MIGUEL BAHACHILLE M. | EL UNIVERSAL
El constante denuesto gubernativo hacia profesores, alumnos y representantes del núcleo educativo en todos sus niveles, es quizás el más angustiante indicador de la crisis que vive el país. El gobierno se esmeró por estimular la quiebra no sólo de empresas privadas y algunas del Estado que mal que bien proveían cierto tipo de materia prima como cabillas y aluminio; también contra nuestro Sistema Educativo evidentemente hoy en bancarrota.
Una empresa privada pudiere ir a la quiebra si los obreros que en ella laboran se declararan en huelga. En cambio pasaría mucho tiempo antes de percibir la bancarrota de la escuela si los alumnos forjaren un paro indefinido. El naufragio se evidenciaría cuando la conexión educativa en su conjunto quede invalidada para proveer los conocimientos ineludibles en el universo industrial e informático del siglo XXI. La escuela no cierra sus puertas por ser un ente de servicio público; sin embargo ante la negativa oficial de otorgarle recursos adecuados para instituir una ciencia educativa creadora, se concreta su tácita infertilidad; es decir, la bancarrota.
Mil seiscientos docentes de las cinco principales universidades del país han renunciado a sus puestos. En la UCV a partir del 2011 han dimitido 700 profesores de una plantilla de 4.278. La USB, por su parte, perdió 300 docentes de un registro de 1.000. Lo mismo ocurre en las universidades del Zulia y Los Andes (cifras de la Asociación de Profesores de cada entidad citada). Nada diferente ocurre en niveles de primaria y bachillerato.
Como alerta, profesores de la UCV cesaron actividades (4-4-15) por 24 horas para exigir jornales sensatos y dotación de recursos acordes con la eficacia de esa casa de estudios. Planteaba Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores, la posibilidad de recurrir a Unesco para exponer el grave conflicto. ¡Qué bochorno!, docentes de un país petrolero clamando en instancias mundiales por defensa de un derecho ecuménico asiduamente violado por el régimen. Por su parte, educadores de primer nivel y medio llaman a huelga exigiendo salarios justos; ahora por debajo del mínimo.
¿Qué efectos trae la condena revolucionaria contra la educación?
1.- Que el retraso cultural de la escuela, forzado por enemigos de la excelencia educativa, tome aliento si logra materializarse la explicita y sistemática quiebra del modelo tradicional. Así pues la trampa se hace mortífera para la mayoría de jóvenes cuyas familias carecen de posibilidad material y logística para proveerlos de alternativas sustitutivas fuera ni dentro del país.
2.- Que el éxodo de docentes más cultivados nos constriñe a "transigir con lo menos". En otras palabras, dejar la educación de nuestros hijos y nietos a merced de los incapaces. No es ingenua la exacción oficial para instituir un sistema escolar cerrado que busca ahondar la ruptura con el mundo moderno. El mejor avío para esa perversidad es maniobrando los programas escolares. La "educación vigilada", además que induce al atraso, lanza al joven a la calle en un medio ambiente resbaladizo, borroso y violento.
3.- Que la fábrica de desertores también deje fuera de sí a otros actores de la vida pública. La sistematización de controles no deja lugar a dudas del perverso plan. Así lo corrobora el éxodo de médicos de todas las especialidades, ingenieros de disímiles ramas, laboratoristas, enfermeros, odontólogos, radiólogos, maquinistas, técnicos, artesanos, peritos mecánicos y electrónicos, maestros de obras, etc.
Basta referir dos ejemplos para confirmar la disipación social en marcha que pretende arrastrarnos al atraso. El régimen asegura tener "mejor vigilancia" de la medicina pactando con clínicos cubanos; de la ingeniería con constructores bielorrusos o chinos. ¡Que el pago sea en dólares!; ¡no importa! ¡La revolución no puede distraerse en detalles complaciendo a locales presuntuosos"! Lo importante es que la fábrica de desertores no se detenga y dé los frutos buscados: instaurar pleno control a costa de la degradación social.
miguelmer@gmail.com
@MiguelBM29
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