El proyecto
A fin de “garantizar el equilibrio entre el salario y el costo de la vida para la clase trabajadora” el texto ata el sueldo mínimo a la tasa de cambio oficial en la que el dólar tenga el mayor precio (actualmente se trata del Dicom) de la siguiente manera: primero establece una banda en la que obligatoriamente deberá estar el salario mínimo con un piso de 35 mil bolívares y un techo de 45 mil bolívares. Cuando la ley entre en vigencia se calcula el monto en dólares de los parámetros dependiendo del tipo de cambio del Dicom de ese día. Si el precio del dólar aumenta en el Dicom, el Gobierno tendrá que elevar el valor en bolívares del piso y techo de la banda a fin de que se mantenga el equivalente en divisas.
Por ejemplo, al cierre del 22 de agosto, el dólar se cotizó en 644,6 bolívares en el Dicom. Por lo tanto, si la ley hubiese entrado en vigencia ese día, el salario mínimo tendría que ubicarse en una banda con un piso equivalente a 54,2 dólares y un techo de 69,8 dólares. Si el dólar aumenta de precio en el Dicom, el Gobierno estaría obligado a elevar el salario en la proporción adecuada para mantener estos parámetros.
No hay mayor claridad sobre cuándo tendría que concretarse el incremento. El artículo cuatro del proyecto señala que “la Banda de Protección al Salario Mínimo (…) deberá ser ajustada por el Ejecutivo Nacional trimestralmente”, mientras que el artículo seis indica que cuando “resulte que el valor del salario mínimo vigente quedare fuera de la Banda de Protección del Salario Mínimo, el Ejecutivo Nacional procederá inmediatamente a decretar el aumento del salario”.
Las consecuencias
Si bien es loable el intento por defender la capacidad de compra del salario, analistas consideran que la ley será perjudicial para los trabajadores porque se traducirá en mayor presión inflacionaria y menos creación o reducción del empleo formal.
Uno de los puntos centrales es que el proyecto de ley no toma en cuenta que los aumentos del salario deben ir asociados a mejoras en la productividad, es decir, en la capacidad para incrementar la producción por trabajador. Paul Krugman, premio Nobel de Economía, señala en su libro La era de las expectativas limitadas:
“La productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar su nivel de vida a lo largo del tiempo depende casi por entero de su capacidad para aumentar su producción por trabajador”
Y la productividad, está asociada con capacitación del recurso humano y mejoras tecnológicas.
Al evaluar el impacto que tendría la Ley de Protección al Salario en la economía, Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, menciona en primer término el divorcio con la productividad:
“Aumentar la cantidad de bolívares a través de alzas del salario, en un contexto recesivo y sin mejoras de la productividad, se traduce en más bolívares persiguiendo menos bienes y por ende en incrementos de precios. Entonces, los salarios reales, que son los que importan, no se incrementarán debido a la inflación”
Asdrúbal Oliveros agrega que el impacto en las empresas será considerable:
“El problema principal de la propuesta es que elevaría de un momento a otro los costos para las personas y empresas que dan empleo porque tendrían que pagar más en salarios. Este costo extra tendría que asumirse en varios frentes: el primero es trasladándolo al consumidor, es decir, subiendo los precios, arriesgándose a perder mercado y competitividad. El segundo, sería disminuyendo la cantidad de productos pues recordemos que en Venezuela hay controles de precios. La otra posibilidad es sacrificando de forma injusta su margen de ganancia, pues el Gobierno no tiene por qué castigar más a quien genera riqueza, empleos y paga impuestos. Y finalmente está el recorte de costos, recurriendo en primer término al despido de personal, a pesar de la inamovilidad laboral. Otro tema es que se desestimula la creación de nuevas empresas”
A manera de conclusión, Asdrúbal Oliveros dice:
“El negativo efecto dominó que provoca una medida populista como esta, supera por mucho los posibles beneficios temporales que se conseguirían. Para decirlo claro, subir el salario mínimo artificialmente terminaría generando desempleo, subempleo e informalidad”
Efraín Velásquez, presidente del Consejo Nacional de Economía, también tiene objeciones:
“Pensando en reducir la inflación en el mediano o largo plazo, establecer este mecanismo lo hace más difícil. El proceso de reducción de la inflación toma más tiempo cuando tienes mecanismos institucionales de ajuste que se convierten en un elemento del proceso inflacionario. Debe haber un diseño de política económica que incorpore al salario mínimo como una variable fundamental, eso es diferente a establecer mecanismos institucionales de ajuste. El segundo punto es que el ajuste está hecho en base al Dicom, que no existe formalmente, nunca se publicó el convenio cambiario para crear sus normas de operación”
Efraín Velásquez agrega el tema fiscal, porque cada vez que aumente el precio del dólar en el Dicom, el Gobierno tendría que incrementar el salario mínimo a los trabajadores públicos.
“En el contexto actual esto implica que la brecha fiscal es mayor, que el financiamiento monetario es mayor y que la inflación es mayor”
Anabella Abadi, analista de la Unidad de Investigación y Análisis de ODH Grupo Consultor y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, considera que el proyecto de ley no pone el foco en el centro del problema:
“Se habla de garantizar el equilibrio entre el salario y el costo de la vida, pero se obvia el equilibrio que debe existir entre la productividad de las empresas y el salario a ser pagado. En otras palabras, se coloca el foco sobre la consecuencia (el desequilibrio entre el salario y el costo de la vida) y no sobre el problema de fondo (pérdida de productividad y de la capacidad de compra del bolívar). Otro aspecto es que los tipos de cambio oficiales —incluso el más alto, Dicom— presentan importantes distorsiones y dolarizar el salario implica que se ajustará en función, no de la productividad, sino de la pérdida de valor del bolívar. Considero que la referencia objetiva para la fijación de los salarios debería ser la productividad de cada empresa”
Anabella Abadi agrega el efecto en las empresas:
“Fedecámaras ha señalado en declaraciones a la prensa que con el reciente aumento del salario mínimo, decretado por el Ejecutivo Nacional el 12 de agosto, se podría generar el cierre de medianas y pequeñas empresas, así como también la pérdida de puestos de trabajo, debido a que a este tipo de organizaciones les cuesta absorber estos cambios para pagarle a sus empleados. No puedo sino preguntarme: ¿las empresas tendrán la capacidad económica para asumir los montos mínimos de salario mínimo definidos en el proyecto de Ley y el respectivo impacto sobre la progresividad del resto de la escala salarial?”
Otro aspecto a considerar es la arbitrariedad del piso y techo de la banda de protección al salario, como explica Anabella Abadi:
“Según el proyecto, para la fecha de la entrada en vigencia de la ley, la banda de protección del salario mínimo se fija entre 35 mil y 45 mil bolívares, pero no parece haber una clara justificación para dichos montos; parecen algo arbitrarios. Incluso, considero que representan una paradoja: son insuficientes, pero impagables”
Las creencias
Detrás de la idea de preservar la capacidad de compra del salario mínimo con una ley está la creencia de que la economía se comportará de acuerdo al deseo de los políticos. Asdrúbal Oliveros afirma:
“Ojalá fuera así de fácil terminar con la pobreza. Quien eso piensa, comete el mismo error que los que creen que imprimiendo dinero y endeudando al Estado se estimula el crecimiento y el desarrollo económico de forma sostenida. Quien eso piensa, exhibe igual su soberbia al creer que las leyes económicas, los mercados y los agentes económicos, serán serviles y obedecerán la voluntad de los políticos. No hay nada más alejado de la realidad. De ser tan sencillo ya no tendríamos por qué estar sufriendo crisis cada vez más severas, ni tendría por qué haber pobres en el mundo. Tendríamos la vida resuelta”
Ante la interrogante de cuál debe ser el camino a seguir para beneficiar a los trabajadores, Asdrúbal Oliveros sostiene:
“Promover la estabilidad monetaria, reduciendo la inflación, estimulando el ahorro y la acumulación de capital, respetar la propiedad privada, sanear al Fisco y abrir todos los mercados de nuestra economía a la competencia empresarial. Eso es primero, luego vienen los mejores ingresos, no al revés. Hoy por hoy, la mejor política de protección del salario es reducir de forma rápida la inflación. Los trabajadores lo agradecerán. Eso es en lo que deberían estar pensando los políticos, los de verdad, los responsables”
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