Por José Guerra / El Nacional
En esta coyuntura en la cual Venezuela va a un desenlace de la crisis que hoy vive, dos propuestas se disputan el poder. Son dos y únicamente dos las tesis políticas que hoy dirimen sus fuerzas. Hoy no cabe una tercera vía. La primera es la del socialismo del siglo XXI, y la segunda, la de la democracia progresista. Los experimentos socialistas basados en el marxismo-leninismo y el estalinismo, como el venezolano, han significado el control y la centralización del poder del Estado por parte de una camarilla del partido de gobierno. Basta mirar la composición y el papel que cumplen los poderes Legislativo y Judicial para comprender el dominio absoluto de la institucionalidad política por una falange. Esto ha llevado a un vaciamiento de la democracia como forma de gobierno, toda vez que los poderes que deberían contrabalancear la tendencia siempre autoritaria del Ejecutivo literalmente no existen. Democracia no es exclusivamente votar cada cierto tiempo.
Jueces y tribunales al servicio de un partido son la tónica que impregnan el establecimiento político venezolano conviviendo con un cuadro represivo que hace cada vez más difícil el ejercicio de la política aun por vías legales. La figura del imputado se ha convertido de hecho en negadora de los derechos políticos de quienes son apresados en una protesta. El Parlamento, el foro político típico de una democracia, ha degenerado en una especie de ring de boxeo donde el insulto sustituye el debate, y el allanamiento de la inmunidad parlamentaria es un acto rutinario, y se usa para ello una circunstancial mayoría simple. El uso abusivo y ventajista de medios de comunicación en una doble estrategia que ha implicado a testaferros para adquirir periódicos, televisoras, radios y otros medios electrónicos y al unísono un ritornelo de cadenas y micros permanentes por radio y TV para exhibir un país idílico.
En lo económico, el socialismo del siglo XXI ha significado la estatización de los medios de producción, la exacerbación de la dependencia del petróleo, el empleo de los controles de cambio y de precios como mecanismos de sometimiento político de las empresas y la conformación de la boliburguesía, enriquecida de forma relampagueante.
Frente a ello, la tesis de la democracia progresista plantea que Venezuela requiere un nuevo modelo de desarrollo, basado en lo político en un Estado realmente democrático donde la independencia de los poderes no sea un enunciado teórico sino una realidad material. Donde no hay independencia de poderes prevalece el despotismo. La alternabilidad del poder y la descentralización son componentes esenciales de la propuesta de democracia progresista.
Los pilares del nuevo modelo de desarrollo son tres: la igualdad de oportunidades, la libertad y el respeto a la ley. Una sociedad de hombres iguales en oportunidades, y libres, viviendo bajo el amparo de la ley, no de la voluntad de otro hombre. Las bases económicas de la democracia progresista se anclan en la inserción de Venezuela en la economía mundial y, en lugar de ser un simple proveedor de petróleo, el país tendrá que relanzar su industria manufacturera, en una relación de complementariedad con los hidrocarburos. Junto con ello, la diversificación de la economía y una política macroeconómica que disminuya la inflación, eleve la productividad y recupere los salarios reales. Para que esto sea posible habrá que transformar el Estado, reducir su papel empresarial y fortalecer lo social. Propiciamos el desmontaje sostenido de los controles de precios y de cambio y también una gran alianza entre el Estado, los trabajadores y el empresariado para aumentar la producción y el empleo. Son dos modelos: uno que fracasó y el otro que comienza a aflorar.
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