Las compañías de seguros reflejan el impacto de un entorno donde la inflación cabalga, la clase media se empobrece y las autoridades aplican una ley que controla férreamente al sector e incrementa los impuestos. Un termómetro que desnuda la magnitud del malestar es que el pago que hacen las personas y las empresas para adquirir sus pólizas, conocido como primas, no es suficiente para cubrir el costo de los siniestros, los gastos de funcionamiento y las comisiones que se cancelan a los intermediarios que captan los clientes. Cuando esto ocurre, las aseguradoras registran pérdidas técnicas, es decir, la actividad medular reporta cifras rojas.
La Superintendencia de la Actividad Aseguradora precisa que en los primeros siete meses de 2016 las pérdidas técnicas suman 57 mil 099 millones de bolívares. Para tener una idea de la velocidad de la inmersión basta observar que en el mismo lapso de 2015 se ubicaban en 1.618 millones, mientras que en 2014 el resultado técnico lucía números positivos.
José Vicente Torres, actuario experto en seguros y quien se ha desempeñado como profesor en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Santa María, explica:
“El ingreso proveniente de las primas cobradas debería ser capaz de cubrir los siniestros, los gastos de administración y el pago de comisiones a los intermediarios de seguros, pero no son suficientes por el impacto de la inflación mensual. Es evidente que cada vez aumenta más la brecha. Por esto, el resultado técnico bruto se hizo negativo”
La inflación es el epicentro del desbalance. El negocio de las aseguradoras se sustenta en que no todos los que compran una póliza sufrirán la enfermedad, el incendio, el choque de su vehículo o la calamidad sobre la cual se protegen. Pero cuando la inflación se desborda el costo de las intervenciones quirúrgicas o de los repuestos para reparar los vehículos, por ejemplo, crecen a una velocidad tal que impacta los resultados. En 2015, Venezuela sufrió una inflación de 180%, la más alta de su historia, y para este año el Fondo Monetario Internacional proyecta un salto a 475%.
La escasez también interviene en la ecuación. Presionado por el descenso en los precios del petróleo —que aporta 96 de cada 100 dólares que ingresan al país—, la falta de ahorros y el incremento de la deuda en divisas, el gobierno recortó las importaciones. El resultado son talleres mecánicos sin repuestos y clínicas sin insumos. Por lo tanto, un siniestro que es reportado hoy puede tardar hasta cinco o seis meses en resolverse y, en ese tiempo, el precio de la intervención quirúrgica o la reparación puede duplicarse.
Mientras el costo de los siniestros galopa, las primas avanzan lentamente. Las empresas y las personas cancelan la prima con un año de anticipación y la Superintendencia de la Actividad Aseguradora tiene la potestad de aprobar o no cualquier incremento y lo hace con bastante retraso. José Vicente Torres considera que:
“Existe una especie de control de precios para las primas. Los incrementos tienen que ser aprobados por la Superintendencia y pueden tardar hasta año y medio. Por eso, cuando se aprueba el aumento, las primas ya están muy desfasadas respecto a la inflación”
La posibilidad de aumentar el número de asegurados es mínima en una economía donde la recesión y la inflación golpean con fuerza a la clase media, al punto de que crece el uso de tarjetas de crédito para cancelar gastos de alimentación o mantener a los hijos en colegios privados. Este empobrecimiento también pone un freno al ajuste que podría hacerse en el costo de las primas.
Reaseguro e inversiones
Las compañías de seguros se protegen a través de empresas conocidas como reaseguradoras. Básicamente, suscriben un contrato para que la reaseguradora asuma parte o la totalidad de un posible siniestro, de esta manera disminuyen el riesgo. Cuando el costo de esta protección es menor a lo que las aseguradoras obtienen para cancelar siniestros, surge un resultado positivo que, de acuerdo a las cifras de la Superintendencia, suma 45 mil 285 millones de bolívares en los primeros siete meses de este año.
Técnicamente, este indicador se conoce como resultado del reaseguro cedido. Pero hay que tomar en cuenta que no proviene de la actividad medular de las compañías de seguros y no depende del todo de ellas, pues también intervienen las decisiones que toman las reaseguradoras. Este renglón ha ganado un peso relevante en las cuentas del sector y de haber un cambio en la tendencia los problemas aumentarían violentamente.
Además, las aseguradoras invierten sus reservas técnicas, como se denomina a los recursos que deben constituir para garantizar a los asegurados el pago de los siniestros, colocando parte del dinero en la banca, en bonos o en inmuebles. De esta manera obtienen ingresos que en los primeros siete meses del año ascienden a 55 mil 176 millones de bolívares. Gracias al resultado del reaseguro y a los ingresos provenientes de la inversión de las reservas, es decir, de dos áreas que no son el corazón del negocio, el sector obtiene al cierre de julio utilidades por el orden de 43 mil 362 millones de bolívares.
Las reservas
El 4 de enero de este año se publicó en la Gaceta Oficial 40.819 la reforma que el presidente Nicolás Maduro hizo a la Ley de la Actividad Aseguradora. Entre los aspectos tocados por el primer mandatario figura una modificación en la manera en que pueden invertirse las reservas técnicas que, en un entorno de elevada inflación, tiene consecuencias profundas. Antes de esta reforma las aseguradoras no podían colocar en la banca más de 30% de las reservas técnicas y ahora, como establece el artículo 54, están obligadas a depositar “no menos del 50%” en las entidades financieras. La consecuencia es que en medio de la inflación más alta de la historia la mitad de las reservas técnicas debe permanecer en la banca y recibir un rendimiento anual que, en vista del control que existe sobre las tasas de interés, a lo sumo puede alcanzar 15%. El resto de las reservas puede invertirse colocando no menos de 30% en bonos y no más de 20% en inmuebles. Un análisis de las implicaciones económicas de la reforma a la ley, elaborado por la Cámara de Aseguradores de Venezuela, indica que esta estructura “no protege los valores de las reservas”. José Vicente Torres explica:
“La estructura de las reservas técnicas debería adaptarse al entorno de alta inflación. Es un error suponer que obligar a mantener no menos de 50% de las reservas en la banca ayuda a sustentar la liquidez de la aseguradora. Lo que se está haciendo es obligar a mantener en los bancos un dinero que se deteriora en el tiempo y muy rápidamente, mientras los compromisos crecen a mayor velocidad. El único medio de inversión que tienen las aseguradoras para defender sus reservas en el entorno actual son los inmuebles, porque se revalorizan a un ritmo más acorde con la inflación. La Ley tiene que adaptarse a lo que está pasando porque de lo contrario aumentan los problemas”
Otro aspecto a tomar en cuenta es que las aseguradoras no pueden vender ninguno de sus bienes sin la aprobación previa del superintendente, algo que limita la capacidad de respuesta ante posibles problemas como falta de liquidez. El estudio de las implicaciones económicas de la reforma a la ley, elaborado por la Cámara de Aseguradores de Venezuela, advierte:
“Ante esta nueva ley las empresas no pueden enajenar o vender ningún bien sin la aprobación del regulador, coartando la libertad de acción para atender financieramente situaciones que se requieran para la solvencia de la empresa y la respuesta a la protección de los asegurados”
Más impuestos
Para el gobierno el sector asegurador es un enclave que debe ser sometido a través de regulaciones férreas y aportes al Estado porque representa los “intereses del imperio” y amasa grandes fortunas. La exposición de motivos de la ley sancionada por Nicolás Maduro dice:
“La actividad aseguradora en Venezuela en los últimos treinta años ha sido parte de la estrategia implementada en América Latina por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales supeditados al imperio norteamericano consistentes en generar mecanismos de privatización para debilitar las facultades del Estado y favorecer los intereses privados de trasnacionales”
Posteriormente añade:
“La actividad aseguradora históricamente ha estado al margen de las políticas de cualquier gobierno, siendo un sector que por su metabolismo genera buenos niveles de rentabilidad a cambio de poca inversión”
Rápidamente, esta visión se tradujo en hechos. El 16 de marzo de 2016, Nicolás Maduro emitió el decreto 2.250, publicado en la Gaceta Oficial 40.872, donde ordenó que las compañías de seguros, de medicina prepagada, cooperativas que realicen actividad aseguradora y administradoras de riesgos, deberán depositarle al Fonden una suma de dinero equivalente a entre 1% y 3% del monto de las primas de las pólizas de salud.
Alesia Rodríguez Pardo, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Aseguradores, señala:
“Entendemos que el Estado requiere de recursos importantes para la atención del área de salud, efectivamente muy afectada a nivel nacional, estableciendo ciertos aportes parafiscales al sector asegurador; pero el importante incremento de éstos aportes que se contemplan para el segundo semestre del 2016 incidirá aún más sobre la insuficiencia de primas, el deterioro técnico del sector, la liquidez y la capacidad de respuesta a los asegurados, cuyo poder adquisitivo se ha reducido significativamente, haciendo inviable el aseguramiento y protección a costos reales”
A los aportes para la salud se añade una batería de desembolsos previstos en distintas normativas, aprobadas con anterioridad, que extraen recursos de las empresas de seguros: las aseguradoras deben realizar una contribución especial para la Superintendencia de la Actividad Aseguradora de entre 1,5% y 2,5% de las primas cobradas, hasta el 5% de la utilidad del ejercicio económico para impulsar la investigación y desarrollo de la actividad aseguradora, 10% del resultado técnico obtenido en los ramos que cubren riesgos catastróficos para otro fondo especial y 18 impuestos previstos en la Ley de Impuestos Sobre la Renta, Ley de los Cuerpos de Bomberos, Ley Orgánica de Drogas, entre otras.
¿Qué hacer?
Al enumerar las acciones que podrían detener el deterioro y lograr que el sector provea servicios a un mayor número de venezolanos, Alesia Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Aseguradores, menciona la necesidad de apagar el incendio inflacionario.
“Es indispensable que se implemente una política económica que corrija desde las causas y correctamente el alto índice inflacionario, permitiendo así aumentar el poder de compra de las familias, el fortalecimiento de la economía y del sector asegurador que pueda traducirse en mejor prestación de servicios, así como también un sistema de mayor libertad que permita a las aseguradoras establecer su propio nivel de primas suficientes basado en su historial y absorción de riesgo, el cual varía por empresa, para cada ramo de seguro”
Entre las ideas que podrían tomarse en cuenta para ayudar a fortalecer al sector y lograr que se adapte de mejor manera al entorno Alesia Rodríguez menciona:
“Ampliar las posibilidades de resguardo de capital de las aseguradoras, con mayor oferta de instrumentos de inversión de capital y cobertura ante riesgos inflacionarios y adoptar un sistema de control gubernamental a posterior y no previo, de manera de dinamizar el mercado y la diversidad de alternativas para los asegurados”
Alesia Rodríguez agrega:
“Se podría evaluar la creación de pólizas con períodos de cobertura más cortos que permitan una mejor planificación de egresos al cliente y la posibilidad de ajustes de acuerdo a los valores vigentes de los riesgos. Pólizas en divisas que permitan reestablecer muchas de las coberturas que se aplican en el exterior, así como el pago de reaseguros internacionales que podrían ser opcionales a las que ya existen en bolívares. También es necesaria la diversificación y el aumento de la oferta de productos y coberturas que permitan adaptarse a las posibilidades económicas de los clientes”
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