EZEQUIEL VÁZQUEZ GER | EL UNIVERSAL
La crisis social que vive el país es, en parte, responsabilidad de la impunidad en la cual viven muchos funcionarios públicos y sus cómplices testaferros y asociados. La inexistencia de un sistema judicial independiente hace imposible que estas personas paguen por los crímenes cometidos en materia tanto de Derechos Humanos, como de corrupción.
Sin embargo, muchas de estas personas viajan permanentemente a Estados Unidos. Poseen grandes propiedades, empresas y cuentas bancarias allí. Si la justicia en Venezuela es inviable, entonces es en Estados Unidos donde se debe actuar. Las autoridades federales norteamericanas podrían iniciar acciones focalizadas sobre aquellos individuos dentro del gobierno que han sido responsables tanto de los asesinatos, como de la censura en los medios, la represión y el abuso de poder. Ellos saben muy bien quiénes son y dónde están sus activos. El precedente para este tipo de acción ya existe bajo el nombre de "Ley Magnitsky".
Sergei Magnitsky fue un abogado ruso, detenido por las autoridades de su país en el año 2008 mientras se encontraba investigando un caso de corrupción. Magnitsky murió en la cárcel, luego de 358 días durante los cuales fue víctima de incontables torturas. Pero su muerte no quedó impune. En diciembre de 2012, el Congreso de Estados Unidos aprobó lo que se conoce como la "Ley Magnitsky", la cual obliga al Poder Ejecutivo a revocar las visas y congelar los activos de aquellos funcionarios involucrados en su muerte. La ley parte de la premisa de que muchas de las violaciones a los derechos humanos en el mundo ocurren por dinero, y que dicho dinero, suele terminar en cuentas bancarias, propiedades y empresas en Estados Unidos.
Una nueva Ley Magnitsky de alcance global podría aislar la capacidad de funcionarios corruptos de acumular, proteger y disponer de sus recursos, contrarrestando de manera efectiva lo que ocurre en Venezuela, y cambiando la política externa de Estados Unidos hacia una política basada en principios.
A través de la revocación de visas y el congelamiento de activos, Estados Unidos se encontraría en una posición privilegiada para luchar en contra de estas violaciones a los derechos humanos e incluso contribuir a que acaben los acontecimientos de violencia en los que se encuentra sumergido el país. Los derechos humanos son universales, y no deben estar limitados a los asuntos internos de un país. Si Estados Unidos puede hacer algo para prevenir estas violaciones, debe hacerlo. Una Ley Magnitsky Global podría ser el camino adecuado.
Ezequiel Vázquez-Ger es consultor y analista político en Washington DC.
@Ezequielvazquez | www.ezequielvazquez.com
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