ROBERTO GIUSTI | EL UNIVERSAL
A estas alturas no debería haber dudas sobre lo duro y complicado que resultará el proceso de democratización hacia el cual nos conduce el triunfo contundente del 6D, un paso decisivo y necesario, mas no suficiente a la hora de cambiar nuestra realidad. Llegada la hora de asumir, por primera vez en 17 años, responsabilidades de Estado a nivel nacional, la oposición y sus dirigentes han concitado unas expectativas que, pese a lo clamoroso del resultado electoral, o quizás debido a ello, demandarán un esfuerzo sin precedentes en la historia del poder legislativo en Venezuela. En otras palabras, el electorado le puso el listón a la MUD a la altura de una posición de corresponsabilidad política que solo los más optimistas veían como una realidad alcanzable. Dotados así del máximo poder al cual podían aspirar, los diputados de la democracia no tienen a su disposición ninguna excusa, como la hubieran podido tener en caso de obtener, digamos, por ejemplo, solo la mayoría simple porque con semejante resultado habrían carecido de los mecanismos legislativos y constitucionales que ahora los comprometen en una tarea harto compleja.
Ese esfuerzo, dando por descontada la unidad monolítica de los partidos que conforman la MUD, implica la necesidad urgente de encarar una crisis sistémica cuya faceta económica es tan grave que no acepta dilaciones. Esa, que acertadamente ha sido tomada como la más angustiosa de las prioridades, se acompaña por la primera decisión que tomará la nueva Asamblea Nacional, es decir, la liberación de los presos políticos. Pues bien, tanto una como la otra de las iniciativas han sido rechazadas por el presidente Maduro y constituyen lo que parece el preludio de un conflicto de poderes. Conflicto que se plantearía en un país donde reina un régimen presidencialista y un ejecutivo con frustrada vocación totalitaria que, sin embargo, aún cree que puede manejar a su antojo el resto de los poderes.
Llegados a este punto uno no puede menos que pensar en la cohabitación, figura que se da sobre todo, en países con un sistema parlamentario y donde el presidente y el primer ministro, perteneciendo a diferentes fuerzas políticas, se ponen de acuerdo en un balance dinámico que permite el debido funcionamiento institucional sobre la base del respeto a la decisión del electorado. Entonces, a pesar de las hondas diferencias que nos separan de este tipo de modelos, la primera prioridad, ineludible, por más que parezca quijotesca, es agotar la instancia del diálogo ante un gobierno que se siente acorralado y se siente, sobre todo, traicionado por el pueblo chavista y, posiblemente, por las Fuerzas Armadas. Un gobierno, por tanto, carente de piso político e incapaz de sostenerse y cuyo tiempo se conjuga en tiempo pasado. A menos que se imponga la locura que algunos se empeñan en sugerir y con la que amenazan a quienes una vez consideraron como el leal "pueblo chavista".
Ahora, en caso de no lograrse un acuerdo, es decir, que la cohabitación aborte ante un gobierno incapaz de asumir su precaria situación, impulsado por sus pujos totalitarios, entonces la Asamblea Nacional se verá en la obligación de cumplir con el mandato popular a través de los recursos establecidos en la Constitución, impulsada y elaborada por el propio Hugo Chávez. Una tarea plagada de obstáculos que implican no solo la salida a la crisis económica sino la transformación radical de una manera de concebir la vida en sociedad reñida con los más caros valores de la democracia.
@rgiustia
