César Miguel Rondón / El Nacional
En un tuit de El Nacional, ayer leíamos que para el embajador venezolano en la OEA, Bernardo Álvarez, la solicitud de ayuda humanitaria para nuestro país lo único que hace es esconder la intención de una invasión. Algo así como que se mueran los venezolanos. Qué importa. La patria soberana hay que defenderla. Para otro momento quedará discutir qué es el patria. ¿Un gobierno o una nación inmensa de millones de habitantes pasando penurias? Eso quedara para otro momento. El criterio de Bernardo Álvarez es el mismo criterio que ha expuesto Calixto Ortega, ahora flamante Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
El Nacional destaca hoy como su gran titular: “La ley que afronta la crisis de salud fue declarada inconstitucional. La Sala Constitucional argumenta, en la ponencia redactada por el ex diputado del PSUV Calixto Ortega, que el parlamento usurpa competencias del presidente en estados de excepción y en materia de relaciones internacionales”. Puntualiza: “La medida de la Asamblea Nacional fue totalmente irracional y desproporcionada”. Y, a la vez, en un acto de adulancia vergonzosa e improcedente en un documento de este tenor, destaca la sentencia que: “son notorios los esfuerzos del Ejecutivo para resolver el desabastecimiento de medicinas creado por la baja de los precios del petróleo”. Lo de menos, tanto para Bernardo Álvarez como para Calixto Ortega, es la situación de los venezolanos. Como es lo de menos para Nicolás Maduro, Cabello, Rodríguez y tantos otros altos personeros del régimen. Lo demás, sin duda, es poder permanecer aferrados al poder. Lo de menos es que se sigan muriendo los venezolanos. Como el dramático caso de la señora Venancia Cárdenas de Rodríguez, de 44 años -narrado hoy por el diario La Nación, de San Cristóbal-, quien se ahogó cruzando a nado el río Táchira, desesperada buscando un medicamento en Colombia que debía tomar todos los días.
Para Calixto Ortega la señora Venancia no tiene la menor importancia.
¿Pero quién es Calixto Ortega? Si se han criticado a los “magistrados express”, él es el más emblemático de todos. Fue candidato en voto lista del Gran Polo Patriótico en las pasadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Y ni siquiera en voto lista logró salir como diputado. Y, a última hora, es propuesto como magistrado sin haber ejercido jamás como juez en ninguna instancia de los tribunales de la República. Es abogado con Maestría en Derecho Político en la Universidad del Zulia. Pero en su currículum lo que se destacan son actividades de un militante político-partidista, no de un miembro de la judicatura. Fue diputado a la Asamblea Nacional en los periodos 2000-2005 y 2006-2010, y viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Maduro lo nombró Encargado de Negocios en la Embajada en Washington, y de allí fue echado cuando el gobierno norteamericano lo declaró persona non grata. Ningún mérito, pues, ninguna experiencia en el ámbito judicial. Es sólo es un activista, una ficha política. Y por ello esta ficha política produce esta absurda sentencia que sólo tiene intenciones políticas.
Pero no solo para eso se presta el Tribunal Supremo de Justicia. El Universal destaca hoy: “El gobierno solicitó ante el TSJ amparo cautelar por el revocatorio. El recurso busca impedir, según Jorge Rodríguez -quien ya se olvidó de la Alcaldía porque ahora por lo visto es sólo Presidente de la Comisión Presidencial de la verificación de firmas-, que se cometa un inmenso fraude contra la Constitución por parte de la MUD, que presentó las rubricas ante el Consejo Nacional Electoral para activar el revocatorio”.
¿Qué hay detrás de esta acción? El Nuevo País lo define muy bien: “El Tribunal Supremo de Justicia a punto de anular el Referéndum Revocatorio. Tras la formalidad de recibir la denuncia de Jorge Rodríguez, la Sala Constitucional estudia paralizar el referéndum amparados en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.”
Piense usted, estimado lector, por un segundo en esto: que no haya referéndum revocatorio, ya no por la marramucias que vienen del despacho de Tibisay Lucena y demás rectoras del CNE, sino por una decisión inapelable del Tribunal Supremo de Justicia. Piense usted qué pasaría.
A todas estas, los diplomáticos acreditados en nuestro país fueron convocados a la Cancillería por Delcy Rodríguez. Ella les informó, oficialmente a nombre del gobierno, que de ninguna manera este año habría revocatorio. La reacción de los diplomáticos, según reseña El Nacional, ha sido de alarma. Para ellos la no realización del referéndum este año podría aumentar la violencia.
La violencia, pues. La violencia, que ha sido nuestro tema recurrente e inevitable en todos estos días. La violencia, por lo visto, es la única apuesta que le queda al régimen. Y violencia es dejarnos sin revocatorio por una trapisonda, una marramucia más del Tribunal Supremo de Justicia.
