ALBERTO JOSÉ HURTADO B. | EL UNIVERSAL
Recurrir a más restricciones para la compra de los productos escasos (utilizando el último número de la cédula de identidad, RIF y constancia de residencia); restringir las libertades ciudadanas al impedir la libre circulación por zonas cercanas a bodegas, supermercados y abastos, y eliminar el uso de establecimientos comerciales según el gusto y preferencia del consumidor; aumentar las presiones a los actores privados encargados de producir bienes y servicios (con supervisiones, auditorías y mecanismos de control como el 0800-Lojusto y 0800-Patriota); e insistir en el racionamiento de la poca mercancía producida actualmente en el país (como vía para garantizar mayor justicia para la sociedad venezolana), representa una señal inequívoca de que el gobierno nacional juega a la inacción para corregir los problemas económicos que hoy tiene la nación.
La despreocupación total que el sector público venezolano tiene por el grave estancamiento y profunda inestabilidad de precios que la economía nacional sufre desde el primer trimestre de 2014, nos tiene a puerta de ser testigos de la primera hiperinflación venezolana de la historia y amenaza con fragmentar los cimientos políticos, económicos y sociales del país. Pensar que más restricciones a la relación entre oferentes y demandantes es la solución no hace más que reforzar el pensamiento lineal de la economía que el gobierno nacional insiste en utilizar, que evita tomar en cuenta todas las dimensiones de la realidad económica nacional, descarta el concepto de costo de oportunidad, refuerza el principio de la "estructura de costos" en toda actividad económica y sirve para justificar la confrontación entre ciudadanos (especulador/no especulador), incapaces de tomar decisiones racionales de producción debido al actual desorden de nuestra economía.
El esfuerzo del gobierno hoy debe girar entorno a decisiones de política económica que corrijan los graves desincentivos a la producción que originaron el estancamiento de la economía (desmontar controles de precios y de cambio, llevar a cabo política monetaria y política fiscal prudente, y garantizar la seguridad jurídica necesaria para cualquier actividad económica), junto con un esfuerzo para lograr el consenso y acuerdo político general que deje claro la preocupación del sector público por la pérdida de bienestar social que sufrimos los venezolanos debido a la estanflación.
@ajhurtadob
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