Pedro A. Palma / @palmapedroa / El Nacional
En una reciente encuesta de la firma Datincorp, 62% de los consultados manifestó su respaldo a una eventual dolarización de la economía venezolana, entendiéndose por esta la sustitución total del bolívar por el dólar norteamericano como moneda de curso legal, sustituyéndola en todas sus funciones, es decir, como unidad de cuenta, como reserva de valor y como medio de pago de todas las transacciones internas. Esto avivó nuevamente el debate sobre si convenía o no la dolarización en Venezuela, buscando con ello el abatimiento de la altísima inflación y conjurar la incesante depreciación del bolívar.
Dado que en el segundo semestre de 2015 escribí cuatro artículos en esta columna sobre ese tema, trataré de evitar en las líneas que siguen repetir los argumentos en pro y en contra de una medida de este tipo allí expuestos, los cuales siguen teniendo gran vigencia.
Me concentraré en dos aspectos de particular relevancia para una economía como la venezolana, en caso de que se decidiere dolarizarla, y para ello me referiré a la experiencia reciente de la economía ecuatoriana, dolarizada desde el año 2000 y altamente dependiente de las exportaciones petroleras, aun cuando no en el grado extremo de la venezolana. El desplome de los precios petroleros de la segunda mitad de 2014 y su ulterior estabilización en niveles muy bajos le creó un serio problema a esa economía, ya que sus ingresos de divisas cayeron, creando una estrechez de liquidez de grandes proporciones. Ello llevó al gobierno ecuatoriano a mantener un alto nivel de gasto público para evitar caer en recesión económica, particularmente en un año electoral como el actual, implicando ello la necesidad de buscar cuantioso financiamiento, tanto interno como externo, para cubrir el amplio déficit fiscal. De allí que el Banco Central haya comprado obligaciones del Estado en cantidades importantes que ya suman un monto equivalente a 5,5% del PIB, y la deuda pública, tanto local como foránea, se haya incrementado intensamente. Aun así, el consumo privado se contrajo 5,3% en 2016 y el PIB, 2,5%, y se esperan nuevas contracciones de esas variables en el presente año. Eso le planteará un escenario muy complejo al nuevo gobierno, que tendrá que lidiar con un desequilibrio fiscal profundo, con una economía paralizada, y con una crítica situación laboral. Lo anterior demuestra que la dolarización no asegura el equilibrio fiscal.
Adicionalmente, las transacciones externas de esa economía también están muy golpeadas, al punto de que en 2016 las importaciones cayeron 24% y las exportaciones 8%, no habiendo mayores esperanzas de que las ventas externas repunten en un futuro previsible. Esto último se debe a que la sólida apreciación del dólar norteamericano le ha restado competitividad a los productos ecuatorianos, máxime cuando las monedas de Colombia y Perú se han depreciado de forma importante, apuntalando la competitividad de sus productos en los mercados externos. Al no poder ajustar su tipo de cambio, Ecuador ha visto constreñidas sus exportaciones no petroleras, lo que atenta no solo contra las posibilidades de diversificarlas y aumentarlas para así compensar las mermadas ventas de petróleo, sino también con las probabilidades de incrementar la inversión y estimular su actividad productiva.
Esas lecciones pueden ser de particular relevancia para una economía como la venezolana al momento de decidir a favor o en contra de dolarizarla, ya que esa acción, si bien generaría beneficios, como el control de la inflación y la reducción de la incertidumbre cambiaria, también puede atentar contra objetivos fundamentales, tales como la diversificación de la economía y la reducción de la dependencia petrolera, además de caer en una serie de rigideces que limiten las posibilidades de aplicar políticas monetarias y cambiarias tendentes a afrontar problemas y adversidades que se puedan presentar.
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