Marianella Salazar / El Nacional
Termina el primer trimestre del año con la terrible sensación de que el gobierno gana tiempo para burlar el mandato de cambio que dimos el 6 de diciembre y quedarse “como sea” en el poder. La Asamblea Nacional luce entrampada con un Tribunal Supremo de Justicia que invalida sus decisiones. Lo peor que puede pasarnos es que las esperanzas puestas en nuestros diputados para activar una salida constitucional se convierta en desengaño.
Están muy equivocados quienes piensan en estirar la arruga hasta diciembre, cuando se realicen elecciones de gobernadores y diputados regionales, porque para esa fecha las aspiraciones cívicas de la población estarán centradas exclusivamente en el hecho de poder comer cada día, y las colas, que han degenerado en hábito, no se harán precisamente para votar por opositores que incumplieron la promesa de cambiar el nefasto gobierno de Maduro, sino para buscar alimento, porque el pueblo ha sido condenado a luchar ferozmente para sobrevivir y ese será su foco. Cada día que pase sin que la oposición representada en la MUD active la salida, como lo prometió hacer en seis meses –le quedan tres–, lamentablemente perderá credibilidad y surgirá la desconfianza en un nuevo proceso electoral.
La grave crisis que atraviesa el país es un tema de preocupación internacional; hasta el papa Francisco hizo un llamado el Domingo de Pascua a todos los sectores en Venezuela para buscar el diálogo, y pidió que “se promueva en todo lugar la cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco, lo único que puede asegurar el bienestar espiritual y material de los ciudadanos”. Sin embargo, surgen otras voces con propuestas alejadas de los valores morales y éticos que pregona el pontífice; la crisis económica que nos ha dejado desabastecidos de alimentos y medicinas, así como la crisis en los servicios públicos, se generó gracias a una gran red de corrupción en todos los ámbitos. Los ciudadanos claman por el enjuiciamiento de los responsables que arruinaron la nación a costa de milmillonarios negocios. No se puede perdonar a los corruptos.
Al menos, la justicia norteamericana viene trabajando en la megacorrupción detectada en Pdvsa, donde se esfumó la bicoca de unos 300.000 millones de dólares, según denuncias hechas por los ex ministros disidentes Héctor Navarro y Jorge Giordani. No se puede menos que ser suspicaz cuando aparece una señora como Jennifer McCoy, de ingrata recordación, que a través del Centro Carter intervino como mediadora en nuestros asuntos políticos-electorales, validando siempre al CNE en los procesos pasados, y para esta oportunidad propone una amnistía para la corrupción.
En entrevista realizada el pasado domingo en el semanario La Razón, la señora McCoy lanza su tesis valedora para funcionarios corruptos cuando afirma: “También se podría pensar en una amnistía, por cierto tiempo, para la corrupción. En algunos países se ha visto una amnistía de impuestos para aquellos que no han pagado, el gobierno da un año de amnistía y después hay que pagar, podría pensarse para la corrupción. Es algo como la justicia transicional cuando se habla del fin de un conflicto, se demanda responsabilidades por violación a los derechos humanos. Podrían pensar en algo así para la corrupción. Justicia transicional: una parte amnistía y otra parte en la que se hagan recaudaciones de los fondos robados”.
Por allí apuntan los tiros. Cuando el gobierno y la oposición se sienten a negociar la salida, surgirá la amnistía para los grandes corruptos acompañada de un saludo a la bandera –a lo mejor– de devolver unas minucias del enorme botín. Y entonces, por fin, habrá amnistía para los presos políticos.
