Gustavo Coronel / ND / Runrunes
Pienso que un cambio político real y efectivo en Venezuela requerirá de movilización social y de la imparcial pero implacable aplicación de justicia
En Venezuela podría existir un cambio de gobierno sin que exista un cambio real. Ello sería así si en el proceso no hay intensa movilización social y si no se aplica la justicia transicional. Creo que la diferencia entre las oposiciones, una que limita el cambio al proceso electoral y otra que pide el cambio basado en el rechazo ético de lo que representa el actual régimen, está esencialmente basada en sus apreciaciones sobre estos dos componentes mencionados. Para facilitar la discusión del tema llamaría a las dos posiciones: la posición Capriles y la posición López. Yo comparto esta segunda posición pero creo deseable tratar de comprender ambas con la mayor imparcialidad posible.
Creo que las dos posiciones se insertan dentro de la mejor tradición democrática venezolana. La posición Capriles es la de buscar una alternancia en el poder político a través del proceso electoral. Así ocurrió en Venezuela durante mucha de la segunda parte del siglo XX, hasta el punto de que Venezuela se convirtió en una muestra de democracia hemisférica digna de imitación. La posición López es la de restituir la democracia venezolana a través de un proceso de intensa movilización social, habida cuenta de que ella se encuentra abiertamente quebrantada. Así ocurrió en 1958, cuando la nación se sacudió la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Hoy en día estamos ante una situación de crisis política, económica y social frente a la cual la oposición reacciona de manera diferente, de estas dos maneras principales:
La posición Capriles
La posición Capriles ve la situación venezolana como una de crisis que puede resolverse mediante la aplicación de la receta electoral, rechazando la movilización social porque ella puede conducir a la violencia. Por ello quienes la apoyan estarían dispuestos a acudir a un diálogo con el gobierno, promovido por instancias internacionales como UNASUR, con el objetivo de lograr una normalización del clima político y social que permita llegar a elecciones en paz. Así lo ha pedido Capriles en carta a José “Pepe” Mujica, encargado de la presidencia del organismo. Creo que todos estarán de acuerdo en que un diálogo, para ser exitoso, casi siempre debe conducir a un intercambio de concesiones.
Esto, entre otros problemas de índole ética, pone en peligro la aplicación correcta de la justicia. Algunos miembros destacados de la posición Capriles, incluyéndolo a él mismo, han manifestado explícitamente su rechazo a la posición López. Uno de ellos, Ramón José Medina, llegó a decir que no tenían planteado hacer nada para sacar a López de la cárcel porque él tenía la culpa de estar allí. Otro, Julio Borges, ha dicho que su partido no había ni siquiera considerado firmar el documento de transición que hoy en día constituye el planteamiento principal de la posición López. Quienes forman este grupo ven a los miembros de la posición López como radicales, peligrosos para la estabilidad política del país.
La posición López
Quienes abogan por esta posición piensan que la crisis venezolana ha durado demasiado y que cada día que pasa se hace intolerable. Este sentimiento de frustración ciudadana los lleva a plantearse el aceleramiento de la salida del poder del régimen actual en base a una intensa movilización social, pidiendo la renuncia del actual encargado de la presidencia, a quien consideran ilegítimo (como también lo consideró en algún momento la Posición Capriles, posición luego abandonada). La movilización social, alegan, no tiene por qué ser confundida con una posición golpista, sino que está perfectamente encuadrada dentro de la constitución. Esta posición no rechaza el proceso electoral sino que añade a esa alternativa otras alternativas de protesta y lucha ciudadana.
La movilización social tiene riesgos, tal y como se vio en enero-febrero del año pasado y se está viendo de nuevo hoy. Pero ese riesgo es el que corren todos quienes a través de la historia han insurgido en contra del abuso de poder. Para quienes apoyan esta posición la espera inevitable que acompaña al proceso electoral es inaguantable, dado que el país se desangra material y espiritualmente cada día. Algunos miembros del grupo que apoyan esta posición han llegado a considerar la posición Capriles como colaboracionista, blandengue, casi como parte del sistema perverso que hoy acogota al país. Desde esta posición se piensa que la violencia en Venezuela es ya inmensa, como lo prueban los muertos cada año, una violencia crónica más que aguda.
¿Qué hacer?
Lo que parece indudable es que las dos posiciones no son incompatibles. Tanto la movilización social como el voto son alternativas válidas para promover el cambio de régimen y pueden aplicarse en combinación. Sin embargo, la situación actual de Venezuela requiere, en mi criterio, una dosis mayor de movilidad social y confrontación que de conciliación y diálogo con un régimen que hace tiempo abandonó el camino democrático.
La posición Capriles sería la más cónsona para un país en el cual prevalezca la normalidad política, en la cual el gobierno de turno juegue con las cartas de la democracia, al igual que la oposición. Esto no es lo que sucede en Venezuela hoy en día. El régimen actual es corrupto, ilegítimo, represivo y profundamente anti-democrático. Las pruebas de esto abundan. Parecería demasiado ingenuo pensar que está dispuesto a jugar limpio hoy, después de 16 años de jugar sucio. Solo quienes no quieren ver pueden seguir pensando así.
La carta que juega la posición Capriles es más estratégica que ética. Se basa en que las posibilidades de asumir el control de la Asamblea Nacional son tan buenas que vale la pena aceptar todos los abusos y las humillaciones a fin de lograr ese objetivo. Por ello no desean arriesgar llegar allí. La carta que juega la posición López es más ética que estratégica. Se basa en el deber ciudadano de insurgir, a todo riesgo, en contra de un régimen represivo y dictatorial, hasta llegar a estar involucrado seriamente en el tráfico de drogas. ¿Cómo dialogar con gente así? ¿Cómo seguir esperando y correr el riesgo de convertirse insensiblemente en parte de un sistema tan perverso? ¿Cómo asistir impasibles ante la muerte lenta de la nación?
En las posiciones Capriles y López existen intereses nacionales de alto orden e intereses particulares de segundo orden. Es inevitable que ambos grupos contemplen la posibilidad de llegar al poder y cada grupo desearía llegar primero. No puedo saber dónde está la verdad en cada posición. Pero el ejemplo de sacrificio de su tranquilidad y de su seguridad personal que dan los integrantes de la Posición López me parece indicativo de una actitud de genuino interés nacional. Las actitudes de la Posición Capriles son mucho más cautelosas y estudiadas pero ello pudiera ser el reflejo de su actitud predominantemente estratégica.
El propósito fundamental no debe ser un simple cambio de liderazgo político sino de sistema político
El acto electoral generalmente determina un cambio en el liderazgo político mientras la movilización social y la aplicación de justicia a los criminales en función de poder deberían más eficaces en lograr un cambio de régimen o sistema político. Lo que ha sucedido en Venezuela desde 1999 ha sido la aniquilación de la democracia y su reemplazo por una autocracia corrupta y militarizada, realmente de corte fascista. No bastará con cambiar a Maduro por López o por Capriles si no se desmonta el aparato represivo y corrupto construido durante los últimos 16 años. Por ello, la transición no puede ser “pragmática”, entendida como un borrón y cuenta nueva y como acomodos entre el viejo y el nuevo liderazgo. Hay un grupo de 400-600 miembros prominentes del sistema de gobierno que ha existido durante estos años que deberán ser enjuiciados en proporción a sus crímenes. No hacerlo sería barrer la basura debajo de la alfombra e invitar a su pronta reaparición en función de gobierno.
Las grandes masas deberán ser educadas para la democracia y ése es un proceso largo y perseverante La correcta aplicación de la justicia es parte integral de ese proceso. Si se quiere construir un país razonablemente honesto y transparente no puede haber impunidad. Más aún: la aplicación de la justicia a los violadores de derechos humanos es un asunto de derecho internacional, frente a cuyo imperio la soberanía nacional pasa a un segundo plano. El Estatuto de Roma, el Tribunal Internacional de La Haya, tendrían un papel que jugar en la aplicación de la justicia en la Venezuela post-chavista, precisamente porque se teme que acomodos políticos domésticos puedan dar a los criminales una salida fácil. En ese sentido es deseable que se pongan al día los esfuerzos que han desarrollado en el pasado Diego Arria y otros compatriotas.
Este debate de fondo y de altura es fundamental pero aún no ha comenzado en una Venezuela que apenas sobrevive día a día. Lo que es grave es que este clima de inestabilidad y polarización extremas es aprovechado por políticos latinoamericanos deshonestos, como Samper, Mujica y algunos cancilleres de los países miembros de UNASUR (el de Ecuador es especialmente cínico) para fragmentar la oposición, dividirlos entre buenos y malos y hacerle el juego a la barbarie chavista en el poder.
Gustavo Coronel
