Polar, la principal empresa del sector de alimentos y que coloca en el mercado marcas emblemáticas para los venezolanos como la Harina Pan, arroz Primor, atún Margarita, avena Quaker, salsa de tomate Pampero, jugos Yukery, aceite Mazeite y margarina Mavesa, entre otras, se ha convertido en el espejo que refleja las dificultades para producir en Venezuela.
Día a día, los gerentes enfrentan el reclamo de los proveedores en el exterior por el retraso en el pago, plantas paralizadas por la escasez de materia prima, ausentismo laboral, fallas eléctricas, precios controlados que no reportan rentabilidad, costos y retardos por la regulación de la distribución e incontables inspecciones por parte de los organismos públicos.
La deuda
El control de cambio que el gobierno instauró en 2003 implica que Polar no puede adquirir libremente las divisas que requiere para comprar la materia prima, los insumos y los repuestos que resultan indispensables para mantener al tope la producción. Para importar, la empresa debe superar una larga lista de obstáculos: el primer paso consiste en obtener una serie de permisos como el certificado de que lo que va a adquirir en el exterior no está disponible en Venezuela. Luego es necesaria la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) que otorga el Centro de Comercio Exterior (Cencoex). Con este documento en la mano Polar contacta al proveedor en el exterior que entonces envía la mercancía a Venezuela.
Cuando el cargamento arriba a puertos venezolanos y se efectúa el chequeo para garantizar el buen uso de las divisas, el gobierno debe emitir la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), y posteriormente, Polar deposita en el Banco Central de Venezuela los bolívares para cancelar los dólares. Finalmente, el gobierno cancela directamente al proveedor.
Pero no siempre la cadena tiene un final feliz. El gobierno no ha cumplido con el pago a tiempo a los proveedores y existe una deuda de 370 millones de dólares. La consecuencia es que en este momento Polar tiene todas las líneas de crédito suspendidas; es decir, sólo recibe materia prima cuando paga de contado.
Lorenzo Mendoza, presidente de Polar, explica:
“Tenemos una deuda de 370 millones de dólares con proveedores internacionales, algunos tienen expedientes de más de 800 días que el sistema cambiario no les ha honrado, eso no es viable y no tenemos líneas de crédito. Por eso tenemos una ruptura de inventarios, porque a menos que se le pague a los proveedores no hay despacho de materia prima. ¿No quieren hablar de eso? Hay que hablar, porque los proveedores llegaron al llegadero y aquí hay un régimen de control de cambio por decisión del Ejecutivo Nacional”.
Desde 2003, Cadivi y Cencoex han aprobado un total de 5 mil 954 millones de dólares para el pago a proveedores de Polar una cifra que representa 1,15% de las importaciones de Venezuela. Lorenzo Mendoza ahonda en este tema y afirma:
“Para importar productos terminados equivalentes a los elaborados por Empresas Polar, se hubieran requerido 93 mil 300 millones de dólares. Somos capaces de producir 18 veces más que la importación de productos terminados. Desde 2003, las asignaciones de divisas a los proveedores de materia prima le permitieron a Polar producir 17 mil 696 millones de kilos de alimentos y 38 mil 916 millones de litros de bebidas”.
La materia prima
Polar necesita importar materia prima que no se produce o se elabora en cantidades insuficientes en el país, como el trigo para producir la pasta, lomo de atún para abastecer la demanda de atún, pasta de tomate para elaborar la salsa de tomate, aceites crudos de girasol y palma a fin de producir margarina, avena que debe ser procesada, aceites crudos de soya que es necesario para la mayonesa y sulfato de sodio que utiliza en su división de negocios que elabora productos de limpieza como detergentes Las Llaves y lavaplatos.
En el caso del atún ocurre que la pesca que hace la flota venezolana en el Océano Pacífico Oriental es de atún entero cuyo precio supera abiertamente al importado. Reportes de Polar precisan que en la última compra la tonelada de lomo de atún importada, a tasa oficial, tuvo un costo de 44 mil 856 bolívares, mientras que la tonelada de atún comprada en el mercado nacional cuesta un millón 400 mil bolívares, lo que se traduce en una enorme diferencia de 3.021% que impacta el costo final del producto. Además, Polar requiere otro tipo de materia prima como arroz y azúcar que en la medida en que la producción nacional ha comenzado a declinar también deben ser importados en alguna proporción.
El retardo en el pago a los proveedores se traduce en escasez de materia prima al punto de que, entre 2015 y enero de 2016, las plantas de Polar han suspendido la producción en 33 oportunidades.
En este momento la planta que produce el atún Margarita, ubicada en Mariguitar estado Sucre, está paralizada por completo debido a la falta de lomo de atún para ser procesado. Algo similar ocurre en la planta que elabora la avena Quaker.
Lorenzo Mendoza afirma que:
“En el caso del arroz hay una situación crítica. Llegamos a ser autosuficientes en arroz y hoy más de la mitad del arroz que se consume en mesa es importado. Dependemos del arroz que importa el Estado. Los niveles de inventario son de un día o, a veces, nos quedamos sin materia prima y tenemos que parar la planta. Se nos ha dicho que nos van a asignar unas toneladas, pero trabajamos prácticamente del puerto, a la planta, al anaquel. Ojalá que podamos tener una garantía de suministro para tener producción continua”.
Inmediatamente agrega:
“En el caso del azúcar es igual. Tenemos una situación crítica, menos de un día de inventario. Hemos tenido que paralizar plantas como la de Caucagua”.
El reporte quincenal de Polar que registra la producción realizada entre el 28 de diciembre de 2015 y el 10 de enero de este año señala:
“En la categoría de salsa de tomate, marca Pampero, nuestra producción se vio afectada por el agotamiento del inventario de pasta de tomate debido a la no aprobación oportuna de las autorizaciones necesarias para la obtención de esta materia prima por parte del gobierno, que es una materia prima indispensable para la elaboración del producto y la cual debe ser importada desde el extranjero”.
El inventario de maíz blanco cubre 11 días y el de maíz amarillo 19 días.
Fallas eléctricas
La discontinuidad en la energía eléctrica se traduce en continuos apagones que afectan la operatividad de las plantas. Basta con observar que entre el 28 de diciembre y el 10 de enero Polar tuvo que suspender la producción por 2 horas y 54 minutos en su planta de Turmero, lo cual se tradujo en que no se elaboraron 338 mil kilos de productos.
En el caso de la planta que elabora los artículos de limpieza, las fallas suman 4 horas y 20 minutos. La consecuencia es que no se produjeron 30 mil kilos de productos.
La elaboración de empaques, que afecta a todas las áreas de negocios, también sufrió por los problemas de energía. El reporte de Polar precisa:
“Adicionalmente, se reportaron fallas en el servicio público de energía eléctrica en nuestra planta de empaques, lo cual afectó en la producción de más de 23 mil kilos de empaques, lo cual afecta de manera transversal nuestros procesos productivos”.
La sequía y la falta de inversión por parte del Estado indican que las fallas eléctricas podrían incrementarse en el corto plazo.
Precios controlados
Como una forma de luchar contra la inflación, el gobierno regula el precio de una amplia gama de productos. Pero el resultado es que las empresas sufren pérdidas porque no pueden cubrir los costos de producción, el consumidor se ve forzado a adquirir los productos en el floreciente mercado negro que se alimenta de la escasez, y la inflación continúa en alza porque el problema de fondo es el desequilibrio entre la oferta y la demanda.
Las pastas alimenticias que elabora Polar se mantienen en el mismo precio desde hace 279 días, la Harina Pan desde hace 336 días, el arroz acumula 433 días y los productos de limpieza 481 días.
Lorenzo Mendoza dice:
“La compañía tiene un flujo de caja negativo, esto no es sostenible en el tiempo. Hemos hecho grandes contribuciones y el Estado venezolano está siendo irresponsable al no cumplir la ley de precios justos (que contempla que debe existir una ganancia). No es posible que se imponga la producción a pérdida porque lo que se genera es lo que está pasando en todas las empresas estadales y en el país: el quiebre de empresas y la no producción nacional”.
Ausentismo Laboral
La industria de alimentos sufre por el declive de la productividad laboral. En el 42% de las empresas afiliadas a la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), de cada 100 trabajadores, en promedio, diariamente 30 no van a trabajar.
El origen del problema, de acuerdo con Cavidea, es que en más de 80% de las calificaciones de falta que introducen las empresas ante el Ministerio del Trabajo la autoridad no procede a la apertura del procedimiento, lo cual le ha dado alas al ausentismo y Polar no es la excepción.
El reporte quincenal de la empresa detalla que, entre el 28 de diciembre de 2015 y el 10 de enero de este año, por el ausentismo laboral se dejaron de producir: 32 mil 862 kilos de mayonesa, 44 mil 543 kilos de margarina, 21 mil 350 kilos de lavaplatos, 26 mil 244 kilos de jabón en panela y 128 mil 480 kilos de harinas.
La distribución
A través del Sistema Nacional Integral Agroalimentario (Sunagro) el Gobierno controla la distribución de los productos. Antes de enviar un camión con mercancía a cualquier cliente, Polar tiene que suministrarle a Sunagro vía internet las toneladas métricas de productos regulados que lleva el camión, su origen y destino, placas del vehículo, nombre del chofer, entre otros datos.
El reporte de Polar señala:
“Una vez solicitada la guía vía Internet, debemos esperar la confirmación del pedido por parte del cliente, y posteriormente, dependiendo de las características específicas del caso, se requiere la aprobación de la Sunagro. Sólo con estas aprobaciones, podemos imprimir la guía y entregársela al conductor del transporte, para que pueda iniciar la distribución, lo cual retrasa el despacho de alimentos”.
En las dos semanas que detalla el reporte, Polar tuvo que tramitar 21 mil 797 guías, de las cuales, 507 fueron rechazadas generando retrasos en la distribución.
Las inspecciones
Seguramente, Polar es la empresa más supervisada en Venezuela. Todos los días recibe la visita de algún organismo público. El reporte precisa:
“Entre el 28 de diciembre de 2015 y el 10 de enero de 2015, se realizaron un total de 26 inspecciones en nuestras instalaciones. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) ha realizado 9 inspecciones, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPPAL) ha realizado 7 inspecciones, la Comisión Presidencial Agroalimentaria ha realizado 6 inspecciones en nuestras instalaciones, la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO), anteriormente Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos (SADA) ha realizado 2 inspecciones y, por último, el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) también ha realizado 2 inspecciones en nuestras instalaciones”.
La propuesta
Lorenzo Mendoza considera que para atender la coyuntura es necesario crear un fondo para la adquisición de materia prima, insumos y repuestos para empresas privadas productivas con pagos a la vista y trámites simplificados y, al mismo tiempo, reconocer y negociar la deuda con los proveedores en el exterior.
De acuerdo con Cavidea, la deuda de todo el sector de alimentos con los proveedores en el exterior suma 1.600 millones de dólares.
Lorenzo Mendoza añade a su propuesta:
“Ajustar los precios regulados de acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos, de forma que cubran los costos de producción y aseguren las ganancias adecuadas”.
Para solventar el impacto que tendría el ajuste en el precio de los alimentos regulados, Mendoza señala:
“Empresas Polar se compromete a destinar un porcentaje de su producción de bienes de primera necesidad a los programas sociales a un precio preferencial, que permita recuperar los costos, para los grupos de la población más vulnerables”.
Además considera necesario:
“Que las empresas en poder del Estado que no producen a niveles de eficiencia pasen a un programa de recuperación urgente, y que este programa considere el alquiler de las instalaciones o la reversión de la estatización”.
De acuerdo con datos oficiales, el Estado tiene participación en 225 empresas que se desempeñan en el sector de alimentos.
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