Vicente Díaz / El Nacional

Conocí a Leopoldo multándolo. La Alcaldía que encabezaba había violado las normas de campaña electoral. Presenté la violación en la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, que me ha tocado presidir desde el año 2006. Leopoldo me solicitó una audiencia para exponer su caso. Al final el Consejo desestimó el caso y no fue sancionado.

En todos estos años fue el único funcionario público que pidió ser escuchado por la Comisión de Rectores encargados del tema. Lo conocí defendiendo sus derechos y utilizando la vía institucional para hacerlo. Me pareció un joven político apasionado por lo que hacía, y muy inteligente.

Luego de eso me tocó muchas veces reunirme con él por razones diferentes. Yo había estado absolutamente enfrentado al carácter de inhabilitación política que en la práctica han asumido las inhabilitaciones administrativas que sanciona la Contraloría. No es posible que se le suspenda el derecho constitucional al sufragio pasivo (derecho de ser elegido) que sólo se debe perder como pena accesoria a una condena penal definitivamente firme.

Leopoldo fue objeto de ese procedimiento (cabe decir aquí que muchos funcionarios afectos al gobierno también) y se le impidió postularse al cargo de Alcalde Metropolitano. Defendí su derecho a postularse, y el de todos los que estaban en esa misma condición. Fui testigo de su extraordinaria batalla por sus derechos, que no era otra cosa que la defensa del cabal cumplimiento de la Constitución. Siempre por la vía institucional sin dejar de comprender la dimensión política que suponía la presión cívica en la calle y en los medios de comunicación.

Leopoldo cambió de partido dos veces, supongo que buscando caminos. Finalmente decidió capitalizar su trabajo político de años fundando su propio partido; también a través de la Copafi. Voluntad Popular se inauguró de manera inédita: ha sido el único partido que eligió su primera directiva mediante el voto popular con el apoyo técnico y logístico del CNE. El PSUV lo ha hecho en varias oportunidades, pero VP es el primero en hacerlo a la primera, siempre un riesgo para un partido en pleno alumbramiento.

En todos estos años nos hicimos amigos. Nos reunimos infinidad de veces, como lo he hecho con innumerables jefes políticos a quienes he aprendido a respetar y en muchos casos admirar. Reuniones para hablar de las garantías electorales, de los derechos políticos de los venezolanos, de la pobreza, de la economía. De la ruta electoral no como una opción sino como la única opción legítima, deseable y viable para hacer vigente la alternabilidad política en el país.

Actualmente Leopoldo está preso. Promovió una política en la calle, La Salida que, según su propio manifiesto de lanzamiento, procura la sustitución del actual gobierno por medio de la activación de mecanismos constitucionales, antes del vencimiento de su período. No comparto esa política por varias razones: abre un período de inestabilidad política que atenta contra el desarrollo económico y potencia la pobreza, impide que el pueblo asuma a cabalidad las consecuencias del proyecto político en el poder y, finalmente, porque todos los intentos de hacer eso desde la caída de la dictadura han fracasado, con la sola excepción del juicio a Carlos Andrés decidido por el propio bloque en el poder.

Pero La Salida podía ser indeseable o inconveniente pero no era ilegal. Era un llamado político a emprender acciones políticas en el marco de la Constitución, según se desprende de cada proclama voceada por sus convocantes. Leopoldo fue apresado a raíz de los acontecimientos en los que derivó una marcha para protestar frente a la fiscalía. Esas marchas son rutina en cualquier país democrático del mundo. Incluso el policía las protege, como ha sucedido infinidad de veces en el país. Al final de esa marcha hubo acontecimientos confusos, lamentables y violentos que culminaron con el asesinato de dos jóvenes venezolanos, dirigentes sociales uno del chavismo y otro de la oposición. Estos acontecimientos deben ser investigados y castigados los responsables sean quienes sean. La violencia política hay que desterrarla de la vida nacional.

Si esa investigación debe incluir a Leopoldo, aún sin indicio alguno de inclinación por acciones violentas de su parte, que así sea. Lo que es inaceptable es que la investigación e incluso el juicio se hagan con Leopoldo recluido. Él es inocente hasta que un juicio justo, independiente y donde tenga todas las oportunidades de defenderse se lleve a cabo públicamente y frente al país, y lo condene. Hasta tanto Leopoldo debe estar libre.

Las guarimbas y demás actos violentos, así como la represión brutal e indiscriminada deben ser condenadas por todos los venezolanos. 43 venezolanos perdieron la vida por la represión o por acciones vinculadas a las propias guarimbas. Eso no puede repetirse nunca más. Como tampoco deben repetirse jamás cuatros de febrero, veintisietes de noviembre o doces de abril. Todos ellos acontecimientos de violencia política lamentables y vergonzosos. Qué pena da ver venezolanos reivindicando algunos de ellos.

Por cierto, el protagonista de dos de ellos, que luego aprendió también que el único camino es electoral, fue apresado y luego liberado por medida de gracia. Eso le permitió a Hugo Chávez alcanzar la presidencia. A pesar de protagonizar la intentona golpista más contundente y violenta de la historia venezolana, fue preso respetándosele todos sus derechos. Al contrario de Leopoldo, nunca estuvo en situación de aislamiento e incomunicación. Puedo dar fe del aislamiento de Leopoldo porque yo mismo he hecho diversos esfuerzos para visitarlo. Todos infructuosos.

Eso no está bien. Es una violación de sus derechos humanos.

Leopoldo debe ser liberado ya. Su juicio debe ser transparente, imparcial y público. El presidente Maduro tiene una historia personal de lucha en partidos que fueron víctimas de la violencia de Estado y de la violación de los derechos humanos. En honor a esa historia debería ser el primero en exigir que cese el aislamiento de Leopoldo López y su inmediata liberación.

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