Claudio Fermín / El Nacional
Siete abogados poco conocidos, hasta el punto que si usted se propusiera escribir sus nombres no llegaría seguramente a mencionar dos de ellos, pero muy bien relacionados y con mucha suerte, acaban de desconocer la Constitución que millones de personas discutimos hace quince años y que resultara al final aprobada en referendo.
Son siete abogados que integran la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El nombre del cargo es pomposo pero la arbitrariedad que acaban de cometer es de una vulgaridad vergonzosa. Han cancelado el derecho constitucional a manifestar pacíficamente sin necesidad de otro requisito que el que ese texto y las leyes señalan. Ningún ciudadano necesita permiso alguno para hacerlo. Chávez se jactaba de eso. Y sólo una ley establece que debe participarse del acto.
Tratando de ser refinados en la justificación de esa decisión llegan al absurdo. De ahora en adelante hay que tener permiso del acusado para protestarlo. Sólo gobernadores y alcaldes, que suman trescientos setenta y ocho funcionarios electos a quienes los ciudadanos de sus estados y municipios tienen todo el derecho de reclamar, denunciar y exigir rectificaciones, podrán autorizar las censuras o acusaciones contra ellos mismos.
La mayoría de ellos son militantes del PSUV y en reiteradas ocasiones han manifestado obediencia a los lineamientos del gobierno de Maduro, por lo que se deduce que tampoco autorizarían acto alguno para criticar al gobierno nacional. Total, ha muerto la expresión pública de la voluntad popular. El chavismo cree haberla enterrado legalmente.
Y el armatoste legal que han construido será base para la persecución judicial contra manifestantes. Quienes lo hagan sin permisos podrán ser enjuiciados penalmente. Algo más: quienes soliciten los permisos que seguramente serán negados, se considerarán responsables de cualquier violación a la prohibición, aunque no fuese cometida por ellos. Acumulación de absurdos.
Estos siete abogados son el poder. Ellos pueden destituir alcaldes y gobernadores cuando les venga en gana. Como hicieron con Daniel Ceballos y con Enzo Scarano. No les quepa duda que también podrían destituir al mismísimo Presidente de Venezuela. Pueden echar para atrás la Ordenanza que cualquier Concejo Municipal decrete. Sólo tienen que acordarse entre ellos y declararla inconstitucional.
Ellos siete pueden todo. A la mayoría que conduce Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional, esa misma que luce poderosa e invencible, estos siete pueden devolverle una ley cuando a su humor o a su personalísimo criterio les parezca que dicho texto está fuera de la Constitución. A los demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son veinticinco, mejor que no se crean mucho que lo son porque cualquier asunto que decidan en sus Salas también puede ser negado por el septeto.
¿Para qué treinta y dos magistrados si con siete basta? Es más, ¿para qué trescientas cincuenta y cinco cámaras municipales si con el docto criterio del septeto nos ahorraríamos un realero? ¡Dígame la Asamblea Nacional! Nos habríamos evitado unos cuantos actos bochornosos.
No recuerdo si las Escuelas de Derecho, Decanatos de Derecho y Post Grados de Derecho han censurado alguna vez un disparate de este tamaño, pero no estaría mal inaugurándose declarándolos personas no gratas.
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