GONZALO HIMIOB SANTOMÉ / NYT.es
En los 95 días de protestas en Venezuela, que han dejado 75 muertos, destacan el ensañamiento y la violenta alevosía de la policía y de la Guardia Nacional Bolivariana contra los manifestantes. Lo prueban no solo el elevadísimo número de arrestos por protestas y actos represivos entre abril y julio de 2017, sino también de heridos –un promedio de 300 cada día– y los asesinados por balas, bombas lacrimógenas o de perdigones disparados a quemarropa, que ya supera las 65 personas.
Pero lo que más llama la atención ha sido el silencio militar ante lo que está ocurriendo. El ejemplo más reciente es el feroz ataque perpetrado por una gavilla de paramilitares contra la Asamblea Nacional ante la mirada indiferente pero cómplice de la GNB. Esto es algo muy grave, pero, sobre todo, sorprendente, porque en 2002 por mucho menos que eso, el Alto Mando Militar le exigió al presidente Hugo Chávez la renuncia a su cargo. Hace poco, Vladimir Padrino, mayor general del Ejército y ministro de la Defensa, reconoció las graves violaciones a los derechos humanos por parte de la GNB y exhortó al cese de las “atrocidades”, pero estas han continuado ocurriendo como si nada.
La explicación más común sobre la apatía castrense es que los militares venezolanos están “comprados”. Sus miembros, en efecto, no padecen las penurias comunes a los ciudadanos porque el gobierno chavista se ha ocupado de mimarlos con toda clase de prebendas —bienes, recursos, carros, viviendas y dinero— que en la cada vez más deprimida economía venezolana solo están al alcance de una casta de privilegiados. El Ministerio de la Defensa venezolano goza de un presupuesto nueve veces mayor que el Ministerio de Alimentación y está también muy por encima del Ministerio de Salud.
Los militares de mayor jerarquía (recordemos que Venezuela cuenta con más de 2000 generales, casi todos ellos ascendidos durante la “revolución”), por más que se esfuercen, no pueden ocultar riquezas, viajes y lujos que no podrían ser pagados con sus ingresos regulares. Pero la realidad es distinta para la oficialidad media y la tropa, no tan cercana a los núcleos del poder en los que el enriquecimiento ilícito es fácil y las coimas y comisiones están a la orden del día.
¿Pueden esos generales más que sus miles de subordinados? Aunque el gobierno trate de evitarlo, los oficiales subalternos y la tropa, y especialmente sus allegados y familiares, están en general sometidos a las mismas carencias que el resto de la población. Esto debería ser suficiente para llevarles a asumir una postura crítica mucho más cercana a la de quienes se oponen al presidente Nicolás Maduro que a la de quienes lo apoyan, pero hasta ahora, salvo algunas reveladoras insurrecciones y desobediencias recientes que son inmediata y severamente castigadas –se estiman 123 militares detenidos–, los militares han cerrado filas en torno al gobierno.
¿Qué pasa entonces? El silencio militar es una de las consecuencias de un proceso complejo cuyo alcance está por verse. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene ya casi 20 años sistemáticamente sometida a un intenso proceso de adoctrinamiento ideológico y de aislamiento de la realidad más allá de los cuarteles, obstaculizando la posibilidad de identificación con los anhelos y zozobras de los civiles.
Fuerte Tiuna, la principal instalación militar de Caracas, es un buen ejemplo de este lavado de cerebro. Es una especie de claustro al margen del resto del mundo, una burbuja en la que la necesidad, la inseguridad y la escasez, al menos como se padecen afuera, no tienen cabida. Allí, las pintas con los “ojos de Chávez” están en todas partes. Los oficios y órdenes militares se encabezan siempre con un “Saludo revolucionario, bolivariano, antiimperialista y patriota” y cierran con “Patria socialista o muerte, venceremos”. Basta entrar a cualquier oficina militar para conocer la verdadera “cadena de mando”. En las fotos, por encima del presidente, que se supone es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, está un difunto, Hugo Chávez Frías, a quien todos veneran como el “comandante supremo”, lo cual no puede dejar más que asombro en quienes no pertenecemos al mundo militar.
Además, el sometimiento de la Fuerza Armada al Poder Ejecutivo y proyecto político chavista es una idea que se refuerza ante los uniformados periódicamente, a través de discursos altisonantes, en los que la nota común es la exigencia de respeto a lo que digan los superiores; autoproclamados como intérpretes de la voluntad de Chávez y a veces hasta de la de Bolívar. Los altos oficiales dejan claro a sus subalternos cuál debe ser el camino a seguir si no quieren pasar a ser tenidos como “traidores”. Los méritos reales pasan a un segundo plano, detrás de la lealtad al “proceso”, y la entrega de condecoraciones y reconocimientos a quienes mejor llevan adelante la línea oficial, a veces por el propio presidente.
Por ejemplo, hace unos días, después de que el Coronel Vladimir Lugo, de la GNB, agredió al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges, Maduro le concedió en un acto público la “Cruz de la Guardia Presidencial”. Los miembros del destacamento de la misma GNB que permitieron otra reciente agresión de los grupos de civiles armados contra la Asamblea Nacional fueron premiados con la medalla de “Honor al Mérito”. Antes de eso, otro grupo de GNB también había sido condecorado por su labor “intachable” en los actos de represión recientes. Maduro se refirió a ellos –lo que no deja duda de la intención política del evento– como víctimas de la “oposición violenta”.
No es solo esto, por supuesto, lo que explicaría la inercia militar. No es que los militares subalternos y la tropa no padezcan, al menos en cierta medida, las privaciones generales, pero cuentan con mejores y más eficaces herramientas para enfrentar la aguda crisis del país.
En 2013, el gobierno creó el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ofrece facilidades de crédito y productos bancarios de cómodo acceso a los miembros y personal administrativo de la FANB. Y otros bancos controlados por el gobierno les brindan oportunidades que no existen para el resto de la población. Son también comunes los planes de vivienda y los operativos de salud dirigidos exclusivamente a los militares y a sus familias. Para los militares, al menos en sus cuarteles, sí son accesibles medicinas y alimentos que son imposibles de obtener fuera del mercado negro y a precios exorbitantes. Desde todo punto de vista, los militares son una casta aparte del venezolano común y sus problemas.
Salvo por la GNB, no se ha visto a ningún otro componente militar participando significativamente en la represión de la ciudadanía. Esto podría indicar que no existe entre los uniformados el apoyo irrestricto a Maduro que él y sus voceros pregonan, y, de hecho, están los 123 militares detenidos y acusados de traición y otros delitos.
La oposición venezolana debe buscar la manera de convencer a los oficiales medios y a la tropa en contra de la propaganda gubernamental que afirma que si la oposición llega al poder los privará de los beneficios con los que han sido favorecidos a lo largo de ya casi dos décadas. También debe luchar contra la percepción generalizada según la cual todo uniformado, sea o no de la GNB, es necesariamente un cómplice de las atrocidades de un régimen que solo los cuida para que pongan sus armas al servicio del grupo que se aferra al poder. Mientras ese trabajo no se haga, las puertas de los cuarteles seguirán cerradas a las aspiraciones mayoritarias de cambio, y la llave que puede abrirlas permanecerá en Miraflores.
