Pedro Palma / El Nacional
En días recientes el presidente Maduro anunció su decisión de radicalizar la revolución con el fin de enfrentar la guerra económica que, según él, lleva a cabo el sector privado, llamando a la clase obrera a salir a la calle con el fin de enfrentar a los empresarios bandidos, y ordenando la revisión del uso que se le ha dado a las divisas aprobadas para la importación de productos necesarios. Cuando escuché eso, vino a mi memoria un infeliz episodio que se vivió en Venezuela en 1989, después del desmantelamiento del control de cambios de Recadi.
En diciembre de 1986 el presidente Lusinchi anunció una importante devaluación, estableciéndose un tipo de cambio oficial de 14,50 bolívares por dólar para el grueso de las importaciones, pero dejando la tasa preferencial de 7,50 bolívares para las compras foráneas de unos pocos bienes de primera necesidad, el trigo entre ellos. 2 años más tarde, en marzo de 1989, se eliminó el control cambiario y se unificó el tipo de cambio en un nivel equivalente al que existía en el mercado libre, lo que implicó una nueva y severa devaluación que generó un fuerte impacto sobre los precios. En las semanas que siguieron surgieron voces que demandaban una exhaustiva averiguación acerca del uso que se había dado a los dólares preferenciales, y se acusó a múltiples empresas de prácticas indebidas en el manejo de esas divisas. Ello creó un ambiente propicio para la corrupción y la persecución, dándose el caso de jueces que amenazaban con dictar autos de detención a gerentes y directores de distintas empresas, a menos que estuvieran dispuestos a llegar a “arreglos” de conveniencia. Muchas de esas instituciones se negaron a incurrir en esas prácticas, y se vieron obligadas en algunos casos a enviar a sus ejecutivos al exterior para evitar ser víctimas del terrorismo judicial que se desencadenó. Entre las empresas afectadas estaba Gramoven, una de las principales importadoras de trigo y productoras de harinas y pastas, al punto de que el presidente de su junta directiva, persona honesta y emblemática del sector empresarial de la época, tuvo que purgar injustamente cuatro meses de cárcel, a pesar de haberse demostrado hasta la saciedad el uso correcto de las divisas preferenciales que había recibido esa organización.
Dado los recientes anuncios, no me extrañaría que en las próxima semanas o meses fuésemos testigo de una nueva cacería de brujas, similar o peor que la que se vivió en 1989. El gobierno, en su afán por buscar culpables de la caótica situación económica que estamos viviendo, puede desencadenar una persecución contra múltiples empresas privadas que han recibido dólares preferenciales, buscando con ello acusar a varios empresarios de manejos indebidos de esas divisas, y penalizarlos severamente. De esa forma podría buscar distraer la atención del descalabro económico que se padece, y obtener beneficios políticos en las próximas elecciones parlamentarias.
Sin embargo, no creo que una acción como esa dé los resultados buscados. Las encuestas y pulsos de opinión que regularmente se hacen indican que la población ya no cree el cacareado y desgastado cuento de la guerra económica, que ha fabricado el gobierno en su afán por inculpar a la empresa privada del caos que vivimos. Cada vez es más generalizado el convencimiento de que la altísima inflación, la agobiante escasez y el desabastecimiento, la paralización de la actividad productiva, el deterioro de la calidad de vida y el repunte de la pobreza se deben principalmente a la corrupción desbocada y a las erradas políticas públicas, que hacen que la economía sea cada vez más dependiente de la renta petrolera y, en consecuencia, más vulnerable a abruptas caídas de los precios de los hidrocarburos, como la que hoy padecemos.
Por ello creo que no es a través de la busca de culpables y de la estigmatización de empresarios que el gobierno obtendrá los dividendos políticos que desea.
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