Marianella Salazar / @AliasMalula
La ejecución extrajudicial del comisario del Cicpc Oscar Pérez y de sus compañeros el lunes en la mañana, que con espanto pudimos presenciar en vivo a través de las redes sociales, demuestra que en Venezuela se desencadenó el terror de todos contra todos. Este capítulo sangriento viene a engrosar el expediente por crímenes de lesa humanidad que finalmente llevará a Nicolás Maduro y a todos sus cómplices a un Tribunal Penal Internacional.
Se trató de un operativo desproporcionado de la fuerza, con armas antitanques y explosivos, que destruyó por completo la vivienda donde permanecía el grupo insurgente para borrar de la escena del crimen los impactos de alto calibre de la acción criminal que constituyen terribles evidencias de la masacre.
Llama la atención que el Cicpc, organismo al que perteneció el comisario Oscar Pérez, fue marginado del operativo de captura bajo el señalamiento de que los integrantes del BAE lo apoyaban. Fue una acción despiadada, asesinaron sin contemplaciones a un hombre que fue engañado con el ardid de una negociación para su entrega, al que de mala fe se le prometió la presencia de fiscales del Ministerio Público, de la Defensoría y de la prensa, como garantía para respetar su vida. Finalmente fue ejecutado por paramilitares de un colectivo, integrado por matones que hacen trabajo sucio para el gobierno.
Todos vimos a Oscar Pérez anunciando su rendición y escuchamos al mayor (GN) Bastardo Mendoza, integrante del FAES –Fuerza de Acciones Especiales de la PNB–, encargado de la supuesta negociación, cuando aseguraba que le iban a preservar su vida. Era una celada, porque mientras negociaban la entrega enviaron al Grupo Exterminio del 23 de Enero para que perpetrara el crimen.
La responsabilidad del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, y de los cuerpos que integraron el operativo es innegable. Debieron evitar la actuación de esos delincuentes civiles y por el contrario, de una forma criminal, les brindaron apoyo para que acabaran con la vida del héroe incomprendido, que hasta en los últimos minutos de su agonía trató de convencer a los incrédulos y desconfiados de que sus intrépidas acciones no eran parte de ningún show orquestado con el gobierno ni con el G2 cubano, para que el país se olvidara a ratos de tantas humillaciones y sufrimientos.
La brutalidad y el crimen se han inculcado a la Fuerza Armada y al Estado para que nadie olvide que el material humano es, para el poder, carne de basura.
Grupo Exterminio
La orden de pasar por encima de la negociación y poner fin a la situación que se desarrollaba en El Junquito tuvo que ser acordada por el presidente Nicolás Maduro. De hecho, el jefe de los CLAP, Freddy Bernal, anunció que el líder del Grupo Exterminio, Heiker Vásquez, al que calificó de “patriota”, había “caído en combate” porque fue “capaz de arriesgar la vida por las ideas y el legado de Chávez”.
Heiker junto con su segundo y otros tres de su banda eran los verdaderos azotes del 23 de Enero, unos “duros” que incluso tenían la compactadora, donde se encuentran los suministros de alimentos y de todo lo que se revende en esa populosa parroquia.
El lunes se desató una gran tensión entre los grupos operativos policiales porque algunos efectivos cuestionaron la acción militar que, según ellos, debía estar dirigida contra secuestradores y delincuentes de alta peligrosidad y no a un grupo que luchaba por sus ideales libertarios.
Se conoció que, antes de ser ajusticiado, Oscar Pérez amenazó con suicidarse. Su muerte ocasionada de una forma tan vil y despiadada puede ser un detonante en el seno de la Fuerza Armada, donde día a día crece el descontento.
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