Actualmente Uruguay es el país que más se destaca en Latinoamérica por la mayor cantidad de empleos de alto nivel, su alto ingreso per cápita, su bajo nivel de desigualdad y pobreza y la ausencia casi absoluta de indigencia y niños en la calle.
Su clase media es la más grande de América, incluyendo EEUU y Canadá, representado por el 60 % de su población. También se ubica en los primeros lugares en mediciones de bienestar ciudadano, desarrollo humano, libertad económica y oportunidades.
Cuenta con niveles de eficiencia en cuanto a servicios básicos como educación, agua potable, electricidad, saneamiento ambiental y hospitales y en comparación con el resto de los países del continente Uruguay posee servicios de comunicación e internet más cercano a países del primer mundo.
La estabilidad de las instituciones y los niveles bajos de corrupción se reflejan en el alto grado de confianza que tienen los ciudadanos en el Gobierno.
El Banco Mundial clasificó recientemente a Uruguay como un país de renta alta. Dos características fundamentales, un sólido pacto social y la apertura económica, sustentan el camino hacia la reducción de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida que Uruguay ha transitado con éxito durante la última década.
Según el Índice de Oportunidad Humana del Banco Mundial, Uruguay ha logrado alcanzar un alto nivel de igualdad de oportunidades en términos de acceso a servicios básicos tales como educación, agua potable, electricidad y saneamiento.
La pobreza extrema prácticamente desapareció de Uruguay desde el 2010. En términos de equidad, los ingresos del 40% más pobre de la población uruguaya han aumentado mucho más rápido que el crecimiento promedio de los ingresos de toda la población. Las políticas sociales inclusivas se han enfocado en ampliar la cobertura de los programas, por ejemplo, alrededor del 87% de la población de más de 65 años está cubierta por el sistema de pensiones: este es uno de los coeficientes más altos en América Latina y el Caribe, junto con Argentina y Brasil.
Su economía está basada principalmente en la ganadería pero ha incursionado con mucho éxito en el tema del turismo, la industria del software, las empresas del 2.0 en la internet y las finanzas.
Sus niveles de desempleo son históricamente los más bajos de Latinoamérica con (7,8%) para julio del 2017.
Sin duda alguna Uruguay es el país más cómodo, tranquilo y seguro de América del Sur, sin embargo no escapa a la penetración del narcotráfico y el lavado de dinero a gran escala, ni de los daños directos y colaterales generados por estos dos delitos, tan arraigados entre sus vecinos del continente.
El PIB de Uruguay es de 50.000 millones de dólares anuales y el narcotráfico y las mafias de lavado tienen su mira puesta allí.
El espejo venezolano
Según los expertos, el narcotráfico es la tercera actividad económica mundial detrás del petróleo y la industria armamentista. También es un consorcio violento que mueve un comercio importante, con enormes cantidades de dinero, una fuerza de trabajo a su disposición, medios de transporte y la carta de la corrupción y el chantaje como formas de presión y de poder.
La gran preocupación al estar rodeado de todo este gran mercado en Suramérica es que el narcotráfico y el lavado aumenta la criminalidad y la corrupción, como ha ocurrido en países donde ha hecho estragos como Colombia, México, Brasil y Venezuela.
El narcotráfico dejó de ser el problema de un país que siembra grandes hectáreas, produce y empaca y de otro que sirve de puente. Es un fenómeno global que no conoce fronteras, deja grandes ganancias a sus organizaciones delictivas, tiene operaciones con fuertes tentáculos en cualquier rincón del planeta, habla todos los idiomas, penetra cuerpos de seguridad, sube hasta donde se encuentren las grandes figuras de los gobiernos y el poder, se maneja como una gran corporación transnacional con ganancias que sobrepasan los 300 mil millones de dólares al año y vive del consumo en los países más ricos y con la mejor estabilidad económica del planeta.
El lavado y la penetración de capitales en proyectos estratégicos es el brazo que utilizan estos grupos para maniobrar y cambiar gobiernos. Ocurrió con Venezuela, mientras Colombia y México están en la mira. La forma como se utilizó la principal industria petrolera venezolana para legitimar recursos de la corrupción y otras irregularidades parece ser el mayor temor de los gobiernos de la región que muestran un frontal desencuentro con Cuba y Venezuela.
Tabare y Maduro a la distancia
Las cosas no son las mismas entre los presidentes Tabaré Vásquez y Nicolás Maduro luego de las ofensas propinadas hace un año por el mandatario venezolano contra su antiguo aliado.
Tampoco por la oposición internacional que lidera el propio Luis Almagro, actual secretario general de la OEA y excanciller de Mujica cuando los viejos tiempos de la “revolución bonita”.
Maduro ha acusado en diversas oportunidades al gobierno uruguayo de intervencionista y de pretender inmiscuirse en los asuntos internos del país. Obviamente la hermandad que lideraban Chávez y Mujica se esfumó.
Luego de la victoria de Macri en Argentina y las vueltas ocurridas en Brasil, Colombia y Ecuador, Maduro busca legitimar su gobierno como alma en pena, pero no logra conseguir el aliado perfecto desde la geopolítica suramericana.
Su legitimidad se vino abajo en 2017 desde la fuerte represión armada demostrada contra los manifestantes en 4 meses de protestas que terminaron con más de 150 muertes, 500 presos políticos y la posterior implementación de una fraudulenta ANC que actúa como poder supraconstitucional, capaz de anular la carta magna venezolana y el resto de los poderes mientras redacta sobre la marcha nuevas leyes a su medida.
Pero acostumbrado a su propia actitud arrogante y ofensiva, Maduro prefiere dejar abiertas las heridas de su constante atropello y hacer caso omiso a las críticas. El mismo error de siempre.
Ante las amenazas de Maduro, Vázquez respondió contundentemente en una carta oficial: “A ofensas públicas, disculpas públicas”, demostrando que los apoyos se encuentran cerrados en Uruguay para Maduro.
“Solicito al Sr. presidente Nicolás Maduro que proporcione las pruebas de la infundada denuncia; en caso contrario, es necesario que se retracte públicamente en virtud de que expresiones como las manejadas afectan gravemente las relaciones tradicionalmente amistosas ente los dos países”, concluye la carta de Vázquez.
Maduro prefirió mirar hacia otra parte. Si bien el gobierno no envió la carta al gobierno venezolano, la Cancillería de Venezuela supo de la reacción del presidente Vásquez.
Como es su estilo el presidente venezolano además de no pedir disculpas no hizo ninguna referencia directa al gobierno de Uruguay en los días posteriores. Sí pidió públicamente al resto de los países, en la hora menguada de las protestas en Venezuela, “no traicionar la unidad latinoamericana” y reveló que tenía el apoyo del propio Papa Francisco, pero no especificó si se refería al apoyo a los atropellos llevados a cabo contra los derechos humanos de los venezolanos o a las acusaciones que lo señalan de liderar un gobierno permisivo con el lavado y la corrupción.
Ahora la situación es diferente. El escenario político venezolano agudizó su crisis ante la comunidad internacional de cara a la Cumbre de las Américas y Uruguay coincide en que en este país no hay democracia.
El punto de quiebre fue la intención del gobierno de asumir el papel del Parlamento Nacional desde el TSJ o la osadía de la ANC al adelantar unas elecciones presidenciales, usurpando el papel de la Constitución Nacional Bolivariana.
Uruguay se sumó a una declaración de repudio conjuntamente con los gobiernos de Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia y Paraguay.
El enojo de Vázquez con Maduro incrementó la tensión entre Suramérica y Venezuela, preocupada por la fuerte migración y la pobreza a la que se encuentra condenada la en otrora “mejor economía de la región”.
El presidente uruguayo aún espera las disculpas del mandatario venezolano. La declaración marcó el peor momento de las relaciones bilaterales en 40 años, cuando en junio de 1976 Venezuela rompió relaciones por el caso de la militante anarquista Elena Quinteros. La maestra y manifestante contra la dictadura militar fue detenida e intentó refugiarse en la embajada venezolana en Montevideo. Los militares la sacaron de allí secuestrándola y desde entonces desapareció. El gobierno venezolano decidió romper las relaciones.
La bancada del Frente Amplio decidió tomar posición sobre el enfrentamiento diplomático entre Uruguay y Venezuela tras la carta que escribió el presidente Tabaré Vázquez a su par Nicolás Maduro exigiéndole que se retractara.
Todos los sectores se alinearon con Vázquez y acordaron que en caso de que la oposición presente una moción sobre Venezuela, la bancada se mantendrá unida sobre el tema.
La declaración reconoce la “desestabilización del orden institucional” en el país petrolero con una crisis agobiante.
El tema que quedó por fuera en toda esta discusión política en Uruguay tiene que ver con el auge que ha tomado Venezuela en relación al lavado de dinero en el continente.
Un trabajo publicado por la periodista Maibort Petit para “Venezuela al Día”, reveló que cada vez es más complicado establecer mecanismos de vigilancia y control en un país cerrado para el radar global, que poco a poco se convierte en centro para la legitimación de capitales derivados del narcotráfico y otras actividades delictivas.
En su investigación Petit señala que en Venezuela se dan a la par ambas actividades ilícitas de la corrupción y el narcotráfico y de ese “centro neurálgico” emanan cantidades exorbitantes de dinero mal habido rumbo a países donde los sistemas financieros puedan otorgarle cierta apariencia de legalidad que les permita circular libremente, hasta fortalecer el emporio de narcotraficantes corruptos que se mueven libremente por el mundo.
Ranking de legitimación de capitales
Venezuela se encuentra rankeada actualmente en el lugar 50 entre los 146 países que más legitiman capitales en América Latina según el último informe del Instituto de Basilea sobre Gobernanza.
El Índice Anti Lavado de Dinero (AML, por sus siglas en Inglés) de Basilea mide el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de países basados en fuentes públicas.
Venezuela es el sexto país con mayor índice de lavado de dinero, solo por debajo de Paraguay, Bolivia, Panamá, Argentina y Nicaragua.
Un total de 14 indicadores ocupan las regulaciones ALD / CFT (Contra Financiamiento Terrorismo), entre ellas la corrupción, las normas financieras, la divulgación política y el estado de derecho terminan sumando puntuaciones negativas al riesgo que generan estos países.
Dado que no hay datos cuantitativos disponibles, el Índice AML de Basilea no mide la existencia real de actividad de blanqueo de dinero o la cantidad de dinero financiero ilícito dentro de un país, sino que está diseñado para indicar el nivel de riesgo, es decir, las vulnerabilidades del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de un país.
La última versión evaluó a 146 países contra los 149 en el 2016, siendo los tres países con menor riesgo los mismos en ambos años: Finlandia, Lituania y Estonia.
Los 10 países con mayor riesgo a nivel global son Irán, Afganistán, Guinea-Bissau, Tayikistán, Laos, Mozambique, Malí, Uganda, Camboya y Tanzania. Los países que más se deterioraron en sus puntuaciones fueron Jamaica, Túnez, Hungría, Uzbekistán, y Venezuela.
El Indice AML es utilizado por el sector privado como una herramienta establecida de calificación de riesgo.
La mayoría de las economías de América del Sur comienzan a preocuparse por el auge que ha tomado Venezuela en relación al lavado de dinero en el continente. De seguro, uno de los puntos a discutir en esta próxima Cumbre.
@damasojimenez
damasojimenez.com
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