FERNANDO OCHOA ANTICH | EL UNIVERSAL
Vastos sectores de nuestra sociedad han venido planteando, desde hace algún tiempo, la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de enfrentar la inmensa crisis política, social y económica que vive Venezuela. Sus razones son muy convincentes y justificadas. La más importante es, sin duda, la certeza que tienen esos sectores de que no es posible superar la actual situación nacional sin modificar el sistema político establecido en nuestro país desde 1998. Están convencidos que este objetivo sólo se puede alcanzar logrando superar el control político que actualmente tiene el chavismo de todas las instituciones del Estado. Este control fue obtenido, violando los principios que inspiraron la Constitución de 1999, tales como el pluralismo democrático, la reelección indefinida y el apoliticismo de la Fuerza Armada.
María Corina Machado, en una reciente entrevista, respaldó dicha tesis, comparó la constituyente de 1946 con la de 1999, recordando que la primera había sido mucho más amplia que la segunda al estar representados todos los sectores políticos e ideológicos que existían en la Venezuela de esos años y señaló que ella aspira a que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente cuya iniciativa surja de las propias bases populares y no de una persona ni de un grupo político en particular. Este planteamiento tan importante me hizo reflexionar sobre el tema. Sin lugar a dudas, una Asamblea Nacional Constituyente permitiría tener los instrumentos necesarios para lograr realizar una profunda transformación política en Venezuela, pero habría que evaluar los riesgos de esa convocatoria y el momento apropiado para hacerlo.
Los riesgos que surgen provienen de la esencia jurídica de lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. Los diputados miembros de dicha asamblea concentran, como cuerpo colegiado, un inmenso poder que ejercen sin ningún tipo de límites. Venezuela se encuentra gravemente fracturada, sin que se observen indicios de una posible reconciliación nacional. Esta grave circunstancia política obliga a la oposición democrática a estar segura de obtener una sólida mayoría de votos que le garantice el control de la Asamblea Nacional Constituyente. De no tener esa certeza, sería un suicidio político convocar a unas elecciones para constituyente. El chavismo ha querido modificar la Constitución Nacional desde el 2006 para establecer un régimen socialista. De lograr el PSUV la mayoría impondría su visión ideológica a rajatabla.
La actual situación política venezolana es absolutamente diferente a la existente en nuestro país después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. En ese momento, existía en Venezuela un importante consenso entre todas las fuerzas políticas para establecer un régimen democrático que le pusiera punto final a nuestro tradicional militarismo. Ese consenso se expresó en la Constitución de 1961. Nuestro actual momento histórico es más parecido al vivido en Venezuela durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1946. La división nacional existente como consecuencia del golpe de Estado de 1945, el grave enfrentamiento nacional, la tendencia hegemónica de Acción Democrática, y las ambiciones de Marcos Pérez Jiménez produjeron las causas del 24 de noviembre de 1948 y la larga dictadura militar...
El consenso político en Venezuela no es posible lograrlo motivado a la profunda diferencia ideológica existente entre el PSUV y la oposición democrática. Son dos visiones de la sociedad y del Estado completamente diferentes. Es imposible armonizar un pensamiento socialista, de tendencia totalitaria y estatista, con una visión democrática, pluralista, alternativa y libertaria. Esta realidad impide totalmente cualquier diálogo político y la posibilidad de lograr un acuerdo para promulgar una constitución que permita armonizar esas dos tendencias ideológicas. Esta limitante indica que una Asamblea Constituyente convocada en medio de la actual situación política traería por consecuencia la aprobación de una constitución que sólo contaría con el respaldo de la mayoría. Una constitución aprobada de esa manera no tendría vigencia en el tiempo...
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