Por Luis Vicente León | Prodavinci
Fila de votantes durante las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015. Fotografía de Will Riera. Haga click en la imagen para ver la fotogalería completa
El solo hecho de que a estas alturas estemos discutiendo si habrá o no elecciones regionales, o si éstas convienen como estrategia política es una barbaridad.
Las elecciones no son un comodín que se realiza cuando conviene a alguna de las partes. Son la expresión básica de la democracia y están concebidas como un derecho y una obligación. Los tiempos de ejecución de las elecciones formales están atadas a los períodos constitucionales de los funcionarios elegidos por el pueblo y es una obligación constitucional y democrática ejecutar esas elecciones en los momentos previstos para ello.
El Consejo Nacional Electoral es la institución garante y ejecutora de estos procesos, pero no tiene ningún derecho ni potestad para decidir si la elección debe ocurrir o no, cuándo conviene hacerla o si se deben mantener por un tiempo mayor al que fueron elegidos los funcionarios de elección popular. Eso es, por definición, una aberración. Todo lo contrario, la institución electoral tiene la obligación de ejecutar esos procesos en los tiempos correspondientes y garantizando un proceso transparente, insesgado, equilibrado y decente. Hasta ahora, al menos se habían acercado a la parte de los tiempos correspondientes, pero a juzgar por lo que estamos viendo ahora, ni siquiera esa condición está garantizada.
No voy a entrar al debate del Referendo Revocatorio. Si bien he expresado mi rechazo contundente a las acciones bloqueadoras institucionales del Gobierno a ese evento, puedo acordar que la dimensión de esa elección es distinta a la de los procesos electorales regulares. No hay que cumplir ningún requisito especial para tener el derecho a elegir al presidente, al parlamento, los gobernadores, los alcaldes, diputados legislativos y concejales. Las instituciones deben garantizar que simplemente ocurran en sus tiempos normales. Y eso es lo que no está pasando hoy.
La realidad es que el Estado se tiró a la torera las elecciones regionales que correspondía hacer el año pasado. La excusa fue bastante vulgar. Como la oposición inició un proceso para solicitar un referendo, el CNE no tuvo tiempo de organizar las elecciones regionales. Algunos voceros públicos oficiales agregaron que en el medio de la crisis económica, tampoco había plata para ejecutar ni el referendo o las regionales. Y finalmente otros dirigentes políticos, en este caso de ambos lados, manifestaron que no era el momento conveniente para ir a esas elecciones regionales, como si se tratara de un evento que los políticos pueden decidir si hacen o no discrecionalmente.
No voy a hacer un análisis legal de este tema. Eso se lo dejo al Dr. José Ignacio Hernández, quien sin duda lo hará con mucho más brillo y conocimiento que yo. Tampoco haré un análisis basado en las encuestas. No hace falta. Resulta evidente para todos que, independientemente de la fractura severa en el liderazgo opositor y la desmotivación causada por las sobre expectativas de cambio incumplidas el año pasado, el Gobierno perdería en este momento cualquier elección, pues desmotivación y desconexión no tienen nada que ver con el deseo mayoritario de cambio que tiene la población venezolana y que se expresaría, sin duda, en cualquier proceso electoral.
Entonces prefiero hablar como un analista de escenarios para responder: ¿y ahora qué? Burlar las elecciones, usar excusas para evadirlas, demorarlas, cancelarlas o utilizar mecanismos que invaliden a los adversarios políticos para producir elecciones parapeto es la expresión máxima y típica de las autocracias. Y frente a esto hay tres escenarios: 1) la habituación servil, 2) la huida y 3) la rebelión popular. Tres escenarios, una sola desgracia.
