No se puede expropiar la inventiva, la capacidad gerencial, ni el conocimiento de los empresarios
LUIS VICENTE LEÓN | EL UNIVERSAL
Durante las dos semana anteriores tratamos de explicar: ¿Por qué hay problemas críticos de desabastecimiento en Venezuela?
Para hacerlo, nos concentramos en lo que hemos llamado "El Triángulo de las Bermudas", conformado por tres puntos claves: 1) un pésimo manejo cambiario, 2) un primitivo control de precios y 3) unas expropiaciones ineficientes y empresas públicas improductivas y corrompidas.
Expuestos ya los dos primeros puntos, hoy nos toca terminar con la "tapa del triángulo": las expropiaciones.
Desde el principio del gobierno de Chávez se vendió la idea de que el Estado debía controlar la producción y distribución de bienes y servicios esenciales, como un mecanismo para garantizar el abastecimiento y los precios justos al consumidor. Si bien nunca se habló de controlar la propiedad de todos los factores de producción, el discurso prevaleciente era corporativista, con empresas públicas y privadas, bajo un entorno de total control regulatorio estatal y con el uso del miedo como "inhibidor" de la independencia empresarial.
Para lograr esto se ejecutó un cambio legislativo que limitó las libertades económicas, a la vez que emprendieron un proceso de expropiaciones relevante. Comenzaron con sectores estratégicos: electricidad, telecomunicaciones, cemento, acero y luego con sectores cercanos a los consumidores: alimentos y bebidas, banca y seguros, hasta llegar a casos desordenados de expropiación de productores de materias primas, empaques o el insólito y triste caso de Agroisleña.
Las motivaciones para seleccionar expropiables fueron múltiples. Algunas basadas en la ideología reinante, otras en intervenciones estratégicas para blindarse políticamente, hasta llegar a expropiaciones menos "puras", que respondían a intereses de algunos actores particulares que querían controlar el negocio que otros habían construido y desarrollado.
No se necesita un análisis muy sofisticado para evaluar el resultado de este proceso en el que se embarcó el país en los últimos años. Más allá de los planteamientos ideológicos, el caso de las expropiaciones venezolanas no admite discusión. Se expropiaron empresas de alimentos que quebraron (como Lácteos Los Andes) o bajaron su producción dramáticamente (como Proarepa, los centrales azucareros o las torrefactoras de café). Se tomaron las empresas de cemento y se vio una merma gigante en los índices de producción de este bien. Se expropió Sidor y se minimizó la producción de cabillas, originando, entre otras cosas, corrupción en su distribución, pero quizás el más dramático ejemplo de cómo se destruye una empresa lo observamos en Agroisleña, un ejemplo de financiamiento agrícola privado impecable para pequeños y medianos productores, para la que bastaron tres meses de intervención para destruirla y dejar en bagazo una AgroPatria pública que ya no vale ni un comentario.
Esta es la crónica de un fracaso anunciado, independientemente del gobierno que lo asumiera, algo que siempre ha pasado en Venezuela y en el mundo, cuando se intenta suplantar la iniciativa privada por un manejo político e ideológico, siempre ineficiente y corrompible.
Se pueden expropiar las máquinas, los galpones, los terrenos, las marcas y las cuentas de banco de una empresa privada, pero no se puede expropiar la inventiva, la capacidad gerencial, ni el conocimiento de los empresarios que han creado esos procesos productivos y los han hecho exitosos. Y el resultado de intentarlo es evidente: menos productividad, menos producción, menos oferta y más desabastecimiento. Con esto cerramos: "El Triángulo de las Bermudas", ese que si no esquivamos... nos va a tragar.
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