico, la seguridad ciudadana, los empleos de calidad, la educación y los cupos por verdadera competencia, la inflación controlada, la construcción de viviendas, la adquisición de vehículos, la harina, el café, la libre competencia, la agricultura, el futuro de los jóvenes.
Es tiempo de inhabilitaciones.
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