Rescatar la racionalidad pasa por el trabajo conjunto de todos los actores fundamentales del país
LUIS VICENTE LEÓN | EL UNIVERSAL
La acusación contra el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, y el profesor de Harvard, Ricardo Hausmann, es una estrategia de campaña política más que una acción con sustento legal.
Veámoslo de esta manera. Dos personas tienen una conversación privada, que es grabada clandestinamente y presentada en televisión. Lo único ilegal aquí es la grabación.
Pasemos a la conversación. Hablan de la grave situación económica del país y la necesidad de cambios económicos profundos para abordarla. Si esto fuera ilegal, deberían estar presos 89% de los venezolanos que indican que la situación del país es mala o muy mala.
Describe el Dr. Hausmann un grupo de medidas que, a su parecer, son claves para abordar la crisis, incluyendo la necesidad de buscar apoyo de organismos financieros internacionales, que por cierto tienen precisamente ese objetivo y de los cuáles forma parte Venezuela como miembro activo. El país no se ha retirado pese a las diferencias que el chavismo tiene con ellos, algo que, por cierto, forma parte de su derecho a disentir. Si al gobierno le parece que acudir al FMI es descabellado, aunque esté ahogándose financieramente, pues yo no estoy de acuerdo y lo diré mil veces, pero son ellos quienes deciden la política del país.
Avanzando en la plática, Hausmann indica que se ha reunido con algunos de sus amigos del FMI. Le contó a Mendoza que sus panas, con quienes probablemente ha estudiado y trabajado a lo largo de su brillante vida académica y ha compartido muchos cafés de Starbucks, piensan que el organismo estaría en disposición de ayudar al país en el caso de una crisis económica de grandes dimensiones. Obviamente no pidió una asistencia formal al Fondo, ni abrieron un caso para evaluar esa solicitud, porque, como informó públicamente ese organismo, sólo recibe solicitudes de gobiernos, aunque, por supuesto, como cualquier organización de países libres y democráticos, sus funcionarios pueden reunirse con quienes quieran, oír opiniones y emitir las propias en privado, sin que esto represente una posición oficial. Si eso fuera ilegal, también lo sería reunirse con un embajador apostado en Venezuela y darle o pedirle su opinión cara a cara. Sería ilegal asistir a las presentaciones de los analistas internacionales que evalúan la deuda, porque podrías ser acusado de conspiración. Deberían ir a la cárcel los analistas y profesores que en sus trabajos de investigación entrevistan funcionarios locales o internacionales, para construir escenarios sobre el futuro o aquellos que escriben un papel de trabajo con una propuesta país. Eso de criminalizar el reunirse para intercambiar opiniones, tener posiciones personales contrastantes a las del gobierno y proponer cambios económicos o políticos es impresentable para cualquier país democrático del mundo.
Finalmente, a todas estas, Lorenzo Mendoza se enteró de la opinión y las reuniones con el Dr. Hausmann en esa conversación y resulta que lo usan como excusa para atacar, a través de él, a Empresas Polar, buscando crear un chivo expiatorio en medio de la crisis de popularidad del gobierno. No me puedo, sin embargo, imaginar el impacto positivo de esto en términos políticos, por cuanto el planteamiento es insólito, los atacados son personas de alto prestigio, la evaluación positiva de Empresas Polar ronda el 90%. En reversa, es fácil ver el negativo de esta acción sobre el nivel de confianza en el país, el cual es demoledor.
El país necesita rescatar la racionalidad. Y eso pasa por el trabajo conjunto de todos los actores fundamentales del país. Acciones agresivas como ésta, usadas como estrategia burda de campaña, sólo nos alejan más de la solución que todos merecemos.
luisvleon@gmail.com
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