José Guerra / Noticiero Digital
Decretar la emergencia económica es cosa seria. No puede ser otro parapeto, tipo “el sacudón” económico, puesto a rodar tiempo atrás por el Ejecutivo para aparentar que está atendiendo la grave crisis nacional o, peor aún, para intentar achacar a la Asamblea Nacional la responsabilidad del deterioro progresivo en las condiciones de vida.
Decretar el estado de emergencia económica es una atribución del Presidente de la República contemplada en la Constitución y en la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción y sujeta a control posterior por parte de la Asamblea Nacional, la cual está obligada a estudiar la medida y, en un plazo máximo de ocho días a partir de su publicación en Gaceta Oficial, aprobar el Decreto en cuestión o dejarlo sin efecto. Se trata no solo de una obligación legal de la Asamblea Nacional, sino de un compromiso de la bancada mayoritaria de buscar las vías del entendimiento y evaluar seriamente todas las alternativas posibles para encauzar la recuperación económica. En ningún momento nos van a encontrar enfrascados en una estrategia tipo Sansón, que busque derribar las columnas de palacio y llevarse todo por delante.
Dicho esto, resulta obvio que la Asamblea Nacional no puede tomar seriamente esta iniciativa en tanto el Ejecutivo Nacional insista en la ficción de una “guerra económica”, al tiempo que oculta y distorsiona la información sobre la situación real del país. Me refiero no solo a los indicadores más elementales sobre la actividad económica, como inflación y crecimiento, sino información detallada y fidedigna sobre la balanza de pagos, las reservas internacionales, los balances auditados de Pdvsa, los convenios internacionales, los fondos de inversión, las asignaciones de divisas, y pare Usted de contar. Se trata de información elemental, sin la cual es imposible no solo evaluar la pertinencia del Decreto en cuestión sino controlar su aplicación pues, una vez aprobado, la Asamblea Nacional tiene la potestad constitucional de revocar el Decreto una vez que cesan las causas que lo motivaron. ¿Cómo podemos afirmar que cesó o no la emergencia económica si no hay cifras oficiales para monitorearla? ¿Acaso viendo VTV?
También debe resultar obvio que esta Asamblea Nacional no puede aprobar un Decreto de Emergencia Económica que tenga como objetivo profundizar aún más el absurdo y fracasado modelo de controles que nos ha traído a la ruina. En tal sentido, los considerandos del Decreto dejan claro que el Gobierno reitera su visión errada y anacrónica de la economía, mientras que el articulado solo pretende legalizar y potenciar aún más la discrecionalidad y el abuso de las autoridades, al tiempo que elimina cualquier límite o control a los negociados y la sobrefacturación. De hecho, para facilitar lo que más bien parece un Decreto de Asalto Final, se autoriza al Ministerio de Finanzas y al Banco Central de Venezuela para fijar límites máximos de ingreso y egreso en efectivo, establecer restricciones a determinadas operaciones comerciales o financieras y restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos previamente autorizados. Literalmente, clavar la estaca final en el corazón del aparato productivo.
Repito, el Decreto de Emergencia Económica será debidamente valorado y discutido en la Asamblea Nacional, con todo el rigor y la seriedad que amerita el caso, esa es nuestra obligación.
