Pedro Palma / El Nacional
Las modificaciones del sistema cambiario que fueron anunciadas el 10 de febrero pasado han generado una serie de cuestionamientos en cuanto a su racionalidad y funcionalidad. El primero de ellos se refiere a la decisión de mantener incólume el control de cambios vigente desde hace 12 años, a pesar de estar este tan corrompido y caduco, sin dar signos de la intención de desmantelarlo progresivamente y de sustituirlo por un sistema cambiario dinámico y eficiente. Otra crítica se relaciona con el mantenimiento de los tipos de cambio preferenciales de 6,30 bolívares por dólar y de Sicad. Esa decisión, si bien busca evitar el encarecimiento de los productos importados, no se justifica desde el punto de vista económico, ya que esas tasas implican la preservación y agravamiento de una sobrevaluación desproporcionada de la moneda. Eso significa que el gobierno seguirá subsidiando las divisas preferenciales a pesar de la crítica escasez que de ellas existe, particularmente después del desplome de los precios del petróleo de los últimos meses. Esa crítica sería aún más grave si el tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar no solo se mantiene para las importaciones de alimentos y medicinas, como ha sido anunciado, sino que también se aplicare a todas las del sector público, pues ello implicaría que un altísimo porcentaje de las compras foráneas se seguirían haciendo a esa tasa fija absurdamente baja, lo cual propiciaría aún más la profunda corrupción que caracteriza el manejo del control cambiario.
Si bien la decisión de crear el Sistema Marginal de Divisas, Simadi, se puede considerar como positiva, pues la misma busca corregir el grave error que se cometió en mayo de 2010, cuando se declaró ilegal el mercado de permuta de títulos valores, o mercado paralelo, han surgido una serie de cuestionamientos y dudas acerca de su posible funcionalidad y eficacia. Si bien se ha anunciado que a través de ese mercado se podrán adquirir divisas libremente y a un tipo de cambio que se establecerá por el libre juego de oferta y demanda, las operaciones de compra-venta de dólares que allí se realicen estarán sujetas a una serie de regulaciones y normas que podrían distorsionar y limitar su funcionamiento, apartándolo de lo que debería ser un verdadero mercado libre de divisas. En efecto, la estrecha supervisión en cuanto al origen y el destino de los fondos, la obligación de canalizar las operaciones a través de cuentas denominadas en dólares en bancos locales cuyos fondos deben ser mantenidos en cuentas en moneda extranjera en el BCV, y el posible requisito de aprobación previa de las transacciones por el instituto emisor pudieran desincentivar la oferta privada de dólares y limitar la cantidad de divisas que se pudieran adquirir en ese mercado.
Otro factor que pudiera distorsionar las operaciones del Simadi es la elevada cantidad de bolívares que se puede destinar a la compra de dólares debido a la alta y creciente oferta monetaria existente. Dado que Pdvsa tendrá que seguirle vendiendo el grueso de sus mermadas divisas al BCV a razón de 6,30 bolívares por dólar, y que sus gastos probablemente seguirán siendo muy elevados, su gestión financiera podría seguir siendo ampliamente deficitaria, particularmente si el precio de la gasolina no es aumentado. Eso la obligaría a seguir buscando financiamiento en el BCV, que seguiría creando dinero inorgánico en grandes cantidades, que generaría un fuerte aumento de la oferta monetaria. Si paralelamente la oferta de dólares en el Simadi se ve restringida por los pocos dólares que puede vender allí Pdvsa, por las bajas reservas internacionales líquidas y por los pocos incentivos de los oferentes privados, las intenciones de bajar el tipo de cambio libre se podrían ver frustradas.
Como se ve, se necesita mucho más que aplicar unas medidas cambiarias aisladas, muchas de ellas sin fundamento económico, como ha sido el caso hasta ahora.
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