El profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, salió al paso de unas declaraciones de la fiscal general en las que esta aseveraba que “antes las mujeres entregaban parte de su cuerpo por un cupo universitario”. Belmonte no tuvo reparo en calificarlas de ofensivas, señalando, en su cuenta de Twitter, que la titular del Ministerio Público “calumnia y acusa sin fundamento”, y considera deplorable “que no respete su cargo y dignidad”.
Cuando se afirma que las aspirantes a ingresar a las universidades democráticas tenían que prostituirse a cambio de una plaza en estas, lo menos que podemos barruntar es que quien hace tan grave aserto, pruebas tiene al respecto; no bastan sospechas, insinuaciones y juzgamientos a partir de la condición de quien hace pública tamaña imputación.
Con sus palabras, la fiscal no solo denigra de la mujer venezolana y siembra dudas sobre la rectitud de las profesionales egresadas de nuestras máximas casas de estudio, sino que pone en cuestión la integridad de sus autoridades rectorales y su personal docente.
Insinuar que durante la cuarta república –porque el “antes” de la abogada Ortega no puede significar otra cosa que con anterioridad a esta quinta, roja, petrolera y en la carraplana– se practicaba una académica operación colchón deja muy mal paradas a las profesionales chavistas graduadas antes de que se produjera el milagroso advenimiento del comandante.
No se pueden poner las manos en el fuego por todos los profesores universitarios. Algún sátiro debe mariposear por campus y claustros, pero generalizar de forma tan ominosa, como lo ha hecho Luisa Marvelia, para desacreditar los mecanismos de selección empleados en sus años de estudiante es, además de una falta de respeto a la inteligencia, un acto susceptible de ser considerado como extrapolación de sus vicisitudes en su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, que suscita interrogantes acerca de si hay lo que se llama conocimiento de causa en su empeño de mancillar el honor universitario: ¿pretendieron, acaso, cobrarle peaje en su alma máter?
“Si hubiese sido cierto que para entrar a una universidad había que acostarse con alguien, la fiscal no habría estudiado nunca”, escribe una conocida comentarista, ya que si denuncia este tipo de hecho es porque se sintió vejada y humillada. ¿Por qué no denunció en su momento al agresor?
Son muchos los reclamos que circulan por las redes sociales en respuesta a la infeliz intervención, “durante un acto donde se mostró cómo es el proceso de la asignación de cupos universitarios”, de la encumbrada representante del Poder Ciudadano y, por tanto, miembro prominente de un tal Consejo Moral Republicano que, por razones de decencia, y de conformidad con el adjetivo que le endilgó el constituyente, ya tendría que haber pedido explicaciones a la declarante y ordenado una investigación para poner al descubierto esos presuntos chantajes sexuales con toga y birrete.
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