PEDRO A. PALMA / EL NACIONAL
Una de las razones que ha aducido el gobierno venezolano para justificar el cierre de la frontera con Colombia es eliminar la desviación masiva de productos venezolanos hacia el vecino país, lo cual genera escasez y desabastecimiento en los mercados locales y presiones alcistas de los precios internos. De allí que sea válido que nos preguntemos si esa acción realmente va a eliminar el llamado contrabando de extracción de lo que aquí se produce hacia Colombia, o no. Realmente, no lo creo.
Lo que siempre se ha producido en esa frontera, particularmente en el Táchira, es un proceso de arbitraje, según el cual los habitantes de ambos lados de la zona se preguntan dónde conviene más adquirir los productos requeridos para satisfacer sus necesidades, y la respuesta es simple: donde tengan menor precio. Dado que en nuestro país el gobierno insiste en regalar la gasolina, en otorgar subsidios desproporcionados, o en imponer precios que ni siquiera cubren los costos de producción y distribución de múltiples productos de consumo masivo, los precios de venta de muchos de esos artículos son artificialmente bajos y muy inferiores a los existentes al otro lado de la frontera, haciendo que aquel planteamiento de arbitraje sea obvio: comprar los productos en Venezuela para satisfacer las necesidades de los consumidores, o para revenderlos a un precio mucho mayor en el lado colombiano.
Eso no siempre fue así. Hace ya varios años, cuando el bolívar era una moneda fuerte y sobrevaluada, había libertad cambiaria y se mantuvo un tipo de cambio fijo por varias décadas, resultaba muy atractivo pasar a Cúcuta para comprar alimentos, ropa, calzado y otros productos, pues allí eran más baratos que en Venezuela. Recuerdo vívidamente que cuando uno viajaba desde la ciudad fronteriza de San Antonio a San Cristóbal, eran múltiples las alcabalas de la Guardia Nacional que revisaban exhaustivamente los automóviles y transportes de carga para determinar si llevaban mercancía colombiana oculta, que se pretendía introducir a Venezuela sin cumplir los debidos trámites aduanales ni pagar los aranceles respectivos. Ahora la situación es opuesta, y cómo no lo va a ser si muchos productos de consumo masivo tienen en Colombia precios tres y más veces superiores que en Venezuela, para no hablar de la gasolina que aquí se regala, pero que en el otro lado de la frontera se vende a más de un dólar el galón. Con razón no son solo los llamados “pimpineros” los que se llevan el combustible, sino que el mismo se envía en gandolas debidamente custodiadas para cuidar su valioso cargamento.
También es conocido el lucrativo negocio de extracción y ulterior importación de productos, el cual consiste en enviar bienes y semovientes a Colombia que luego se reenvían a Venezuela en forma de exportación, siendo estos pagados con dólares preferenciales artificialmente baratos, divisas cuyo precio en el mercado paralelo de frontera puede llegar a ser hasta cien veces mayoral tipo de cambio oficial al que se adquirieron para realizar la operación.
Recientemente, un alto vocero gubernamental dijo que al cerrarse la frontera se había puesto un torniquete que había parado la hemorragia de productos que se escapaban a Colombia, dando a entender que esa era la gran solución al problema del contrabando de extracción. Nada más alejado de la verdad. Si bien esa absurda acción oficial pudo limitar temporalmente el envío de productos al vecino país, no lo eliminó. Por el contrario, el negocio ha continuado, ahora con extraordinarios sobrecargos de precios, y volverá a florecer con toda fuerza en un futuro inmediato, ya que mientras este siga siendo tan lucrativo, los contrabandistas de siempre, de aquí y de allá, seguirán actuando impunemente. Solo cuando se eliminen las absurdas distorsiones cambiarias y de precios que hoy existen, y que se siguen ensanchando, es que se podrá producir una normalización en las actividades comerciales fronterizas.
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