Puede que el gobierno logre "surfear" por poco tiempo el grave problema de desabastecimiento...
LUIS VICENTE LEÓN | EL UNIVERSAL
Tanto en economía como en política el tiempo juega un papel primordial. Implementar una medida o ajuste en el momento adecuado resulta complejo para los gobiernos, pues, en muchas ocasiones, los costos generados por las decisiones indispensables (igual que operarse) se sufren en el corto plazo, mientras que los beneficios de ellas tardan más tiempo en llegar.
Diez años de controles -de cambio y de precios- han ocasionado una serie de distorsiones en la economía del país y ahora el gobierno se encuentra entrampado. Por un lado, tiene la necesidad de abastecer el mercado de divisas para frenar los elevados niveles de escasez en rubros tan sensibles como los alimentos, medicinas y artículos de cuidado personal; mientras que por el otro, debe combatir el alza desbocada de los precios, que coloca a Venezuela entre los países con mayor inflación del mundo.
Estas dos necesidades se contraponen, toda vez que se hace operativamente imposible cubrir la demanda de dólares sin devaluar, lo que derivaría en un nuevo shock inflacionario en el corto plazo. A una tasa de 6,30 Bs./USD, que podría considerarse un "regalo" al estar muy por debajo de la tasa de paridad, la demanda de divisas tenderá a infinito; ya que, además de hacerse muy atractivo importar mercancía, existen fuertes estímulos a la corrupción vía compra de divisas a cambio oficial y venta en el mercado paralelo.
Dicha paradoja lleva al gobierno a actuar con cautela, consciente de que cualquier medida que se tome en materia cambiaria puede traer como consecuencia costos políticos inmediatos, materializados en mayores pérdidas de popularidad, algo nada atractivo para un gobierno cuya conexión popular es menor que la de su predecesor. Es por ello que, aunque el nuevo gobierno reconoce la necesidad de oxigenar el mercado cambiario y negociar los precios, su acción luce insuficiente y tardía, probablemente bloqueada por los conflictos políticos internos, pero sobre todo por el miedo al impacto político de las medidas que debe tomar si quiere resolver el problema.
La diferencia de más de tres meses entre la primera y la segunda subasta del Sicad, la no reactivación del mercado permuta y la negativa a legalizar las operaciones cambiarias en todos los mercados, son muestras del temor que tiene el gobierno a sincerar la economía. A lo anterior debe sumarse las recientes declaraciones oficiales, donde indican que el 95% de las divisas que necesita el país se entregarían a través de Cadivi; es decir, a una tasa de 6,30 Bs./USD.
Pensar que se puede subsidiar prácticamente toda la economía es un absurdo. El gobierno puede (y probablemente debe) subsidiar algunos bienes con dólares baratos para enfrentar la inflación, pero no puede ni debe subsidiar el 95% de los bienes, pues las distorsiones serían cada vez mayores y el sistema cambiario colapsaría.
Es cierto que una devaluación y un ajuste de precios -decisiones económicas requeridas para rescatar los equilibrios- son costosos a corto plazo, pues tienen un efecto directo en el bolsillo de los venezolanos. Pero no llevar a cabo estas medidas es más costoso aún, teniendo en cuenta que a la larga se hará insostenible para el gobierno mantener una tasa de cambio ficticia y unos precios que no permiten cubrir los costos de producción, destruyendo así gran parte del aparato productivo e incluso la capacidad de importación.
Puede que con pañitos calientes el gobierno logre "surfear" por poco tiempo el grave problema de desabastecimiento que vive el país, pero sin devaluación y sin ajuste de precios sencillamente no puede cerrar el capítulo y restablecer un equilibrio que evite devaluaciones futuras y mayores presiones inflacionarias a futuro.
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