El problema básico ante la opinión pública no es que la oposición y el gobierno se reunieran el pasado 30 de octubre. Ni siquiera que, por sugerencia de El Vaticano, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pospusiera el juicio de responsabilidad política contra Nicolás Maduro o la marcha convocada para llegar al Palacio de Miraflores. El problema central (al menos para la oposición) es el momento en que se produce la primera reunión y la forma en que el chavismo la aprovechó, dejando mal parada a la MUD que todavía no logra exhibir un mínimo de coordinación discursiva y comunicacional. Mucho menos acciones concretas que se puedan asociar aquella reunión con la decisión de suspender las acciones que su electorado, agobiado por la crisis, reclama.
En este momento, el principal desafío para la oposición es poder reconfigurar el proceso de diálogo y presentar algún logro concreto lo antes posible. Y es en la búsqueda de ese logro concreto donde invierten en este momento los esfuerzos.
¿La oposición se olvidó del Referendo Revocatorio?
El Referendo Revocatorio no está anulado, sino suspendido. No obstante, la consulta popular sobre la continuidad de Nicolás Maduro en la presidencia pasó a un segundo plano entre las prioridades de la oposición y el Revocatorio fue desplazado por la solicitud de una compleja ruta electoral que debe comenzar este mes para concretarse finalmente en 2017.
Parte de esta ruta electoral ya fue anunciada hace tres semanas por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, cuando explicó que las elecciones de gobernadores serán pospuestas para el final del primer semestre del próximo año, mientras que las elecciones municipales podrían celebrarse a finales del segundo semestre.
Todo esto implica que, antes del inicio del diálogo, el CNE se preparaba para organizar comicios para escoger 23 gobernaciones y 237 legisladores regionales,a demás de 335 alcaldes, 2.435 concejales, 69 representantes indígenas municipales, 2 alcaldes metropolitanos y 20 concejales a cabildos distritales.
Sin embargo, la propuesta principal de la oposición en este momento se orienta a solicitar que se adelante la elección presidencial que debe realizarse en diciembre de 2018. No obstante, para que esto sea posible (bien sea por renuncia de Nicolás Maduro o porque él decida adelantar el proceso eleccionario) se necesita una reforma constitucional del Artículo 233 de la Constitución.
En este punto, comienza a complicarse la evolución de las propuestas de la oposición.
¿Qué es lo que está exigiendo la oposición?
Son cinco los temas básicos que la oposición exige en este proceso de diálogo. O al menos son los que se han colado a la opinión pública:
- Elecciones generales en 2017 para relegitimar todos los cargos.
- Liberación de los presos políticos (se calcula que existen 113 presos políticos en este momento).
- Resolución del conflicto asociado a los diputados de Amazonas. Se especula que con una nueva elección a principios de 2017 para la circunscripción indígena Apure-Amazonas y el estado Amazonas.
- Renovación del CNE.
- Restitución de los facultades de control político de la Asamblea Nacional.
Según los negociadores de la oposición, existe un pre-acuerdo que permitiría lograr todo esto. No obstante, para que el acuerdo pudiera avanzar era necesario desistir del juicio de responsabilidad política contra Maduro y de la marcha a Miraflores, además de oficializar la desincorporación a la Asamblea Nacional de los tres diputados del estado Amazonas. Y, según fuentes vinculadas con los negociadores, la desincorporación de los tres diputados provocaría que la Sala Constitucional acelere el juicio sobre esta materia, que está pendiente de asignación de fecha.
Después de la desincorporación, el Tribunal Supremo de Justicia le ordenaría al CNE (presumiblemente en diciembre de 2016) repetir los comicios en el estado Amazonas y en el circuito indígena integrado por los estados Amazonas y Apure. Esta elección podría realizarse en el primer trimestre de 2017 y, si la oposición mantiene tres de los cuatro diputados en disputa, entonces tendría suficientes votos (112) para designar, al menos, a quienes deben sustituir a Socorro Hernández y Tania D Amelio. Quedaría aún definir qué sucederá con la designación temporal (que realizó el TSJ en diciembre del año 2014) de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón.
¿Qué fue lo que aceptó el gobierno?
Según fuentes del G4 (el grupo de coordinación de la MUD que está integrado por los secretarios generales de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular), el Gobierno aceptó discutir estos cinco puntos siempre y cuando la oposición desestimara la posibilidad de un juicio de responsabilidad política contra Nicolás Maduro y desconvocara la marcha a Miraflores prevista para el 3 de noviembre.
No obstante, fuentes cercanas al grupo de negociadores aseguran que es falso que los puntos propuestos por la oposición se hubiese acordado para ser discutidos o que fueran parte de la agenda.
Desde la perspectiva del Gobierno, según explican fuentes cercanas a sus negociadores, lo más importante en este proceso es lograr la “reinstitucionalización y la siembra de confianza”. Estos dos elementos pasan porque el Poder Legislativo respete a los otros poderes públicos, corrija el desacato (la incorporación de los tres diputados de Amazonas, entre otras acciones) y, en consecuencia, que los otros poderes públicos puedan respetar al Legislativo.
¿Todo el chavismo está dispuesto a sentarse a dialogar?
Las diferencias con respecto al proceso de diálogo y cómo encararlo no son exclusivas de la oposición. En el chavismo existen grupos contrarios a la posibilidad de un entendimiento con la oposición y actúan en consecuencia. Y fuentes del grupo de intermediación internacional sostienen que en este caso (especialmente después del ataque de Nicolás Maduro contra el partido Voluntad Popular) es que el Vaticano tiene que hacer valer su papel de mediador.
¿Se está discutiendo la liberación de Leopoldo López?
Ninguno de los negociadores admite que se esté discutiendo una Ley de Amnistía que permita la salida de Leopoldo López de la cárcel e incluya a figuras prominentes del chavismo.
¿En qué está trabajando El Vaticano?
Se ha difundido una tesis que afirma que El Vaticano está trabajando para lograr estabilidad política hasta el 10 de enero de 2017 y, a partir de entonces, lograr un gobierno de coalición entre el chavismo y la oposición que comprometa a ambos sectores a garantizar la gobernabilidad del país hasta la elección presidencial de 2018. Es una tesis que fue esgrimida en 2013 por el ex-presidente de Brasil Luis Ignacio “Lula” Da Silva. No obstante, ninguna de las partes admite que esta posibilidad se esté considerando ni que pueda formar parte de la negociación en el futuro.
En este momento, la probabilidad de congeniar en un solo gobiernos dos modelos de país tan distintos no luce posible.
¿El chavismo que intenta negociar ha recibido (o pedido)
algún incentivo que disminuya el costo de abandonar el poder?
No existen señales que indiquen que se le haya ofrecido al chavismo garantías personales, familiares ni de capital que disminuyan el costo de abandonar el poder y permitan una salida concertada a la crisis. Tampoco existe evidencia de que el chavismo lo solicitara.
No obstante, asesores de la alternativa democrática sostienen que en privado estos temas si han sido discutidos.
¿Hasta cuándo esperará la oposición señales de buena voluntad del chavismo?
Aunque la mayoría de los elementos exigidos por la oposición no pueden definirse en dos semanas, los integrantes de la MUD necesitan ofrecer resultados tangibles ante la opinión pública.
A pesar de las diferencias de criterio entre Voluntad Popular y el resto de los integrantes del G4, cada grupo por separado siguiendo la recomendación de El Vaticano de posponer el juicio político y la marcha a Miraflores, dio plazo hasta el 11 de noviembre (fecha de la próxima reunión de la mesa de negociación) para que el Gobierno realice acciones concretas en función de las exigencias realizadas.
¿Existe ningún punto de acuerdo entre chavismo y oposición?
Sí: el respeto de los demás poderes al Poder Legislativo y del Poder Legislativo a los demás poderes. No obstante, aún no existe una vía clara para lograrlo, aunque todo pasa por resolver la incorporación de los tres diputados de Amazonas al Parlamento Nacional.
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