Marianella Salazar / @AliasMalula / EL NACIONAL
La vorágine de sucesos en víspera de la consulta popular del 16 de julio tiene en vilo al país y a la comunidad internacional, que esperan como resultado que la Asamblea Nacional instale definitivamente un gobierno provisional que llame a elecciones generales en un lapso no mayor a 90 días.
Los diferentes gobiernos del mundo necesitan contar con un interlocutor interino legítimo para facilitar acuerdos de asilo político para la más alta nomenclatura que se prepara para la huida y la inmediata reconstrucción del país, cuyas pérdidas humanas y estructurales superan las de cualquier nación en guerra en los últimos 20 años.
La destrucción de Venezuela, la miseria y desnutrición, la educación y la pauperizada salud son temas que requieren una alianza internacional para la recuperación de un país que fue refugio de millones de inmigrantes procedentes de la posguerra del siglo XX, del exilio de las dictaduras militares del Cono Sur y del gran prostíbulo del Caribe que hoy regenta a Venezuela: Cuba.
La gran ayuda de la comunidad internacional depende de las acciones políticas de los 112 diputados electos en diciembre de 2015 y que apenas, hace semanas –prácticamente a regañadientes– fueron conminados por la fiscal general de la República a ponerse los pantalones y nombrar los poderes públicos, como el írrito TSJ y un vencido CNE, que vergonzosamente no pudo ser relevado por la Asamblea Nacional durante año y medio por falta de quórum, cuya responsabilidad recae en algunos diputados que le hicieron el juego al régimen.
Luego de más de 100 días en protesta y casi 100 muertos, llegamos a un punto de no retorno con la consulta popular de este domingo, legalmente vinculante (Art. 70 de la Constitución) que destranque finalmente el juego y nombre de manera inmediata a un o una presidente provisional. De no ocurrir este trascendente acontecimiento y llamen a otros trancazos sin consecuencias políticas definitivas, el pueblo indignado pasará descontrolado a otro nivel de protestas que sobrepasará a la dirigencia y escogerá el camino más tortuoso para la salida del régimen.
¿Frente de salvación?
Los posibles acuerdos, asomados por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, al informar que estaba al tanto de la salida de Ramo Verde del preso político Leopoldo López; la discreta reunión en víspera del anuncio oficial de la cúpula de Voluntad Popular en la Embajada de España han desatado inverosímiles conjeturas sobre la salida del régimen. Estamos por ver las consecuencias de esta sorpresiva jugada política.
Por lo pronto, la amenaza del divisionismo en la Unidad Democrática y las inciertas candidaturas presidenciales comienzan a hacer mella en una coyuntura que es toda una prueba de fuego con miras a la conformación de un inminente gobierno de transición. Lo que resultaría inaceptable es un acuerdo para suspender la asamblea constituyente, realizar elecciones regionales en diciembre y así rehuir de un gobierno de transición, acordando elecciones presidenciales sin inhabilitados políticos en diciembre de 2018. Sería una trastada con miras a profundizar la división en la MUD y constituir un frente de salvación del “legado de Chávez” para reconquistar el poder vía electoral, aun a costa de la defenestración del madurismo.
Con ese hipotético escenario quedaríamos en las mismas al empezar las manifestaciones en abril, cuando no se planteaba ninguna constituyente y la dirigencia dispersó el motivo central de las protestas al diversificar las exigencias, que exclusivamente debió ser la salida de Maduro, entonces el régimen adoptó la constituyente y la hizo protagonista.
Derrotar la constituyente sin gobierno de transición es una rendición y una burla al pueblo en rebelión desde hace más 100 días.
