Por Adolfo P. Salgueiro /El Nacional

Desde hace semanas, si no meses, la prensa viene reseñando casi a diario los trámites institucionales que se adelantan para la renovación de los mandatos vencidos de algunos rectores del Consejo Nacional Electoral, de algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y también de los miembros del Poder Moral (fiscal, contralor y defensor del pueblo).

Si uno se atiene a la pura noticia y a las declaraciones de los voceros oficiales, bien se pudiera pensar que estamos en presencia de un escrupuloso y muy transparente proceso de selección destinado a designar a los ciudadanos más capacitados y honorables para cada uno de esos cargos desde los cuales se contribuye decisivamente a la consolidación del Estado de Derecho y de justicia que dibuja nuestra Constitución.

Llamados a concurso, llamados a postulaciones, llamados a impugnaciones, comités de selección y demás instancias parecerían sugerir que se cumplen fielmente todos los pasos que garantizan el mejor resultado para el país pero –lamentablemente– todos sabemos que debajo de ese publicitado sometimiento a las formas se esconde una implacable realidad: que los nuevos rectores del CNE no serán apolíticos, que los nuevos magistrados del TSJ tampoco lo serán y mucho menos los integrantes del Poder Moral. ¿Imagina usted un fiscal general ecuánime en velar por el Estado de Derecho o un contralor que tenga el guáramo de revisar y/o impugnar las cuentas del oficialismo o un defensor del pueblo que defienda al ciudadano en lugar de justificar al gobierno?

Es este el ropaje que el gobierno nacional exhibe ante el mundo (cada vez con menos éxito) para promover la imagen de acatamiento a la ley, pero todos sabemos que varios de los rectores del actual CNE eran militantes del partido de gobierno hasta una semana antes de su elección, que un actual magistrado nada menos que de la Sala Constitucional del TSJ era diputado oficialista hasta un par de días antes de su elección a la máxima instancia judicial y que otros tienen antecedentes parecidos, y pare usted de contar. (¿Recuerda a Aponte Aponte y a Velásquez Alvaray, procesados por delincuentes?).

Es cierto que un sistema democrático se basa en la prevalencia de las mayorías, pero no es menos cierto que ello requiere también el respeto a las minorías tanto más cuanto que el número entre unos y otros (oficialismo y oposición) fue prácticamente igual en la ultima elección y es obvio que quienes nos oponemos al gobierno hoy día somos muchos más que quienes lo apoyan según todas las encuestas. Este articulista intuye que después de tanto aspaviento todo quedará igual. Anótelo.

Por eso es que se requerirá un gran acuerdo nacional porque con un precio petrolero (60 dólares el barril) equivalente al que se utilizó para formular el presupuesto de 2015 ya no habrá con qué aprobar los créditos adicionales que desde hace varios años vienen suplementando las cuentas publicas, no habrá con qué esconder recursos del situado constitucional, ni con qué alimentar a los pedigüeños de Petrocaribe y ALBA. En ese momento se acordarán de que Venezuela es miembro y tiene un cupo crediticio en el “maldito” Fondo Monetario Internacional cuya directora (Mme. Lagarde) tiene un spaghetti en el cerebro, según reciente afirmación del señor Maduro. Esa “infame institución” tiene ni más ni menos que la función –y los recursos– para asistir a los países miembros que atraviesan dificultades con sus reservas internacionales y –como todo banco– requerirá seguridades de pago y reembolso de los montos que entregue. España, Portugal, Grecia y otros tuvieron que entrar por ese aro y –mal que bien– van saliendo de sus crisis con sacrificio y disciplina. Eso sí, para eso tuvieron que aceptar algunas condiciones. Si Venezuela y sus ideólogos socialistas prefieren no quitarse las gríngolas, tienen todo el derecho y también la responsabilidad de hacerse cargo de las consecuencias de esa decisión. Hay un viejo dicho popular sajón que reza: “No hay almuerzo gratis”. Los que hoy mandan tienen la responsabilidad.

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