MIGUEL BAHACHILLE M. | EL UNIVERSAL
La cultura democrática privativa en países con sistemas de gobierno instituidos en la representatividad, conlleva al reconocimiento tácito o franco de los seleccionados en libres elecciones así sea por exigua diferencia. En la elección presidencial ese principio se hace más relevante porque implica la tutela de la jefatura del Estado con todas sus implicaciones. Cuando el elegido entiende el alcance de su débito republicano se esmera por conciliar con todos los sectores a fin de garantizar la estabilidad política y social, incluso con los discrepantes, ya sea por convivencia cívica o por conveniencia política. Así ocurre en países hasta con menos tradición democrática que el nuestro.
En Venezuela ocurre todo lo contrario. El Presidente deja ver, casi a diario, a través de alocuciones cercadas por su ideología, que no se siente Presidente de 30 millones de venezolanos sino del grupo revolucionario que lo apoya (20% según Datanálisis e IVAD). El resto, el 80%, por contrario, es abiertamente ofendido, agraviado, descalificado y, en algunos casos, hasta enjuiciado. Incluso la oposición legítima, componente indispensable de todo ámbito liberal, es tildada con frecuencia de "apátrida".
¿A dónde nos lleva esto? Sólo instituciones bien ordenadas pueden viabilizar los cambios sociales indispensables. Tarea imposible si se desmantelan para sustituirlas por un patronato que reconoce sólo a la quinta parte de la población como ciudadanos con derechos. Bajo ese esbozo separativo, el progreso y la avenencia agrupada se alejan mientras se incrementa la disgregación. Las posibilidades de éxito bajo esas condiciones es la que tendría un atleta de triatlón que compite con una mano atada a su espalda.
La doctrina liberal reitera que la voz de la opinión pública es eficaz sólo si fluye a través de organizaciones políticas democráticamente fidedignas. Chávez insistió para que la Constitución de 1999 diera relevancia a los partidos políticos como portadores inequívocos de equilibrio republicano. Luego excluyó ese dogma de la vida pública y se arrogó la facultad de ser "único repartidor de bienes" y portador de la voluntad política de 30 millones de venezolanos. Maduro fracasa en su designio de emularlo, entre muchos motivos, por la merma de las divisas petroleras las cuales frenan la inercia derrochadora iniciada hace 16 años.
Hoy se descubre el enredo de ese modelo. El Presidente debe estar sintiendo que incluso buena parte de los que virtualmente lo apoyan comienza a protestar y entender que la solución de sus conflictos requiere de acciones conjugadas entre entidades debidamente capacitadas y no por zarpazos ocasionales como el Dakazo. No es subiendo salarios como se resuelve la escasez ni improvisando una OLP como se mitiga la delincuencia. Sólo "planes integrales" dan respuestas asertivas.
El intento de continuar con disonancias entre ese estilo fingidor de "regencia estatal" y lo que realmente necesita la gente, fracasó. El gobierno lo sabe. De allí que no prive el propósito de gobernar sino de confrontar. El apartheid tiene antecedentes. Se inició con la fatídica "Lista de Tascón". En ella se estampilló, con anuencia presidencial, un contraste entre "nobles e indignos". Desde entonces la bandera política oficialista es prisionera de terminologías fútiles que intentan dividir a los venezolanos de manera artificiosa, tal como lo evidencian las encuestadoras serias del país.
Las ofensas públicas contra el adversario partidista, las dudosas invalidaciones políticas, las sanciones a comerciantes arrinco-nados por la inflación, la vehemencia por símbolos patrióticos con mayor asiduidad de la que el pueblo pueda asimilar, la inconveniente sobreexposición de funcionarios públicos en medios de comunicación, poco le importa a la humilde señora que bajo la lluvia, acurrucada con dos niños, hacía una cola de 200 metros en el supermercado de una zona popular para lograr 3 paquetes de arroz.
No son minorías las afectadas por estas contradicciones. Como tampoco existe una división social expresamente rotulada como lo sugiere el régimen para afirmar que hay dos mitades antagónicas. El 80% siente que el país va mal; que es víctima de la inflación e inseguridad. Como si fuera poco, se está desvaneciendo la conquista laboral lograda a través de los contratos colectivos. Ahora el Estado actúa como patrón único imponiendo las condiciones de trabajo.
La única vía para modificar cualquier disposición corporativa es mediante el voto. Todo lo demás es especulación y fantasía. El 6-D es un día histórico vitalísimo para expresar hacia dónde queremos ir.
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@MiguelBM29
