Por Luis Vicente León | Prodavinci
El cierre de frontera de Venezuela con Colombia y la deportación de colombianos ilegales en Venezuela intenta crear un tema estrambótico de campaña electoral. Y puede funcionar.
Lo primero que se debe saber es que, en este momento, es imposible saber qué impacto ha tenido la medida en cuanto a apoyo popular o a rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Tampoco se puede saber si ha compensado las pronunciadas caídas de popularidad previas, pero la dirección que toman puede terminar siendo favorable.
Sobre todo si separamos en el análisis los temas vinculados con la legalidad, la solidaridad, la economía y la política, porque los efectos del decreto no son los mismos en materia social, económica o política. Es un error caer en la visión simplista de quien mete todo en un mismo saco, así que vayamos por partes.
En los aspectos legales, el gobierno venezolano tiene el derecho y la obligación de actuar contra el contrabando y de deportar a los inmigrantes que estén en situación de ilegalidad. Y, precisamente, en eso se escuda. Pero, puesto en dos platos, si usted se pregunta si cerrar la frontera tiene un impacto sobre el control de contrabando o de la inmigración ilegal, la respuesta es simple: no.
En el aspecto económico, cerrar la frontera no detiene el contrabando, porque en nuestro país los estímulos para el contrabando se mantienen intactos. Una medida como ésta encarece los productos y obliga a las personas a buscar mecanismos diferentes, pero no lo detendrá mientras siga siendo negocio. Ahora, el impacto económico del cierre de frontera para ambos países sí es demoledor. Y, además, afecta las economías regionales: las poblaciones de frontera tienen un altísimo nivel de dependencia de las transacciones entre ellos, tanto legales como ilegales.
Y en el aspecto social, el decreto de emergencia tiene los impactos más duros, más crueles y más difíciles de procesar. Empecemos por decir que el cierre de la frontera aísla y afecta a personas cuya vida cotidiana se lleva a cabo en el paso de frontera. Incluso, hay impactos familiares ocasionados por separaciones vinculadas con el cierre de frontera y con la deportación. Y por muy cuidadoso que digan que fue el proceso de deportación, es difícil separar la acción física del Estado venezolano de las violaciones a los Derechos Humanos.
Una medida masiva de deportación deteriora indefectiblemente las relaciones con el país vecino, que se siente agredido. Pero ni éste ni ninguno de los análisis económicos o sociales que usted pueda leer tocan el centro del problema: todo esto se trata de un asunto político.
Y un posible punto de partida para afirmarlo es que los problemas que hoy el gobierno venezolano está atacando existen desde hace mucho, mucho tiempo, pero han decidido abordarlos de manera exagerada y en campaña.
Considere lo siguiente: el gobierno arranca esa campaña con una brecha superior a los 20 puntos en contra y una gran presión política que los obliga a hacer lo que sea necesario para evitar una derrota electoral. Algo más: tome en cuenta que ninguna acción económica populista de las clásicas los ayudaría de manera relevante, porque en este momento la crisis es descomunal. El típico aumento de gasto público que el chavismo ha hecho antes de cada campaña hoy sólo aumentaría la presión inflacionaria y la escasez, pero además su impacto en votos sería mínimo.
En resumen: ésta es una campaña en la que buscar acciones estrambóticas que agiten el escenario local se convierte en una necesidad inminente para el oficialismo. Así que, dentro de este marco, el gobierno va a fabricar culpables de la crisis y distractores del debate económico, todo con una sola intención: evadir los costos políticos.
La acción en frontera cumple todos los requisitos para lo que se llama “un issue atractivo” de campaña. Y el gobierno y no lo va a desaprovechar. Por ejemplo: con el cierre de la frontera, el Ejecutivo Nacional puede resaltar su tesis de que la culpa del desabastecimiento es de los contrabandistas y bachaqueros.
Es obvio que el origen del desabastecimiento no está ni en los contrabandistas ni en los bachaqueros, sino en las distorsiones económicas. También es obvio que los bachaqueros y los contrabandistas son una consecuencia de la crisis y no una causa de la crisis. Pero, en términos políticos, para las masas lo que existe es lo que se ve. Y en estos momentos lo que todos vemos es contrabandistas y bachaqueros, porque el gobierno ha decidido mostrarlos.
Entonces, cuando el Gobierno cierra la frontera con Colombia lo que intenta es mandar un mensaje: “No dejaremos que otros se lleven la comida que te estamos subsidiando a ti”, y así concentran el debate donde tienen un mayor margen de maniobra, alejándose de la inflación y la escasez, donde el gobierno no tiene cómo responder.
La radicalización del discurso sobre contrabando e inmigración ilegal, además, refuerza la construcción de enemigos externos. Y el tema de la deportación dividirá, pero le da al gobierno la opción de convertirse en un aparente “defensor de la soberanía” y así aprovechar las potencias del nacionalismo exacerbado y el chauvinismo.
Es decir: las acciones en frontera no detienen el contrabando, no aumentan la producción ni generan confianza en el país… pero ponen el debate donde al gobierno le conviene. Mientras tanto, las acciones políticas de rechazo que toman los líderes colombianos en su país son positivas para ellos allá y también son útiles para Maduro aquí.
Es imposible no conmoverse con lo que están sufriendo las familias que han sido obligadas a abandonar nuestro país. A ellos hay que considerarlos como unas nuevas víctimas de las mismas causas que hacen que (más allá de los debates políticos y los distractores artificiales generados para servir de campaña) la gente salga a comprar leche y no la encuentre… y de que si la encuentra no puede pagarla.
Lo evidente es que en Venezuela es necesario un cambio inmediato en las políticas económicas. Evadir esa verdad ya está a punto de enfrentarnos contra un país hermano. ¿Cuál debe ser el mensaje correcto? Decirle no al contrabando, no al bachaqueo, pero entender que no son las causas de la crisis. Decirle sí a la producción, sí a la inversión privada, pero no a la corrupción.
