Marianella Salazar / El Nacional
No hay tiempo que perder. En Venezuela se pasa hambre, lo poco que se consigue tiene precios exorbitantes y la mayoría no puede adquirirlo. La desesperación es tal, después de horas y horas infructuosas en las colas que se hacen en los Mercales y Bicentenarios –en vías de extinción–, que las personas ya están pasando de la impotencia a la acción vandálica, saquean camiones de carga, mercados municipales, automercados, supermercados y afines cada vez que llega uno de los rubros desaparecidos de la canasta básica. Eso acaba de ocurrir en el Luvebras de La Florida, en Caracas, cuando sacaron el arroz y dejaron el establecimiento en el suelo.
En lo que va de año se han contabilizado casi 130 saqueos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha registrado más de 350 actos violentos por falta de comida. La semana pasada, en Timotes, estado Trujillo, una turba enardecida por falta de respuesta gubernamental saqueó Pdval y lo destruyó en cuestión de minutos, después de cargar con bultos de leche, pañales, jabón, azúcar y otros productos de la canasta familiar; en la ciudad capital todos los días hay protestas, agudizadas por situaciones irregulares y abusivas de efectivos de los cuerpos de seguridad, que llegan fuertemente armados a los expendios, escoltando a miembros de los “colectivos”, amedrentando a los dueños para que les vendan los alimentos en las cantidades exigidas y dejando desabastecidas a las personas en las colas.
La crispación es colectiva. Ante la incontrolable oleada de protestas y saqueos, la respuesta del gobierno ha sido decretar el estado de excepción y emergencia económica, para reprimir al pueblo y culpar a empresarios y comerciantes de su fracaso en las políticas económicas. El gobierno no se siente culpable por el cruel espectáculo de la miseria, transmitido en todas las cadenas internacionales de televisión como un hecho insólito y sin precedentes en un país petrolero, depauperado y muerto de hambre, pero que se da el lujo de entregar 1.400 millones de dólares a Cuba para que desarrolle un plan de agricultura urbana, y le sigue regalando 100 millones de barriles de petróleo diarios.
Por más que cacareen la guerra económica y le echen la culpa al imperio, la gente reconoce que el modelo revolucionario es un fraude y que el mayor enemigo del pueblo es el gobierno de Nicolás Maduro; por eso, por el inaceptable deterioro de la vida quieren revocarlo. Pero el hambre no va a esperar al revocatorio, mucho menos si se realiza el año que viene, para dejar el mal gobierno en manos del ex adeco Aristóbulo Istúriz, que es el mismo musiú con diferente cachimbo.
Cuando se acabe la paciencia y explote la olla de presión social también terminarán con los planes de referéndum revocatorio; y cuando eso suceda actuará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Los escenarios son preocupantes. Por un lado está el grupo del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, con el cual se cobija el gobierno; se trata de un sector débil y desprestigiado, fracturado por quienes se disputan el legado de Chávez y se asumen como los verdaderos herederos: Clíver Alcalá Cordones y Miguel Rodríguez Torres, que vienen tomando protagonismo ante la inminente caída del régimen. Por otro lado, se abre la posibilidad para que actúe un sector disidente, institucionalista, que estuvo dispuesto a irrumpir el pasado 6-D si desconocían los resultados parlamentarios, con la diferencia de que hoy está conectado con grupos opositores que hacen resistencia a escala nacional y con algunos líderes políticos importantes, dispuestos a apoyarlos de no darse ninguna salida que ponga fin a este ciclo de oprobio.
