Carlos Blanco / El Nacional
En estos días, se vuelve a jugar el destino de Venezuela. Volvemos al punto en el cual se barajan todas las cartas.
El régimen ya ha impedido la celebración del referéndum revocatorio este año y el eje del drama se ha desplazado hacia la recolección del 20% de “manifestaciones de voluntad”. Han buscado impedirla aunque no es tan fácil que lo hagan.
La lógica del intento de vetarla es que, en la práctica, millones de personas volcadas tres días para solicitar el RR constituye una revocación política de Maduro. Saben que no importan el horario ni la disposición cicatera de las máquinas del CNE, porque el solo intento de firmar, de estar en la cola y pernoctar, crearía un ambiente irresistible de cambio, capaz de contagiar a las fuerzas del orden y del desorden. En ese marco, la opinión pública nacional e internacional tendría la salida de Maduro del poder como indispensable. Aunque intentaran diferir el asunto a 2017 el momento de las multitudes octubristas en la calle sería irreversible.
También existen factores que pudieran abonar para lo contrario y no frenar la recolección del 20% de firmas, más todavía con la “ayudaíta” del TSJ que ratifica el 20% por cada estado. Un régimen debilitado en su apoyo y legitimidad puede querer volver a colocarse disfraces democráticos para impresionar en el barrio. Podría actuar, como es habitual, con un repliegue circunstancial y después volver a enredar el asunto; además, emplearía brutal intimidación en contra de los que quieran firmar: todo el que lo haga es enemigo del régimen. Puede no importarle simular la convocatoria al RR en 2017, ya que así coloca el mingo bien lejos y la desmoralización y división opositoras le permitiría tomar fuerza para diluir más adelante el señuelo del 2017. No sin hacer notar que Maduro no tiene ganas de referéndum ni en 2016 ni en 2017 y, si lo dejan, se queda más allá de 2019.
¿Qué hará la oposición sin RR 2016? La Asamblea Nacional parece orientarse a la desobediencia civil al acordar: “Desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales”. También invoca el temido y temible artículo 333 constitucional con llamado a los militares “a coadyuvar en el restablecimiento del Estado de Derecho”.
Con Florentino decimos: “Zamuros de la Barrosa/ del alcornocal de abajo:/ ahora verán, señores,/ al Diablo pasar trabajo”.
