Está claro que el Estado ha convertido el exterminio masivo en política de Estado
ROBERTO GIUSTI | EL UNIVERSAL
En este preciso momento, cuando la inmensa mayoría de los venezolanos se siente, una vez más, totalmente inerme ante el avance incontenible de la violencia (ni el desahogo de la subida al Ávila cabe ya en nuestras opciones de urbanitas desesperados), no tiene ningún sentido armar especulaciones sobre el móvil del asesinato de Gustavo Giménez y Luis Daniel Gómez. Es cierto que por ser familiares o allegados de reconocidos dirigentes políticos de oposición el crimen se presta a toda clase de hipótesis e interpretaciones. Pero también lo es que, más allá de esa sugerente particularidad, nos enfrentamos con hechos consumados: el asesinato, a sangre fría, de dos jóvenes venezolanos que se suman a la lista de la masacre continuada que venimos soportando, con el alma en vilo, quienes aún conservamos la vida, luego de quince años de siembra concienzuda del odio, con su fatídica y alucinante cosecha de sangre.
Vistas las cosas desde esa perspectiva, el crimen (como todos los que ocurren en Venezuela) sí tiene un móvil político porque a estas alturas y sin entrar en la mención de estadísticas, investigaciones y evidencias de toda clase, que podrían exhibir los estudiosos de la materia, a simple vista está clarísimo que por acción u omisión (y uno se inclina más ante la primera), el gobierno y el Estado han convertido el exterminio masivo e indiscriminado en política de Estado. ¿No lo revelan, acaso, los casi 25 mil muertos en hechos de violencia del año pasado? Pero ocurre que esa política del odio, que han tratado de llevar al plano social, en caricaturesca aplicación del concepto de lucha de clases, prescrito por el librito como infaltable en el menú de cualquier guiso con ínfulas de dominación, ha dejado como resultado que la mayoría de las cientos de miles de víctimas de la violencia sean jóvenes procedentes del inmenso ejército de pobres, cuya redención nunca llegó y entonces decidieron conseguirla a su manera y por su cuenta.
Es cierto que en estos dos últimos meses la protesta de la oposición democrática, que se venía manifestando, sobre todo, en el plano electoral, se convirtió en una postura de resistencia nacional que radicalizó, en su reacción, el accionar del gobierno. Cerrados los canales democráticos, secuestradas las instituciones, silenciados muchos medios de comunicación, ignorada olímpicamente una porción, ahora mayoritaria del país, la desobediencia civil forzó la represión desmedida y puso de manifiesto, ante la opinión pública internacional, la naturaleza totalitaria de un gobierno que, por paradoja, se muestra cada día más débil. En ese cuadro ocurre el imperdonable crimen de los jóvenes Gómez y Jiménez.
@rgiustia
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