jueves, 25 de julio de 2013
Verdad verdadera vs verdad procesal. Eduardo Semtei
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Eduardo Semtei / El Nacional
Es clarísimo que las decisiones administrativas y judiciales de toda la estructura del Estado venezolano confirmarán sin dudas la decisión del CNE en lo referido a la proclamación de Nicolás Maduro Moros como presidente de Venezuela. Tal proclama ha sido reconocida directa o indirectamente por la inmensa mayoría de los países del mundo. Por la ONU y la OEA. Por el Papa, por Mercosur. En fin. Nadie en el globo ha declarado abiertamente su desconocimiento de Maduro. Ningún mandatario ha dicho que es ilegítimo. Y eso parte de una realidad muy concreta. Un principio que opera, yo diría, afortunadamente, en la mayoría de los casos, a favor de la democracia y de las mayorías, aunque en nuestro caso doméstico no sea exactamente esa la situación, ese principio reza que lo países respetarán las decisiones de los poderes públicos de los vecinos.
Así fue el caso en Honduras y así fue el caso en Paraguay, aunque debemos admitir que fueron de signo contrario a lo acontecido en nuestra patria. En aquellos dos países se impuso la democracia. Nosotros, incluidos la MUD y el propio Henrique Capriles Radonski, reconocimos las decisiones de sus respectivos poderes, en especial del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ya el TSJ rechazó la solicitud de impugnación hecha por Henrique contra varios de los magistrados del TSJ que van a decidir sobre los resultados electorales. Eso es un claro presagio, más bien una superafirmación de que el sistema judicial, por vía de su máximo nivel, va a declarar que el proceso electoral del 14 de abril fue justo y que Maduro no puede ser más legal.
Ahora estamos en disyuntiva. ¿Aceptamos la verdad procesal que corona el reinado de Nicolás y Cilia, aunque contradice la verdad verdadera, o nos alzamos y la desconocemos? Pero, ojo, si desconocemos las decisiones del TSJ y del CNE, debemos desconocer sus actos administrativos, los decretos, los ministros, todas las sentencias. Y seguramente deberíamos, en consecuencia, declarar a Henrique presidente y nombrar por nuestra cuenta un Tribunal Supremo de Justicia y seguramente unos ministros. Luego deberíamos nombrar el Estado Mayor Conjunto y al jefe de la policía. Más tarde, nuestros propios fiscal, contralor y pare usted de contar.
Ese camino, amigos míos, nos conduce a la desaparición, a la locura, cuando no a un enfrentamiento en el cual no tenemos, ciertamente, ninguna posibilidad de ganar y mucho menos de granjearnos las simpatías de otros países y mandatarios. Seríamos unos orates, unos locos alzados contra los poderes públicos, un grupo de desalmados animando enfrentamientos, unos conspiradores contra la democracia y la estabilidad.
Por allí no va la vaina, e insistir en desconocer a Maduro es errar, insisto, desconocer la verdad procesal no nos ayuda. Nos perjudica a la larga. Prefiero el camino de aceptar claramente la decisión del CNE y del TSJ, declarar que la acatamos pero no estamos de acuerdo, que la denunciamos como inconstitucional. Hacerle un llamado a nuestros 7,5 millones de electores para ratificar su voto en diciembre y propinarle una derrota aplastante al Gobierno, mediante la conquista de las 100 principales alcaldías con más de 75% de la población electoral. Luego llamaremos a un revocatorio de 35 diputados para alcanzar una mayoría de 100 diputados. De inmediato una reforma constitucional para relegitimar los poderes públicos y, finalmente, un referéndum revocatorio a Maduro. Ese es el camino que yo veo. Lo considero muy probable. Expedito.
Alzarse contra la Constitución y sus leyes es más que una torpeza una estupidez. El que insiste en su error se condena.
