José Guerra / ND
Para algunos, el gobierno de Maduro no está haciendo nada en materia económica mientras la crisis hace estragos, para otros sí está haciendo. Yo estoy en la línea de quienes piensan que en Venezuela está en curso el ajuste económico más draconiano y de peor calidad que gobierno alguno haya hecho en la historia venezolana. La política económica aplicada por Maduro en sus dos años ha consistido principalmente en comprimir las importaciones hasta un punto tal de provocar una caída sustancial de la actividad económica, de 4,0% en 2014 y muy probablemente mayor al 6,0% en 2015. Estamos hablando de una pérdida de ingresos que solo ocurre en situaciones muy especiales, como una conflagración o un desastre natural.
Ese ajuste que han llevado a cabo el gobierno madurista y sus ministros de la economía, tal vez sin saber lo que hacen, se ha basado en la aplicación de medidas restrictivas al comercio exterior sin implementar de manera explícita una devaluación del bolívar. Es decir, el gobierno ha pagado todos los costos de la devaluación y no ha obtenido ninguno de sus beneficios. Una devaluación tiene el objeto de inhibir las importaciones para promover al sector exportador y la producción interna y, de paso, mejorar la situación fiscal del gobierno. Las acciones encaminadas a frenar administrativamente las importaciones se han traducido en una caída estimada de 40% de los bienes finales, materias primas y bienes de capital importados, entre 2012 y 2015. Con esa declinación brutal de las importaciones el resultado es una recesión profunda de la economía.
Al mismo tiempo, las exportaciones no petroleras disminuyeron 25,0%, la inflación acumula un aumento de más de 220,0% y el déficit fiscal se ha expandido, en el mismo lapso. De esta manera, este ajuste económico aparatoso ha colocado a Venezuela en el peor de los mundos, con contracción de la economía, elevada inflación, escasez, desvalorización, en los hechos, de la moneda, e inviabilidad fiscal. Por esa razón, la pobreza ha rebrotado hasta sobrepasar el 50,0% en 2014, según estudios más recientes no publicados todavía.
Es evidente que con la situación descrita, la intranquilidad social aumenta y se conforma un cuadro que propicia la conflictividad porque muchos no están dispuestos a aceptar mansamente que la inflación les destruya su poder adquisitivo. El gobierno ha respondido encarcelando a los gerentes de algunas cadenas comerciales, con decomisos de mercancías y con amenazas permanentes a los productores que todavía se arriesgan a trabajar en Venezuela.
Con ello trata de desviar la atención de la grave crisis económica, al lucir incapaz de manejarla y buscarle soluciones. Como esa crisis avanza, el gobierno optó por doblar la apuesta y fue por la cabeza de líderes políticos, en un claro intento de suprimir la actuación legal de partidos de oposición, para de esa forma forzarlos a tomar atajos fuera de las vías constitucionales, para con ello acentuar la represión. El cierre de espacios para la política legal ya ha ocurrido en el Municipio Libertador, en Caracas, donde el alcalde Jorge Rodríguez, prohibió las manifestaciones de cualquier tipo, de las formaciones políticas y sociales que no sean las oficialistas. Por estas razones, claramente Venezuela está perdiendo los atributos que la definían como una democracia, porque una democracia es más que votar cada cierto tiempo.
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