Por Luis Vicente León | Prodavinci
Leopoldo López está en su casa y eso es algo que debe celebrarse, a pesar de que aún no tenga libertad plena. También es importante notar que fue enviado allí, a su casa, por el gobierno que lo había encarcelado en Ramo Verde, lo cual sin duda es una mejora notable con respecto a la condición en la que ha estado durante su larga etapa de prisionero político.
Ojalá esto represente una oportunidad para abrir las puertas a una negociación que permita mejorar las expectativas de solución pacífica a este conflicto que amenaza aún más la estabilidad del país y su deteriorada economía. Sin embargo, es muy temprano todavía para estar claros sobre las razones e impactos futuros de esta decisión, que es muy distinta a otorgar la libertad plena, como demuestran los casos de Iván Simonovis y Antonio Ledezma, recluidos en sus casas desde hace varios años.
Mi primera reacción es que resulta evidente que el gobierno quiere transmitir un mensaje y que está respondiendo a la presión de las protestas y de algunos negociadores internacionales, que tomaron como bandera la liberación de Leopoldo para facilitar acuerdos futuros. Pero esta semana no sólo hemos visto este mensaje de posible apertura no convencional. También vimos la actitud del TSJ de demorar su decisión sobre el antejuicio de mérito en contra de la Fiscal General y la declaración de Henrique Capriles, abriéndose a una potencial negociación política bajo condiciones favorables. Es obvio que algo distinto está pasando.
Si tuviera que apostar (sin tener información privilegiada) diría que hay un movimiento estratégico del gobierno para bajar la presión, quizás como consecuencia de los eventos absolutamente violentos y primitivos que sucedieron en el asalto a la Asamblea Nacional y que fueron demoledores en términos de imagen, para un gobierno ya bastante maltrecho en ese sentido. Puede que eso haya sido demasiado hasta para el chavismo, especialmente el racional, que se plantea un futuro político.
Nada de esto cambia mi opinión sobre los escenarios base que hemos discutido previamente. Puede que se alteren algunos porcentajes de probabilidad, pero no más. Las negociaciones a las que puede estar dispuesto el gobierno están muy lejos de lo que aspira la oposición (salida de Maduro) y especialmente la que espera como triunfo la base opositora, que actúa con sobreexpectativas, como si ya hubiera ganado, y siente que cualquier cosa que se le entregue a Maduro y el chavismo es una traición, pues “ya está contra las cuerdas y ahora hay que cobrar”. Esa es una interpretación basada en deseos, en mi opinión, errónea.
El gobierno puede estar interesado en bajar la tensión porque: la situación política actual representa riesgos para él, pero nadie ofrece su cabeza de forma voluntaria, y menos si no siente que está boqueando o que ya perdió. No existe ninguna posibilidad de que renuncie ni se vaya, ni ofrezca ahora mismo unas elecciones universales, directas y secretas anticipadas debido a los costos de salida infinitos. Tampoco la oposición tiene la capacidad fáctica para sacarlo por la fuerza, ni la unidad estructural para negociar, al menos por ahora, aunque todo pueda caminar después hacia ese escenario, principalmente si el sector militar juega en ese sentido.
La casa por cárcel de Leopoldo no parará la Constituyente, a menos que se abra una negociación nacional, lo que requiere unidad en el chavismo y en la oposición. Un bien extremadamente escaso. Por su lado, los líderes opositores temen la reacción negativa de sus bases si ellos van a una negociación pública, y es difícil que se abran en ese sentido. Pero además, enfrentarán a los líderes más radicales que los acusarán de traidores. Coincido con los moderados. Plantearse una batalla final, sin organización, ni armas, ni líder específico, es un suicidio más que una guerra.
Por otra parte, si el gobierno se ve obligado a detener a la oposición en batalla, la mortandad sería terrible y el impacto en el propio Maduro sería considerablemente negativo, aunque preserve momentáneamente el poder y evite ser destruido en el corto plazo por sus adversarios. Con su imagen en el piso, y grupos militares y paramilitares activados de manera anárquica, sus riesgos se potencian. Más aún cuando el país atraviesa una crisis económica y financiera que tiende a empeorar.
El gobierno no parece temer perder la batalla de calle, pero sí le teme a desestabilizarse y que se produzca una fractura en el sector militar. Tratará entonces de bajar la presión; ése es su objetivo. Parte de la oposición también prefiere bajarla porque sabe que va al suicidio en una situación de perder-perder, y el objetivo de la oposición no es morir en el intento, sino recuperar la institucionalidad democrática.
Hay, sin duda, una oportunidad para la negociación, pero una negociación que no es popular en ninguno de los extremos y que implica concesiones. Me refiero a una negociación donde se reconocen las partes y se abren espacios, sin plantear un conflicto existencial, pero que permita al país retomar a la constitución como brújula necesaria. Una negociación que camine hacia la coexistencia política en un país sin presos políticos y con plenas libertades y con un horizonte claro y aceptado por todas las partes de elecciones libres, transparentes y con voto universal, directo y secreto.
De eso se trata la posibilidad de la democracia.
