Por Luis Vicente León | Prodavinci
Durante los últimos meses el desabastecimiento se ha convertido en la preocupación número uno de los venezolanos, superando a la inseguridad. No se debe a que esta última haya mejorado. Simplemente, el crecimiento del desabastecimiento ha sido explosivo, originando que 85% de la población evalúe negativamente esta situación. Este problema ha afectado la popularidad del presidente y del chavismo causando una caída sustancial en la evaluación de gestión del gobierno y en la disposición de voto por el chavismo.
Además del impacto económico del intervencionismo —la inflación más alta del mundo, caída severa del PIB, masiva pérdida de poder adquisitivo, destrucción de capacidad productiva e inversiones y un pico histórico de desabastecimiento y escasez— se trata de analizar el impacto político. El uso de la guerra económica como justificación de la crisis, no tiene credibilidad en un 76% de la población, según arrojan las encuestas de opinión.
Ello hizo al gobierno moverse hacia excusas más tangibles como las acusaciones de contrabando, el paramilitarismo y los inmigrantes ilegales en la frontera. El impacto de esta estrategia en términos de popularidad ha sido nulo. El 95% evalúa mal la acción del gobierno frente al problema. Un 65,4% atribuye la escasez a la falta de acción oficial para abordar la crisis, mientras que 84% considera que las expropiaciones e intervenciones de empresas privadas empeoran todo.
Pero el gobierno parece preso de su caída de popularidad y de los beneficiarios de las distorsiones que se han creado con su modelo. Se niega a adoptar medidas racionales, concentrándose en más control e intervención, reforzando la causa de la crisis. Mientras tanto, se dedica a construir chivos expiatorios para tratar de evadir los costos políticos.
A este último punto pertenecen las últimas declaraciones contra Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar. No se trata de un ataque personal sino de un ataque corporativo, que es sólo la guinda de múltiples acusaciones sin fundamento contra la empresa y una catajarra de arbitrariedades que se han cometido en su contra, mientras la empresa se empeña en mantenerse activa, tratando de garantizar su contribución al abastecimiento nacional.
Parece que el presidente cree que este ataque a Mendoza y a Empresas Polar puede tener un impacto positivo en su imagen interna. Es obvio que la acusación presidencial y su llamado a investigar a Lorenzo Mendoza, por una conversación ilegalmente grabada con el profesor de Harvard Ricardo Hausmann, es sólo una excusa para desviar la atención del problema de fondo: la incapacidad del gobierno para atender la crisis. Lo dicho en la conversación presentada como “prueba” de un complot, no es más que el intercambio de opiniones entre un empresario preocupado por el país y un profesor venezolano de alto nivel internacional, quienes discuten la necesidad de aplicar cambios profundos al modelo económico y de buscar apoyo en organismos internacionales para afrontar la espeluznante situación que se avecina. Proponer soluciones no sólo es un derecho sino también un deber de quienes tiene la formación y las posibilidades de cooperar.
Que el Dr. Hausmann se reúna con amigos de organismos internacionales para debatir posibilidades de financiamiento no significa de ninguna manera hablar “por” el país, pues el FMI nunca lo consideraría así porque sólo atiende solicitudes de gobiernos, como el mismo organismo ha manifestado públicamente. No hay en esa conversación telefónica algún acto ilegal y sólo plantearlo es una acción hostil, innecesaria e inadecuada, en momentos en que el país necesita más bien integración nacional.
Parece que el presidente cree que este ataque a Mendoza y a Empresas Polar puede tener un impacto positivo en su imagen interna de cara a las elecciones, pero el análisis del entorno indica lo contrario. El presidente ataca al representante de una empresa que tiene cerca de 90% de evaluación positiva por el bienestar del país. Además, 75% respalda a Polar cuando indica que hace sus mejores esfuerzos para mantener la producción en Venezuela, pero la escasez de materia prima los asfixia y sus plantas no son suficientes para cubrir los huecos dejados por otras empresas, principalmente aquellas expropiadas por el Estado.
Aparece con claridad lo que busca el presidente atacando a Empresas Polar, en el medio de la campaña parlamentaria a la que asiste navegando en una balsa electoral endeble, en el medio de una tormenta económica. Es una estrategia política. Pero lo que indica la opinión de los venezolanos es que esa acción sólo traería como consecuencia un mayor deterioro económico, la pulverización de la confianza de los inversionistas, la caída de la capacidad productiva, un drama en la distribución y, por cierto, un empeoramiento de la evaluación de gestión del gobierno y el presidente, exactamente lo contrario al objetivo que ellos mismos persiguen.
