FRANCISCO OLIVARES | EL UNIVERSAL
Cada vez que se produce una muerte violenta de algún dirigente político importante del oficialismo surgen de parte de voceros del gobierno las tesis de la conspiración política y grupos paramilitares manejados desde la oposición, el imperio o Álvaro Uribe, como responsables de dichos crímenes.
Así fue en el caso del jefe del colectivo del 23 de Enero, Juan Montoya, asesinado el 12 de febrero en la Candelaria. Apenas habían transcurridos unas hora de su muerte se acusaba a sicarios opositores como autores del crimen. Las evidencias mostraron que los disparos generados ese día y que causaron la muerte del otro fallecido, el estudiante Bassil Da Costa, fueron efectuados por funcionarios policiales. En el caso de Montoya, el imputado resultó ser un activista del PSUV.
Igualmente con la muerte de Eliécer Otaiza se habló de sicariato y aún se busca una vinculación con un supuesto autor intelectual que habría contratado a la banda implicada en el crimen. Lo cierto es que el funcionario se encontraba en el lugar donde fue interceptado por razones fortuitas y sus autores, pertenecientes a una banda de delincuencia común que operaba en esa zona, fueron capturados.
En este nuevo asesinato del diputado Robert Serra, las evidencias indican que los asesinos conocían a la víctima. De otra manera no se explica cómo tuvieron acceso a la vivienda del diputado y fácilmente haya sido sometido. A la luz de las armas de alto calibre que los asesinos se llevaron de su vivienda, se observa que Serra seguramente conocía del manejo de armas, pero no hay evidencias de que intentara defenderse de sus agresores. Sin embargo, los voceros oficiales inmediatamente aseguraron que el crimen es parte de una conspiración política "del fascismo".
El asesinato del joven diputado no se puede separar del contexto de violencia en el que ha sucumbido el país. El solo hecho de que un diputado deba requerir de seis escoltas para cumplir sus funciones indica la magnitud de la violencia a la que está sometida el país.
Todos los estudios ponen a Venezuela entre los cuatro primeros países con mayor violencia en el mundo.
Según el propio ministro Rodríguez Torres, entre mayo y agosto (4 meses) fueron detenidas 12.045 personas por estar implicadas en diversos delitos. Pero de ellas, 70,7% fueron por homicidios.
Si bien el ministro da esas cifras como un éxito de su gestión, el exagerado volumen de delitos debería hacer reflexionar al Gobierno sobre lo que está ocurriendo.
Otro punto en el que tendrían que reflexionar es la constante exaltación a la defensa armada creando milicias, colectivos armados y grupos de defensa, con tareas que no son propias de la sociedad civil sino de cuerpos especializados.
Los grupos armados civiles son inconstitucionales y sobre ellos no existe control. Estos grupos terminan delinquiendo y extorsionando a comerciantes y ciudadanos como ocurre en Catia, en Lídice, y otras parroquias del oeste de Caracas.
Una reflexión final: ¿Es legal en Venezuela que un ciudadano posea armas de alto calibre en su casa?
Twitter: @folivares10
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